La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Carnero contra la nueva estación de tren de Puente en Valladolid

Revés al PP de Carnero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó este martes el recurso interpuesto hace un año por el Ayuntamiento de Valladolid contra el proyecto de la nueva estación de trenes. La resolución rechaza la pretensión municipal de anular la «aprobación técnica del proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande». El tribunal resuelve el procedimiento por un defecto procesal en la autorización para el ejercicio de acciones judiciales impulsadas por el equipo de gobierno de Jesús Julio Carnero, sin entrar a valorar el fondo de las objeciones urbanísticas, ambientales o de la Ley del Sector Ferroviario.

La sentencia confirma la validez del acto administrativo dictado por Adif en diciembre de 2024 para un proyecto con un presupuesto base de licitación de 249,4 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 43 meses. La Sala determina que «cada parte abonará las costas procesales causadas a su instancia» al estimar que las cuestiones «no estaban exentas de amparo fáctico y jurídico, planteando dudas que justificaban la interposición del recurso». La decisión no es firme y frente a ella cabe interponer recurso de apelación en un plazo de 15 días.

En su impugnación, el Ayuntamiento alegó la omisión de la declaración de impacto ambiental, la falta de informes sobre infraestructuras de servicio, la infracción de la normativa del sector ferroviario y la vulneración del planeamiento municipal, según recoge la sentencia. Adif defendió la legalidad del expediente e invocó dos causas de inadmisibilidad: la falta de competencia de la Junta de Gobierno Local y la ausencia del dictamen jurídico previo exigido por la norma de régimen local.

La Audiencia Nacional descarta la primera objeción al considerar que la aprobación técnica «no es un acto de planeamiento general, ni un acto de aprobación que ponga fin a la tramitación de un instrumento de ordenación», señala el documento.

En cambio, el tribunal estima la segunda alegación porque los acuerdos para litigar en defensa de bienes municipales «deberán adoptarse previo dictamen del secretario, o de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un letrado». La resolución recuerda que este trámite busca evitar que un órgano administrativo «inicie un pleito irreflexivamente o sin conocimiento de lo que son sus derechos, el modo de ejercitarlos y las razonables posibilidades de obtener una respuesta favorable».

El Ayuntamiento argumentó la presencia de dos informes previos al acuerdo del 29 de abril de 2025 y justificó la falta de firma electrónica en el «apagón eléctrico que afectó a España el día 28 de abril de 2025». La Sala no acepta esta explicación porque el único documento con firma electrónica reconocida de la Asesoría Jurídica aparece fechado el 10 de febrero de 2026, lo que evidencia su confección «a estos únicos efectos» y «no acredita que el documento hubiese sido redactado y suscrito con anterioridad a la interposición del recurso». Tampoco admite la justificación del apagón, puesto que el Ayuntamiento hizo público el mismo 28 de abril un comunicado oficial en el que señalaba que «la situación está volviendo a la normalidad de forma progresiva».

Con esta sentencia se mantiene el proyecto de Adif para adaptar el nudo ferroviario a un nuevo esquema funcional. Las actuaciones contemplan la «ampliación de las vías de alta velocidad de tres a cinco vías de ancho estándar UIC y dos vías muertas de apartadero y, en ancho ibérico, tres vías vivas, con andenes y dos vías muertas apartadero con andén». La intervención incluye también «una pasarela peatonal de conexión sobre la playa de vías, un nuevo edificio de viajeros sobre las vías, nuevos edificios ferroviarios, un aparcamiento y la adecuación de accesos a la estación».

Tras conocerse la resolución, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, criticó la postura municipal en la red social X: «Es revelador del drama que vive Valladolid. Aprobamos la mayor obra civil de la historia de la ciudad con 216 millones de inversión. El gobierno de la ciudad intenta pararla en los tribunales. Y los tribunales les dan la espalda. Palos en las ruedas es lo único que saben hacer, y lo hacen mal».

PSOE: "Es una prueba del boicot de Carnero"

El Grupo Municipal Socialista, por su parte, calificó la resolución como «una prueba del boicot de Carnero» y reprochó la contratación de un despacho externo de abogados en Madrid. Su portavoz, Pedro Herrero, censuró este paso: «Carnero quiso frenar la nueva estación y ha terminado tropezando con la deficiente tramitación de su propio gobierno. Es difícil encontrar una demostración más clara de improvisación, irresponsabilidad y falta de rigor. Es un bochorno. Mientras otras ciudades reclaman inversiones ferroviarias, Carnero utiliza los recursos del Ayuntamiento para intentar paralizar una actuación de casi 250 millones de euros. No está defendiendo Valladolid. Está poniendo palos en las ruedas al desarrollo de Valladolid».

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia 

Ante el varapalo judicial para el equipo de Gobierno formado por PP y VOX, el Ayuntamiento ya ha anunciado que interpondrá recurso de apelación. Y lo hará, según la nota de prensa enviada tras conocerse la resolución, porque existen «razones fundadas» para oponerse a la inadmisión al entender que «la decisión es desproporcionada al impedir que se examine el fondo de un asunto de relevancia para la ciudad por un problema de documentación». Y es que, tal y como recalca el Ayuntamiento, la decisión de acudir a los tribunales se adoptó tras contar con dos informes jurídicos que avalaban la viabilidad del recurso: uno externo y otro emitido por la Asesoría Jurídica municipal.