VIVA vuelve a incluir la violencia de género tras verse obligada por el informe jurídico, con el voto en contra de VOX

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) aprobó este viernes la modificación de los criterios de acceso a la vivienda para volver a incluir de forma expresa la violencia de género entre los supuestos contemplados. La propuesta salió adelante con los votos del PP, PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP), mientras VOX votó en contra. El cambio se produjo después de que Jesús Mozo, secretario general del Ayuntamiento, emitiera un informe jurídico sobre el documento.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, defendió que la incorporación responde a lo establecido en ese informe y sostuvo que su intención había sido garantizar desde el principio la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. «A la vista del informe, tenemos que incluir la violencia de género en el protocolo», indicó durante su visita al parque canino de Pinar de Jalón antes de recordar que había solicitado el informe después de la polémica suscitada por el documento y de asegurar que el Ayuntamiento cumpliría sus conclusiones.

En esta misma línea se expresó el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, quien remarcó que la postura del equipo de gobierno no había cambiado. «Lo que hemos hecho es, sencillamente, incorporar sin ningún complejo, sin ningún pudor, lo que estima que debe de ser incluido en este protocolo», señaló.

Asimismo, mostró su deseo de que con la reincorporación del término víctimas de violencia de género en el protocolo, se supere «cualquier tipo de debate estéril, intencionado o político» porque la intención, aseguró, «en ningún caso es desatender (a las víctimas) de violencia de género, sino incluir (a las víctimas ) de otros tipos de violencia, como la doméstica».

El regidor aprovechó la ocasión para volver a reclamar al Gobierno de España que Valladolid recupere la financiación que recibía en 2022 para las políticas contra la violencia de género. Según los datos aportados por Carnero, esa partida rondaba los 130.000 euros y ahora se sitúa en unos 114.000. «Voluntad y hechos», resumió.

La modificación contó con el rechazo de los de Abascal. La formación sostuvo que el protocolo aprobado en mayo ya había estado a disposición de los grupos antes de su aprobación y que PSOE y VTLP tuvieron entonces la posibilidad de formular objeciones o recurrir. En una nota de prensa, el partido subrayó que la defensa de las mujeres víctimas de violencia «no puede aparecer únicamente cuando resulta políticamente conveniente» y cuestionó que el informe jurídico se solicitara después de la aprobación del protocolo y de una moción presentada por la oposición en septiembre.

La concejala socialista Rafaela Romero, por su parte, señaló que el voto de VOX supone un rechazo a la modificación que incorpora la violencia de género al protocolo. También puso en duda la explicación ofrecida por el equipo de gobierno y sostuvo que el informe de la Secretaría General deja clara la necesidad de incluir este concepto. «Aquí no valen buenas voluntades, aquí vale una legislación vigente», afirmó antes de afear que ni la portavoz de VOX, Irene Carvajal, ni la portavoz del PP, Blanca Jiménez, asistieron a la reunión.

Desde Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita y Cristina Colino reclamaron explicaciones sobre el proceso seguido para modificar el protocolo. Anguita sostuvo que el cambio inicial no estuvo acompañado de la información y documentación necesarias para que los consejeros pudieran comparar el nuevo texto con el anterior. De igual forma, afirmó que su grupo había solicitado un informe jurídico y cuestionó la existencia de informes previos de impacto de género.

Con la modificación aprobada, las víctimas de violencia de género vuelven a figurar de forma diferenciada en el protocolo, según explicó VTLP, junto al resto de los supuestos de acceso a la vivienda pública. La formación señaló que el cambio recupera la separación y valoración diferenciada de estas situaciones.

El otro punto de conflicto en el consejo fueron las ocho enmiendas presentadas por el PSOE al protocolo de acceso a la vivienda en alquiler. Las propuestas no llegaron a debatirse después de que Carvajal enviara un escrito en el que planteaba un «defecto de forma» al considerar que fueron registradas «fuera de plazo».

Las iniciativas del Grupo Municipal Socialista persiguen reducir de tres años a uno el periodo de empadronamiento exigido, flexibilizar los requisitos en caso de deudas aplazadas o renuncias justificadas y dar mayor peso a la necesidad habitacional en los baremos. El PSOE anunció que estudiará la forma de presentarlas de nuevo. «Este hecho evidencia, una vez más, que Carnero gobierna voluntariamente con un partido negacionista, VOX, y que los postulados de la ultraderecha le han arrastrado a un tema tan sensible como es la violencia de género. El alcalde solo ha reculado cuando un informe jurídico le ha advertido de la ilegalidad».