El Procurador del Común exige a la Junta un cruce seguro para coger el bus en la carretera de Rueda de Valladolid

Cruzar la carretera de Rueda para coger el autobús a la altura del cuartel Teniente Galiana dejará de ser una actividad de riesgo si la Junta hace caso al Procurador del Común. El defensor del pueblo autonómico envía un recado a la Consejería de Movilidad para que tome la iniciativa para instalar un paso de peatones o un semáforo que permita a los usuarios de Auvasa cruzar la vía en condiciones de seguridad. Recuerda Tomás Quintana que la Junta no puede quedarse de brazos cruzados mientras los ciudadanos se juegan el tipo para llegar a las dos paradas (una en cada sentido) que flanquean la comarcal CL-610, de titularidad autonómica, a la altura de este acuartelamiento.

La situación afecta a los usuarios de las líneas 18 y 19 (que conectan Puente Duero con La Cistérniga) que se suben o bajan en estas paradas del Pinar de Antequera (la 849 y la 857). En este punto crítico, sin marquesinas y desprovisto de señalización viaria horizontal o vertical, se produce un «flujo regular de peatones que necesariamente acceden a ambos lados de la calzada cruzando la carretera autonómica sin ningún elemento de protección».

Quintana pone sobre la mesa que el riesgo es previsible. La propia Consejería de Movilidad reconoce tener constancia de las situación a través de quejas vecinales. Una de ellas, presentada ante el Procurador del Común, ha generado esta actuación que coloca el balón sobre el tejado de la Junta de Castilla y León.

La Consejería de Movilidad argumentó en inicio que, como el autobús es un servicio municipal, es el Ayuntamiento de Valladolid quien debe solicitar permiso para dotar la zona de elementos de seguridad deseables.

Para el Procurador, sin embargo, la falta de iniciativa por parte del Consistorio no justifica la parálisis por parte de la administración autonómica. «La Consejería tiene pleno conocimiento de que en ese punto se produce de manera regular y previsible un flujo de peatones que cruzando una carretera autonómica sin ningún elemento de protección, una situación que presenta un riesgo previsible que no justifica la actitud ‘meramente expectante’ de la Administración titular», argumenta el Procurador del Común. .

Quintana recuerda que la Junta, al ser la titular de la carretera de Rueda, tiene la obligación legal de mantenerla en condiciones óptimas para todos, incluidos los peatones. Por ello, sostiene que «el conocimiento de una situación de riesgo para los peatones, permanente y notorio (...) debe activar ese deber de actuación y no puede quedar indefinidamente en suspenso a la espera de que sea el Ayuntamiento quien dé inicio a la actuación administrativa», argumenta.

El texto concede que «la instalación de los elementos de seguridad vial solicitados en la CL-610 no sólo requieren la intervención de la Consejería como órgano autorizante, sino que no es posible hacerlo sin ella», lo que convierte a la Junta en el «sujeto indispensable» para desatascar el problema.

Por encima de la burocracia

La resolución insiste en que la protección de las personas está por encima de los trámites entre instituciones. El Procurador advierte de que «la seguridad vial de los ciudadanos no puede quedar postergada por motivos vinculados al ejercicio de competencias».

Avisa así de que «la eventual inacción municipal no puede justificar la prolongación de una situación que compromete la movilidad de las personas».

La propia Consejería reconoce en su informe «haber mantenido reuniones en la Delegación Territorial con alguna persona», lo que evidencia –dice Quintana– que «la situación es conocida y que el riesgo no es ni nuevo ni imprevisible». «El conocimiento de una situación de riesgo para los peatones, debe activar ese deber de actuación», sostiene.

La Consejería «no puede ampararse en que el Ayuntamiento de Valladolid no ha formulado la solicitud formal de autorización». «El ejercicio de sus competencias exige adoptar una posición activa, como mínimo requiriendo al Ayuntamiento para que formule esa solicitud, ofrecerle los cauces procedimentales necesarios para hacerlo, iniciar de oficio los trámites de evaluación técnica de la situación si los datos disponibles así lo aconsejan, y, en definitiva, hacer cuanto esté en su mano para que el bloqueo derivado de la discrepancia en el ejercicio de las competencias no resulte en un perjuicio permanente para los usuarios del espacio público. La colaboración interadministrativa no es una facultad discrecional, es un deber y su incumplimiento en este caso puede tener consecuencias negativas e incluso irreparables», apostilla.

Todo «parece indicar» que concurre en este punto una «situación de riesgo relevante». De hecho, la Consejería «no cuestiona el problema» ni tampoco descarta «la necesidad de intervención», limitándose, en su respuesta al Procurador, a trasladar al Ayuntamiento la responsabilidad de instar el procedimiento.

Añade, además, una advertencia ante la posibilidad de que se registren incidentes en este punto. Si llegara a ocurrir un accidente tras haberse acreditado el peligro, la omisión de medidas «podría constituir funcionamiento anormal del servicio público viario», lo que derivaría en responsabilidades legales para la Administración en el caso de una eventual reclamación de responsabilidad patrimonial.

Emplaza así el Procurador a la Junta a que realice «sin demora» una evaluación técnica del tráfico y del volumen de usuarios en las paradas del cuartel Teniente Galiana. Si se confirma el riesgo —algo previsible dado que son paradas permanentes en una vía interurbana sin protección—, la Consejería de Movilidad de la Junta deberá promover la instalación del semáforo y el paso de peatones.

Una vez emitida esta resolución, la Junta tiene dos meses para responder si acepta o no este tirón de orejas y se pone manos a la obra la carretera de Rueda, la comarcal CL-610 de la que es titular.