La Policía confirma el control las 24 horas de las jóvenes paraguayas explotadas sexualmente en Valladolid

Los inspectores de la Policía Nacional que instruyeron la investigación de la denominada ‘Operación Tentaciones’, por la se desarticuló una red de trata de seres con fines de explotación sexual que operaba en Valladolid y se pudo liberar a trece jóvenes paraguayas, de edades entre los 23 y los 27 años, que eran obligadas a prostituirse en condiciones infrahumanas, confirmaron hoy que las víctimas era controladas por los explotadores en todo momento, sin poder ellas elegir a los clientes y con la obligación de estar disponibles las 24 horas del día, informa Ical.

La vista comenzó hoy en la Audiencia Provincia de Valladolid sin la presencia de la principal acusada y cabecilla de la trama, Lorenza C.P., natural de Paraguay, en paradero desconocido y sobre la que pesa una orden de busca y captura. Esta mujer se enfrenta a una pena de 52 años por cuatro delitos de trata de seres humanos en concurso con sendos delitos de prostitución coactiva; un delito de prostitución activa en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena; un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de tráfico de drogas, otro de blanqueo de capitales y uno más de pertenencia a grupo criminal.

Segunda incomparecencia

El juicio ya fue suspendido el pasado mes de marzo al no personarse la principal acusada, al igual que varias de las testigos protegidos que estaba previsto que declarasen, pero en esta ocasión los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia, en contra de los argumentos esgrimidos por las defensas de los cinco acusados, han decidido arrancar la vista y, en el caso de que se localice a la cabecilla, abrir un procedimiento por separado.

Además de Lorenza C.P. hay otros cuatro acusados, entre ellos la prima su, María Ángeles P.G., que se enfrenta por delitos similares a 23 años, mientras que para los otros tres acusados la Fiscalía pide condenas que van desde los 18 a los nueve años y ocho meses.

Según confirmaron los policías a preguntas del Ministerio Fiscal, las víctimas eran captadas en Paraguay entre mujeres jóvenes con hijos y en situación de vulnerabilidad y, en ocasiones, entre familiares de los propios proxenetas como es el caso de Mirta Graciela G.M., que llegó a reclutar a su propia hija, a una hermana, a sobrinas y vecinas.

Aunque los agentes indicaron que las víctimas sabían que venían a ejercer la prostitución, recalcaron que no se imaginaban las condiciones en las que se iban a ser explotados. Además de ser obligadas a estar disponibles las las 24 horas y de no poder rechazar a ningún cliente, dormían hacinadas en literas en el cuarto de calderas y, dentro del piso de la avenida de Burgos donde ejercían la prostitución, estaban vigiladas a través de una red de cámaras y micrófonos instalados.

Bizum a nombre de la cabecilla

Al mismo tiempo, los policías indicaron que los clientes pagaban los servicios a través de un datáfono o Bizum a una cuenta a nombre de la cabecilla. La mitad del dinero era para la trama, mientras que el otro 50 por ciento se utilizaba para pagar la deuda contraída por los gastos del viaje, salvo una pequeña cantidad que se les entregaba para poder vivir.

Lorenza C.P. contrataba los servicios de un fotógrafo para tomar fotografías sugerentes de las víctimas en ropa interior o semidesnudas, con el objeto de insertar anuncios en páginas especializadas en contactos sexuales. Además, también concertaba las citas y fijaba el precio de los servicios sexuales y su duración. Junto los servicios sexuales, la red también ofrecía a los clientes a través del reclamo ‘fiesta blanca’ que aparecía en los anuncios, la posibilidad de consumir cocaína.

Aunque la cabecilla siempre controló todos los movimientos, en un momento dado y ante la posibilidad de que pudiera ser vigilada por la Policía, Lorenza C.P. comenzó a “permanecer en la sombra” y asumió el control de las víctimas su prima María Ángeles P.G.

La operación policial, que culminó en diciembre de 2022, se puso en marcha un año antes, cuando agentes de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), tras detectar anuncios de prostitución en internet, contactaron con una de las víctimas, cuyo testimonio les permitió detectar la posible existencia de una organización criminal dedicada a la trata de seres con fines de explotación sexual.

Los investigadores confirmaron también que las mujeres eran obligadas a firmar un falso contrato de arrendamiento para poder justificar, ante una posible acción policial, la apariencia de que las mujeres se encontraban ejerciendo la prostitución de forma libre en una habitación alquilada.

El juicio continuará el próximo jueves.