ZBE
El TSJCyL avala la Zona de Bajas Emisiones reducida de Valladolid aprobada por Carnero
El Alto Tribunal señala que"el Ayuntamiento tiene potestad para aplicar los principios de proporcionalidad, menor restricción de tráfico y gradualidad económica en el diseño de la ZBE"
Ecologista estudia recurrir al Supremo y señala que el tribunal "supedita la salud al derecho a circular en automóvil a motor"

La Zona de Bajas Emisiones de Valladolid
Aval del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid, más concretamente a su perímetro, ámbito de actuación y su influencia en la mejora o no de la calidad del aire de la ciudad. El Alto Tribunal rechaza el recurso de Ecologistas y avala la ZBE reducida de Valladolid, aprobada por el gobierno municipal que preside el alcalde Jesús Julio Carnero.
Un auto de 38 páginas de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Valladolid que, eso sí, nada tiene que ver con la sentencia del pasado mes de marzo que tumbaba la ZBE por haberse aprobado el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones a la vez que la Ordenanza que la regula a la vez, tanto en la junta de gobierno como posteriormente en el pleno. Auto, este último, que venía a estimar el recurso presentado por la Asociación Liberum.
Es más, la misma Sala de lo Contencioso-administrativo, en una consideración previa, viene a señalar que "aunque ya se había pronunciado sobre la ordenanza mediante sentencia de 16 de marzo de 2026 declarando su nulidad por un defecto de forma, dado que el Ayuntamiento de Valladolid ha recurrido la citada sentencia en casación ante el Tribunal Supremo, entiende que procede entrar en el enjuiciamiento de los concretos motivos de impugnación alegados por Ecologistas en Acción, con el fin de evitar dejar desprotegido el derecho a la tutela judicial efectiva si el Tribunal Supremo llegara a revocar la nulidad formal declarada previamente".
De esta forma, tal y como recoge la sentencia y señala el Ayuntamiento a través de un comunicado remitido a los medios, el TSJ desestima la demanda de la asociación ecologista y valida la legalidad de la ordenanza municipal, confirmando que "el Ayuntamiento tiene potestad para aplicar los principios de proporcionalidad, menor restricción de tráfico y gradualidad económica en el diseño de la ZBE".
Conviene recordar que Ecologistas interponía un recurso contencioso-administrativo al considerar, entre otros motivos, que "la ordenanza aprobada por el nuevo equipo de gobierno municipal reducía de forma drástica la protección ambiental inicialmente proyectada por el anterior equipo de Gobierno en 2022", al recortar su perímetro. En TSJ rechaza lo argumentado por Ecologistas y da su aval al perímetro de 1,1 kilómetros cuadrados de la ZBE diseñada por Carnero, que recortaba de manera drástica los 3,1 kilómetros del anterior equipo de gobierno municipal de PSOE y Toma la Palabra.
Desde el Ayuntamiento se señal que la sentencia "desmonta los argumentos de incoherencia de la ZBE delimitada con el Plan de Mejora de Calidad del Aire y de regresión medioambiental, aclarando que el proyecto de ZBE más amplio aprobado inicialmente en diciembre de 2022 fue formalmente dejado sin efecto en diciembre de 2023 por el Pleno municipal, por lo que nunca llegó a entrar en vigor". "Al no existir un término normativo real de comparación, el Ayuntamiento no redujo una protección ya consolidada, porque nunca existió una zona de bajas emisiones preexistente", incide la sentencia.
De esta forma, la sala en su auto viene a dar el visto bueno a la delimitación del ámbito territorial de la ZBE, es decir a ese perímetro reducido de 1,1 kilómetro, "en consideración a los principios de proporcionalidad y menor restricción en relación con otras opciones". El TSJ dictamina así la legalidad de la medida adoptada por el Ayuntamiento "como la menos restrictiva para la economía y la movilidad, aplicando así los principios de movilidad y menor restricción de los derechos individuales".
Pero no sólo valida el ámbito de aplicación. También avala la red de control de calidad del aire. Frente a la queja de los ecologistas sobre la inexistencia de estaciones medidoras dentro del perímetro de la ZBE, el TSJCyL recuerda que "la ubicación de las cinco estaciones actuales de Valladolid ya fue declarada conforme a derecho por los tribunales en 2023 y 2024". "Si las estaciones colindantes (sin restricciones) ya muestran que Valladolid cumple la normativa del aire, con más razón se cumplirá en el interior restringido", incide la sentencia.
Los magistrados vienes a indicar que "los valores guía de la OMS no son estándares obligatorios exigibles a las ordenanzas reguladoras de las ZBE". La sentencia aclara que la base legal exigible para las este tipo de zonas "son los límites fijados por el Real Decreto 102/2011, y no las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales operan únicamente como una recomendación programática a largo plazo (con horizontes fijados por la Unión Europea hacia el año 2050)".
Desde el Ayuntamiento no se duda en calificar como "varapalo" a los Ecologista esta nueva sentencia, que dejan claro no entra en la forma que se aprobó, que ya declaraba ilegal, pero sí en el fondo de su actuación y aplicación. Y es ahí donde desde el consistorio se habla de "varapalo" porque, además de dar por bueno el perímetro de 1,1 kilómetros, la Sala del TSJ "valida la totalidad de las exenciones a las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento o estacionamiento temporal, como por ejemplo el acceso a vehículos comerciales e industriales, así como vehículos de profesionales que presten servicios o entreguen o recojan suministros en la zona, incluyendo los de entrega de medicamentos a centros sanitarios y oficinas de farmacia de la zona, o el acompañamiento escolar a menores de 16 años". Es más, los magistrado en su auto de 29 de junio, sentencian que una ZBE requiere una implantación progresiva y que el calendario propuesto es perfectamente congruente con los objetivos de la Unión Europea para 2030.
La Sala rechaza, también, el argumento de que no se han definido para 2030 objetivos medibles y cuantificables de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de modo coherente con el Plan Nacional Integral de Energía y Clima. El tribunal da su aval al principio de gradualidad, "validando que el Ayuntamiento concrete los datos de reducción de emisiones posteriormente a través de informes de seguimiento", indica el consistorio en su nota.
"La sentencia notificada ayer -por este jueves 2 de junio- no altera la vigencia ni la plena aplicación de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. Esta situación se mantendrá hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia del pasado 16 de marzo de 2026. En cualquier caso, el consistorio ya trabaja en la redacción de una nueva ordenanza", concluye el comunicado del Ayuntamiento.
Ecologistas estudia acudir al Supremo
Ecologistas sale al paso de la sentencia que tumba su recurso contra la ZBE de Valladolid y asegura que el Alto Tribunal de Castilla y León "supedita la salud al derecho a circular en automóvil a motor". La organización ecologista anuncia, además, que estudia recurrir el auto en casación ante el Tribunal Supremo.
Según interpretan los ecologistas, en el comunicado enviado a los medios y recogido por Europa Press, "el reconocimiento de que la ZBE recurrida es de menor extensión que la contemplada en el documento guía de ZBE incluido en el Plan de Mejora de Calidad del Aire de marzo de 2022 y en la propuesta de ordenanza de diciembre de 2022 no basta, por sí solo, para fundamentar su inadecuación o insuficiencia en orden al cumplimiento de los objetivos perseguidos --los valores límite de calidad del aire previstos en el Real Decreto 102/2011--."
Para el Tribunal, continúa su relato la organización en la nota, "el plan de mejora de la calidad del aire en la ciudad de Valladolid no es el instrumento legalmente previsto para contemplar e implantar o crear dichas zonas de bajas emisiones, por lo que el diseño de la zona de bajas emisiones contenido en dicho plan no tiene carácter vinculante ni, por ello, la establecida finalmente por el Ayuntamiento mediante los instrumentos determinados legalmente al efecto", como sería el Plan de movilidad urbana sostenible y ordenanza.
En opinión de Ecologistas en Acción, esta tesis del Tribunal "no es coherente con el carácter normativo de los planes de mejora de la calidad del aire, al prevalecer sobre los planes urbanísticos y de movilidad, y tampoco respeta la necesidad de que los planes de movilidad urbana sostenible y las zonas de bajas emisiones en ellos contenidas sean coherentes con los planes de calidad del aire con los que cuente el municipio", según consideran que establece la Ley de cambio climático y transición energética y el Real Decreto regulador de las zonas de bajas emisiones.
"Cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente, informe que el Ayuntamiento de Valladolid obvió al adoptar la ZBE actualmente vigente", añaden.
Por estos motivos, Ecologistas en Acción va a estudiar recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo, por vulnerar la legislación básica del Estado. Y es que, en opinión de la organización ambiental, en relación a las zonas de bajas emisiones ven "llamativa" la "rigurosa exigencia de requisitos formales sobre su incidencia en la competencia y el mercado", por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de otros tribunales españoles, y la "escasa o nula justificación que se les requiere sobre sus efectos en la protección de la salud y del medio ambiente, que teóricamente persiguen estos instrumentos de movilidad sostenible".
Así, aunque valoran que la sentencia reconoce que la ordenanza impugnada "no determina el plazo razonable en el que la ZBE contribuirá a alcanzar las directrices sobre calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud", el Tribunal "atribuye a dicho incumplimiento legal un carácter de recomendación, o a lo sumo un mandato imperativo con límite máximo en el lejano año 2050".