Ribera del Duero presenta un manifiesto para regular el biogás y las macrogranjas
El Consejo Regulador pide revisar la legislación para ordenar la convivencia entre la actividad vitivinícola, las explotaciones ganaderas intensivas y las plantas de biogás
Viñedo de la Ribera del Duero en Peñafiel, en una imagen de archivo
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero presentó este miércoles el ‘Manifiesto por un territorio vitivinícola protegido’, una iniciativa con la que busca promover una ordenación territorial que garantice la convivencia entre el sector del vino, la ganadería intensiva y las plantas de biogás, preservando el valor económico, social y ambiental de la denominación.
Durante la presentación, la coordinadora de Relaciones Institucionales del Consejo Regulador, representantes de la iniciativa, explicaron que el manifiesto nace para responder a un "vacío normativo" derivado del Decreto-Ley 4/2020 de la Junta de Castilla y León, que permite la instalación de explotaciones porcinas de hasta 2.000 plazas mediante una comunicación ambiental, sin necesidad de una evaluación previa de su compatibilidad con otros usos del territorio, informa Ical.
Según expusieron, el objetivo no es enfrentar al sector vitivinícola con el ganadero, sino establecer una regulación que permita el desarrollo de ambas actividades. "No es una batalla contra nadie, sino una necesidad de ordenar el territorio y hacer compatibles los diferentes sectores", afirmó.
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El Consejo Regulador recuerda que la Ribera del Duero genera un impacto económico superior a 1.300 millones de euros en el PIB, más de 20.000 empleos directos e indirectos, el 72% de ellos en Castilla y León, y cerca de 500 millones de euros de recaudación fiscal, lo que, según la entidad, justifica la necesidad de proteger un territorio que considera estratégico.
La DO Ribera del Duero presenta el 'Manifiesto por un territorio vitivinícola protegido'.
El manifiesto plantea cinco medidas principales: recuperar la licencia ambiental ordinaria para todas las explotaciones ganaderas intensivas situadas en la denominación de origen; establecer distancias mínimas entre granjas, plantas de biogás, viñedos, bodegas y zonas de enoturismo; revisar el Decreto-Ley 4/2020; dotar a los ayuntamientos de herramientas para participar en la ordenación del suelo con seguridad jurídica; y crear un órgano permanente de coordinación entre el Consejo Regulador, las organizaciones agrarias, los municipios y la Junta de Castilla y León.
El presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, subrayó que la iniciativa es fruto de un trabajo desarrollado durante los últimos años y aseguró que ya ha despertado el interés de ayuntamientos, bodegas, organizaciones empresariales, otras denominaciones de origen y de la Federación Española del Vino.
Por su parte, los integrantes de la comisión encargada de impulsar el manifiesto insistieron en que la propuesta "no pretende cerrar granjas ni limitar la actividad ganadera", sino ofrecer seguridad jurídica a todas las inversiones y evitar conflictos derivados de la ubicación de nuevas instalaciones. En este sentido, defendieron que la ordenación del territorio permitirá proteger tanto el desarrollo del sector vitivinícola como el del porcino, garantizando la sostenibilidad económica y social de la Ribera del Duero.
El manifiesto queda desde este miércoles abierto a la adhesión de instituciones, entidades y particulares a través de la página web del Consejo Regulador, con el objetivo de recabar el mayor consenso posible antes de trasladar formalmente sus propuestas a la Junta de Castilla y León.