Sentencia caso ataúdes: un juicio de cuatro meses entre las dudas de las cenizas y el dolor de los perjudicados

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha acordado hacer pública este miércoles la sentencia por el denominado 'caso ataúdes', cuatro meses después de un macrojuicio que ha tratado de dilucidar si una veintena de responsables y empleados de la empresa Grupo Funerario El Salvador montó un entramado sistemático dedicado al cambio de ataúdes y flores de lujo por otros de menor valor justo antes de la incineración de los difuntos.

El juicio abordó una presunta estafa continuada que se habría prolongado durante más de dos décadas y que habría afectado a miles de familias. A lo largo de la vista oral, a partir de la causa destapada en el marco de la llamada 'Operación Ignis' desplegada por la Policía Nacional en enero de 2019, Fiscalía y acusaciones particulares sostuvieron que la dirección de la funeraria lideró un esquema de reutilización fraudulenta de ataúdes para revenderlos posteriormente como nuevos, obteniendo un importante beneficio económico, cifrado en más de cuatro millones de euros, a costa del engaño y el dolor de los deudos de los fallecidos.

El juicio, que se desarrolló a lo largo de varios meses de intensas sesiones tras iniciarse en marzo y concluir el pasado día 3 de junio, sentó en el banquillo a más de una veintena de acusados por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, organización criminal y profanación de cadáveres.

El núcleo fundamental de la investigación y de las pruebas practicadas en la vista se centra en los cuadernos manuscritos y archivos almacenados en memorias pendrive que recopiló minuciosamente durante años el trabajador ya fallecido Justo M. Ello ha permitido a la Policía Nacional y al Ministerio Fiscal reconstruir un desfase de miles de ataúdes adquiridos por la mercantil frente a las prestaciones efectivamente facturadas a los clientes entre los ejercicios 1995 y 2015.

La documentación detallaba de forma minuciosa la mecánica del engaño y relata cómo los cadáveres, con carácter previo al proceso crematorio, eran sacados de las cajas pagadas por sus familiares e introducidos en otros de aglomerado de ínfima calidad para ser incinerados, mientras que las coronas de flores se retiraban intactas para colocarlas en velatorios posteriores.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana escuchó testimonios destacados como el de un enterrador del cementerio municipal según el cual el conocido como "cambiazo de ataúdes" era una práctica de la que "estaba al corriente medio pueblo de Santovenia", al tiempo que diversos peritos de la Policía Nacional confirmaron un descuadre de más de 4.500 ataúdes comprados respecto a los servicios prestados.

Los perjudicados aseguraron sentirse completamente engañados por los responsables del servicio funerario. "Nos quitábamos de comer por pagar el recibo de los muertos y nos han engañado", lamentó una mujer en referencia al esfuerzo familiar sostenido en el tiempo para cumplir con las obligaciones del servicio contratado, mientras que otros hicieron hincapié en la falta de respeto hacia los fallecidos y en el impacto psicológico sufrido: "No se puede estar con esta zozobra, no han respetado a los muertos, algo que es lo más sagrado en todas las civilizaciones", censuró otra de forma tajante.

Pero además, parte de quienes acudieron a Funeraria El Salvador coincidió en que la pérdida económica derivada del valor del ataúd resulta insignificante en comparación con la duda permanente acerca de los restos depositados en las urnas. De hecho, varios lamentaron la imposibilidad de garantizar la identidad real de las cenizas custodiadas por cada familia.

Sus sospechas se vieron incrementadas por las anomalías detectadas en las dependencias del crematorio. Y es que, según distintos testigos, los empleados impedían sistemáticamente el acceso de los familiares a la sala de incineración, llegando a expulsar a empujones a quienes pretendían presenciar el proceso. A ello se sumaron los relatos sobre el trato inadecuado recibido durante la retirada de los recipientes funerarios y al hecho de que parte de los perjudicados recibió urnas aún calientes en plazos incompatibles con las fechas teóricas de incineración, aspectos que han acrecentado las dudas sobre la procedencia o mezcla de los restos.

También desfilaron por la sala los 23 encausados en el proceso. El principal y actual gerente del grupo empresarial, Ignacio Morchón Vaquero, junto con su madre, sus dos hermanas y los trabajadores de los crematorios, defendió su inocencia y rechazó la existencia del fraude de los ataúdes.

En su declaración, el gerente del grupo -su padre, Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, estuvo también investigado- fue categórico: "Nunca he dado órdenes de cambiar ningún ataúd ni de quitar flores a los difuntos", al tiempo que atribuyó las acusaciones a una presunta maniobra de resentimiento por parte de exoperarios de la compañía, principalmente de Justo M.

Otros miembros de la familia propietaria y parte de los empleados procesados negaron también rotundamente la existencia de cualquier irregularidad y defendieron que la denuncia partió de una presunta extorsión u orquestación urdida por el propio operario fallecido, Justo M, para tratar de perjudicar a los dueños de la empresa.

La Fiscalía y las acusaciones particulares formularon peticiones globales de condena que superan de forma conjunta los 170 años de prisión por delitos continuados de estafa, falsedad documental, profanación de cadáveres y pertenencia a organización criminal, junto con reclamaciones de indemnización millonarias en favor de las familias perjudicadas en concepto de daños morales y materiales causados por el cambiazo de los ataúdes, de las que tendrían que hacerse cargo, con carácter subsidiario, las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A y Parque El Salvador S.L.

Las más duras, de 20 años, fueron pedidas para dos de los hijos del magnate del féretro ya fallecido, Ignacio y Laura M.V., junto con otras de entre nueve y dos años para el resto de empleados, mientras que el acusador público aplicó una sustancial rebaja para la viuda del empresario, María del Rosario V.L., y su hija del mismo nombre ('Rosi'), a razón de doce años de solicitud ahora para cada una, al eximirles de los delitos de estafa agravada, apropiación indebida y contra el respeto a los difuntos y mantener contra ellas los de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Por su parte, las acusaciones particulares calificaron los hechos juzgados como "una afrenta sistemática a la memoria de los difuntos y una estafa sin precedentes en el sector funerario español", solicitando penas de prisión superiores para los propietarios de la firma y el decomiso de los bienes robados. Tanto Fiscalía como las acusaciones particulares sostuvieron que la prueba testifical, unida a la pericial caligráfica sobre los diarios de Justo M, confirma de forma "aplastante" la existencia de una estructura perfectamente coordinada encaminada a lucrarse mediante la venta reiterada de féretros de alta gama que eran retirados antes de la cremación.

Por el contrario, las defensas de los procesados pidieron la libre absolución de todos sus patrocinados, alegando que no existen pruebas fehacientes directas que acrediten el cambiazo sistemático de los féretros durante el proceso de incineración. En su informe final, los letrados defensores denunciaron supuestas irregularidades en el registro policial y defendieron la profesionalidad histórica del Grupo El Salvador en Valladolid.

El letrado de la familia Morchón remarcó en el uso de la última palabra que "no se ha podido demostrar la incineración fraudulenta de un solo cadáver", insistiendo en que las acusaciones se sustentaban exclusivamente en testimonios interesados y sin rigor técnico.