Fiscalía ve indicios de responsabilidad contable en el caso del proyecto Meseta Ski en Valladolid

Por qué no ejercitó Sodeva las acciones civiles que le correspondían para exigir una indemnización por el malogrado proyecto de Meseta Ski. Es el asunto que se dirime en un Auto en el que el Tribunal de Cuentas archiva una causa promovida por la formación política Impulsa Olmedo, pero remite las actuaciones a Fiscalía y a Diputación por ver «indicios de responsabilidad contable», por si alguno de los dos estima conveniente solicitar la incoación de una nueva diligencia ante la Sección de Enjuiciamiento.

Y es que Sodeva (Sociedad para el Desarrollo de Valladolid), empresa pública hoy denominada ‘Valladolid Avanza’ y dependiente de la Diputación de Valladolid, se reservó las acciones civiles en el procedimiento penal, pero después nunca las ejerció. «Lo que hemos puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas es qué ocurrió con las acciones civiles que Sodeva se reservó expresamente en el procedimiento penal del caso Meseta Ski y si la falta de ejercicio de esas acciones ha podido ocasionar un perjuicio a los fondos públicos», aclaran, en respuesta a este periódico, desde Impulsa Olmedo.

«Precisamente por haberse reservado Sodeva esas acciones, la sentencia penal no fijó una indemnización a su favor», añaden, a la vez que hacen una aclaración: «Tampoco sería correcto afirmar que la responsabilidad contable asciende a 11,5 millones de euros. Esa cifra se ha utilizado públicamente para referirse al coste alcanzado por el proyecto (en el propio Pleno de la Diputación se habló de 11.615.097 euros frente a un presupuesto inicial de 4.060.000 euros), pero la eventual cuantía del menoscabo contable es precisamente una de las cuestiones que tendría que determinarse».

Hay que aclarar que el Auto del Tribunal de Cuentas no da la razón a Impulsa Olmedo. Es más: se trata de un Auto que archiva la causa, puesto que para continuar con ella la formación política debería haberse personado como acción pública y no lo hizo, manteniéndose exclusivamente como mero denunciante.

«Lo verdaderamente relevante es que el Ministerio Fiscal, después de examinar la documentación, ha considerado que los hechos presentan indicios de responsabilidad contable que deben ser aclarados en fase de actuaciones previas y ha interesado que se remita testimonio de lo actuado para posibilitar esa investigación», señalan desde Impulsa Olmedo. «El Tribunal de Cuentas ha dado traslado tanto a Fiscalía como al representante legal de la Diputación Provincial».

«Nuestra denuncia no consiste en afirmar que ya exista una responsabilidad contable declarada ni en señalar anticipadamente quién debe responder o por qué cantidad», añaden. «Consiste en pedir que se investigue por qué unas acciones civiles expresamente reservadas para defender el patrimonio de una sociedad íntegramente pública no fueron ejercitadas, qué cantidades podían haberse reclamado, si todavía pueden reclamarse y si esa inactividad ha producido un menoscabo de fondos públicos».

El Auto del Tribunal de Cuentas recoge expresamente: «Los hechos denunciados presentan indicios de responsabilidad contable que habrán de ser objeto de aclaración en fase de actuaciones previas». A juicio de Impulsa Olmedo, corresponde ahora a la Diputación de Valladolid explicar qué ocurrió con aquellas acciones civiles: si llegaron a ejercitarse, qué cantidades podían reclamarse y si su eventual falta de ejercicio produjo algún perjuicio para los fondos públicos provinciales.

Desmantelamiento

Por su parte el Grupo provincial del PSOE llevará al próximo Pleno de la Diputación Provincial del próximo viernes una proposición en la que reclama «el desmontaje y desmantelamiento integral de las instalaciones» seguido de un plan de restauración ambiental del entorno y por último, «que se busque un uso del Edificio Multifuncional construido en la parcela, bien de forma directa o mediante la cesión a otra entidad que quiera y pueda desarrollar un proyecto viable en él».

El portavoz socialista, Francisco Ferreira, critica que «dos años después» de conocida la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial por el caso Meseta Ski «seguimos esperando ese proyecto fantasma que nos iba a presentar el señor Íscar de manera inminente. Basta ya de mentiras y echar balones fuera para dejar pasar el tiempo». «Hay que poner punto y final a este triste capítulo de despilfarro económico y deterioro ambiental, actuando de forma inmediata», añade.

Sodeva espera una sentencia firme del Supremo antes de decidir sus acciones

Sodeva, empresa pública de la Diputación de Valladolid que gestionó las obras de Meseta Ski y que más tarde cambió su denominación por la actual, ‘Valladolid Avanza’, no renuncia ejercitar las acciones civiles que se reservó en el proceso penal. Eso sí, mantiene la postura que tomó durante el proceso, de esperar una sentencia firme que todavía no se ha producido. Y es que el principal condenado del proceso, el exgerente de Sodeva, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo que aún está pendiente de resolución.

«Ante las informaciones difundidas en relación con la denuncia presentada por Impulsa Olmedo ante el Tribunal de Cuentas, desde Sodeva, ahora Valladolid Avanza, continúan manteniendo la posición inicial respecto a las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos objeto de los distintos procedimientos», explicó este lunes la Diputación de Valladolid en respuesta a este periódico.

«En su momento, cuando se inició el procedimiento penal relacionado con estos hechos, Sodeva adoptó una posición clara: decidió no ejercer en aquel momento la acción civil y reservarse expresamente la posibilidad de hacerlo posteriormente, una vez que existiera una resolución firme que pusiera fin al procedimiento penal», continúan explicando desde la Institución provincial.

«Esta decisión respondía a un criterio de prudencia jurídica y procesal. Mientras un procedimiento penal permanece abierto y no existe una resolución firme, no están definitivamente determinadas las circunstancias, los hechos y, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los mismos. Por ello, Sodeva consideró oportuno esperar a la conclusión definitiva de dicho procedimiento antes de adoptar una decisión sobre el eventual ejercicio de acciones civiles», añaden. «A día de hoy, esa situación no ha cambiado. No existe todavía una sentencia firme que haya puesto fin al procedimiento penal».