POLÉMICA
Redondo avisa al Ayuntamiento de Valladolid con medidas para "revertir" la supresión del término violencia de género de las ayudas de VIVA
La ministra denuncia que el Consistorio "se ha aferrado al negacionismo de la ultraderecha" y "da la espalda a muchas mujeres que pueden tener en una vivienda la salida de la violencia"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una imagen de archivo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció hoy que su departamento estudia ya medidas para “revertir” la decisión del Ayuntamiento de Valladolid sobre los cambios de criterio en el acceso a viviendas sociales por parte de mujeres víctimas de violencia de género, tal y como trasladó en un hilo publicado en su perfil de la red social X y recogido por Ical.
Redondo denunció que el Consistorio “se ha aferrado al negacionismo de la ultraderecha” y “está dando la espalda a muchas mujeres que pueden tener en una vivienda la salida a una situación de violencia”.
A su juicio, el cambio de criterios en el acceso a la vivienda social en Valladolid “es un despropósito” y “un intento de retroceder dos décadas en la lucha contra la violencia de género”. “No es una cuestión semántica, sino que tiene consecuencias sobre los derechos de las víctimas”, señaló Redondo, en relación al cambio de ‘violencia de género’ por ‘violencia doméstica’.
La ministra recordó que la ley de 2004 que regula esta situación creó la categoría jurídica de violencia de género como “aquella que sufren las mujeres por el hecho de serlo” y “se sustenta sobre la legislación española, la normativa comunitaria, con juzgados y fiscalías especializadas”. “La violencia de género trae causa del machismo y de la cultura patriarcal, que es estructural y transversal. No es violencia común ni violencia doméstica”, apuntó Redondo.
En este sentido, el cambio del Ayuntamiento de Valladolid por el término violencia doméstica “no es una batalla semántica, es la negación de derechos conseguidos y puede dejar fuera de la protección específica a mujeres, por ejemplo, cuando no conviven con su agresor”. “Lo que está en juego es la protección específica que lograron las mujeres en 2004 y que ha supuesto el consenso social y hasta hace muy poco político. Es un retroceso que no vamos a consentir. La igualdad no se negocia”, advirtió.