Rebajan de 4 años y medio a 18 meses de cárcel la pena a un narco en la 'Operación Almendro’ de Valladolid

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha rebajado la pena a uno de los siete narcos condenados de la ‘Operación Almendro’ explotada por la Policía Nacional el 24 de mayo de 2024 y que concluyó con más de tres kilos de droga incautados después de tres registros desarrollados en Laguna de Duero, Madrid y Morales de Toro.

La rebaja pasa de 4 años y seis meses de cárcel a 18 meses por tentativa de tráfico de drogas, tras un recurso de apelación interpuesto por los siete condenados (con un total de casi 38 años de cárcel), pero que solo el TSJ ha atendido este caso.

En sentencia dictada por la Audiencia Provincial (AP) de Valladolid el 25 de octubre de 2025 el ahora reconocido en su recurso fue condenado a 4 años y seis meses de prisión como autor de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud ( tres años y seis meses de prisión) más una multa de 3.665,21 euros, y, como autor de un delito de pertenencia a grupo criminal, a la pena de otro año más de prisión.

En el recurso, el TSJCyL atiende que no están probadas las pruebas de cargo que tumben su presunción de inocencia. «Es cierto que el recurrente tenía relación con el resto de los acusados y fue visto en alguna ocasión con ellos, señaladamente la tarde del 23 de mayo de 2024, en la que la Policía Nacional, alertada por la posibilidad de que efectuaran una recepción de cocaína, montó una operación de seguimiento», razona.

Presunción de inocencia

«Y es probable que esa relación fuera más allá de la más pura amistad y se encuadrara en las actividades desarrolladas por el grupo, pero no cabe deducir su participación con la intensidad precisa para alcanzar la solución a la que llega la Audiencia de Valladolid, ni la conclusión del hallazgo de la droga en un trastero en el que no se ha llegado a acreditar –a diferencia de lo que sucede con el resto de acusados– que él utilizara», expone el TSJCyL.

Los siete recurrentes fueron condenados por la AP de Valladolid a un conjunto de penas que sumaban casi treinta y ocho años de cárcel a siete de los ocho acusados detenidos en mayo de 2024 y que se saldó con la incautación de más de tres kilos de distintas sustancias con motivo de los registros efectuados en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, Madrid y Morales (Zamora).

La mayor de las condenas, según informó Europa Press, recayó en Tamara G.T., en total siete años y nueves meses de privación de libertad y multa de 18.673 euros por un delito de tráfico de drogas, en su modalidad de notoria importancia, y tenencia de armas prohibidas; seguida de las impuestas al autor confeso Enrique S.S., que fue la pactada con el fiscal de seis años y un día, y multa de 16.500 euros, así como los seis años y multa de 3.655 euros a José Ignacio S.C. por tráfico de drogas y grupo criminal, y los cuatro años y seis meses a Javier M.D., Jesús C.M., Alberto G.A. y Kevin dos S.P., en todos los casos con multas también por importe de 3.655 euros.

En su fallo absolvió, sin embargo, a Verónica C.G, quien se exponía inicialmente a una condena de cuatro años y tres meses de cárcel y una multa de 2.000 euros. «En cuanto a la acusación contra ella por su colaboración con Tamara en la venta de sustancia estupefaciente, teniendo además las llaves de trasero de la calle Prado n°5, de Valladolid, en la que se encontró una parte de la sustancia estupefaciente y útiles para su manipulación y posterior venta, esta Sala estima que no ha resultado debidamente acreditada dicha colaboración a la que se hacía referencia en el escrito acusación del Ministerio Fiscal», justificó el tribunal.

En esa organización, el fiscal atribuía el papel de «cabecilla» a Javier M. (’Mota’), vecino de Madrid en cuyo trastero la policía se incautó de sustancias, fundamentalmente cannabis y cocaína, por valor de 3.665 euros, mientras que la vallisoletana Tamara G., residente en Madrid pero usuaria de un trastero en Laguna de Duero donde fueron halladas drogas valoradas en 2.182 euros, sería la «taxista» de la banda, y todo ello con la supuesta colaboración de la también vallisoletana Verónica C, la única absuelta, y del resto de los inquilinos del banquillo, otros cuatro vecinos de Madrid y el residente en Morales (Zamora), en cuyo chalé fueron localizados casi 800 gramos de speed valorados en 16.474 euros que, según sostiene el acusador público, le habían sido proporcionados por la primera de ambas mujeres.

Sin embargo, los acusados se declararon inocentes y en el caso de la citada Tamara y el supuesto líder de la banda, Javier (’Mota’), justificaron el hallazgo de sustancias en su casa y los trasteros en el hecho de que las mismas eran para su autoconsumo, dada su condición de toxicómanos.

Para fumarse unos porros

En el caso de Tamara, la acusada explicó que utilizaba el trastero de Laguna para guardar distintos efectos y fumarse unos «porros» con sus amigos y ha asegurado además que su supuesto papel de «taxista» obedecía a que ‘Mota’, titular de una empresa de pinturas en Madrid, carecía de carné y ella se había ofrecido a trasladarle a distintas obras para que pudiera confeccionar presupuestos. Se desvinculó también de la pistola táser localizada en el trastero al apuntar que desconocía su existencia ya que otras dos o tres personas tenían también la llave del local.

Su amiga Verónica, a la que el fiscal acusó de valerse también del citado trastero de Laguna para efectuar ventas de droga por delegación de la anterior y que ha sido absuelto, fue la única que respondió a todas las preguntas, no solo de su defensa sino también del fiscal, para rechazar tal incriminación porque, como así advirtió, ni siquiera tenía la llave del local. «He estado en ese trastero acompañando siempre a mi amiga Tamara y lo único que he hecho allí es echar un parlao con ella», zanjó.

La droga, "mi demonio"

Otro de los encausados, Jesús C.M, vecino de Madrid, indicó que conocía al presunto cabecilla, ‘Mota’, y a Alberto G. (’Pocholo’), porque les había contratado para realizar obras en su casa ante la condición de pintor del primero y de electricista del segundo, como luego corroboraron los aludidos, y negó dedicarse al tráfico de sustancias, aunque sí confesó su grave adicción a ellas. «Esa drogadicción me ha dejado una minusvalía del 75% por la que percibo una pensión de 500 euros. Tengo antecedentes pero por robar y pegar a otros para conseguir la droga, que es mi demonio», lamentó el ahora condenado.

El último en tomar la palabra, José Ignacio S.C, se declaró también inocente y apuntó que conocía a ‘Mota’ y ‘Pocholo’ por ser amigos del barrio de toda la vida, al tiempo que recordó al tribunal que ni ha sido objeto de registro por parte de la policía y que tampoco se le intervino sustancia alguna en la denominada ‘Operación Almendro’.