Afectados del caso ataúdes sospechan de cremaciones colectivas de El Salvador: "Como si de Auschwitz se tratara"

Varios de los testigos que declararon este miércoles en la Audiencia Provincia del Valladolid en el juicio del denominado ‘caso ataúdes’, dejaron clara sus sospechas de que en las instalaciones funerarias que El Salvador tiene en la localidad de Santovenia de Pisuerga se pudieron realizar cremaciones colectivas de cadáveres.

En este sentido, Juan Pablo, que en el año 2009 incineró a su padre y que tres años más tarde dio el último adiós a su madre, aseguró que se trata de una “profanación” y de unos hechos “execrables”, a la vez que argumentó que mientras todas las culturas honran a sus muertos, en este caso han sido tratados sin “ningún respeto”. Además se preguntó si no fue una cremación colectiva “como si de Auschwitz se tratara” y si alguien le puede demostrar que las cenizas que le dieron son las de sus progenitores.

"Todo lo ocurrido me hace dudar sobre con qué respeto manejaron los cuerpos, quién me dice que no hacían cremaciones colectivas y quién me asegura que no tengo mitad de cuarto de mi padre y mitad de cuarto de otra persona", remarcó Juan Pablo.

De forma similar se pronunciaron otros afectados, aunque también fue llamativo el testimonio de Lucinia, que en octubre de 2009 incineró a marido, y que ha sido una de las pocas afectadas que pudo ver el horno crematorio de Santovenia. Según relató, una vez que bajó al horno, vio como el féretro con los restos de su marido no era el que ella había elegido. “Es algo inmoral y después de tantos años es como volver a duelo”, informa Ical.

En los testimonios de los afectados también queda claro que la funeraria no tenía un criterio establecido a la hora de entregar las cenizas a los familiares. Así, Natalia, que en mayo de 2008 incineró a su abuela, explicó que una vez que se llevaron el ataúd para la incineración, los propios empleados de Santovenia comunicaron a la familia que se fueran a tomar una café y que luego pasaran a por las cenizas. Así, explicó que en poco más de media hora se volvieron a personar en Santovenia y recibieron, “aún calientes” las cenizas de abuela. No obstante, en otros casos son varias las horas o incluso días, el plazo que la funeraria daba a los familiares para retirara las cenizas.

También llamativa fue la declaración de Seila, que además de confirmar que se ha sometido a un tratamiento psicológico tras conocer el caso, aseguró que mientras las cenizas de su madre, incinerada en 2004, eran como “tabaco”, las de su abuela, que murió en 2015, eran “polvo”.

La emoción, las lágrimas y el llanto volvió a estar presente en la declaración de buena parte de los afectados. Este fue el caso de Eva María, que entre 2011 y 2013 incineró a sus padres, y que afirmó que ahora entiende porque retiraron una rosa que colocó en el ataúd de su madre cuando llegó a Santovenía. “Les debía molestar mucho”, se preguntó. Además, remarcó que sus padres no se merecían ser tratados como una mercancía y calificó de “repugnante” y “mezquino” que alguien actuara de esta forma por un “puñado de euros”.

En el mismo sentido se pronunció Raquel que aseguró que los responsables de la funeraria han utilizado los sentimientos de las personas en momentos tan difíciles para convertirlos en un “negocio”. Por su parte, otros de los afectados, como Miguel, que dio último adiós a su madre en noviembre de 2008, aseguró que el daño moral ya es irreparable y aseguró que el único consuelo posible es “el máximo de cárcel para esta gente”.

El juicio continuará el próximo lunes, día 13 de abril, con la declaración de más testigos por una causa en la que la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.

Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.