JUICIO CASO ATAÚDES
Caso ataúdes Valladolid: "El ataúd es lo de menos, lo duro es no saber si las cenizas son de mis padres"
Los ocho intervinientes en la quinta jornada de testificales contra la funeraria El Salvador, coinciden en que no vieron cómo el féretro entraba en el horno

La Audiencia de Valladolid durante una sesión del juicio por el 'caso ataúdes'
Uno de los testigos que incineró a su padre tras fallecer el 1 enero de 2004 en la Funeraria El Salvador de Valladolid, mostró hoy su indignación por la actuación de la empresa por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos durante 20 años. No en vano, José Antonio F. recordó que su hermana, que residía en Tenerife, llegó, por un problema con los vuelos, con el tiempo justo donde estaba el horno crematorio del cementerio Parque El Salvador de Santovenia. “Pidió que le destaparan el ataúd pero los operarios de la funeraria nos dijeron que era imposible por que estaba cerrado y precintado”, apuntó. Después de cuatro años sin ver a su padre, Antonio F. , insistieron en la solicitud pero la respuesta fue la misma.
A preguntas del Ministerio Fiscal durante la quinta jornada de testificales del juicio celebrado en la Audiencia Provincia de Valladolid, José Antonio recordó, según recogió la Agencia Ical, que, “una vez conocido todo”, la familia ha atado cabos de todo lo que ocurrió ese día en las instalaciones de la funeraria. “Tampoco nos dejaron estar en la sala, antes de proceder a la incineración. Estuvimos en la calle. Cerraron las puertas y nos tuvimos que ir de allí”, añadió. Posteriormente, pasaron a recoger la urna con las cenizas.
Valladolid
Un afectado del caso ataúdes: "Quería ver la incineración de mi mujer pero me echaron a empujones"
Diario de Valladolid | El Mundo
Es por ello que se preguntó, según recogió la Agencia Ical, en manos de quién habían dejado a su padre. Tras reconocer que su madre es gitana, con una cultura donde a los muertos se “respetan, honran y añoran”, por lo que el hecho de que el cuerpo de su padre haya podido ser manipulado, ha sentado “fatal” en la familia. Incluso, confesó que su madre, de 82 años, no tiene idea del proceso del cambiazo de los ataúdes y sus hijos han decidido ocultarle los hechos.
Además, aseguró que si al final se demuestra que la funeraria El Salvador sustituyó los féretros por otros más baratos antes de la incineración y si queda probado que hubo un enriquecimiento de la empresa, solicitará una indemnización por los daños morales y materiales causados.
Otro testigo, que pasó por el juzgado por la incineración de sus dos progenitores, que fallecieron en un plazo de dos meses menos, ya que su padre Francisco N. falleció el 4 de noviembre de 2001 y su madre Jacinta H. murió el 4 de enero de 2002, también mostró su malestar con la actuación de la funeraria. “Lo del ataúd es lo de menos. Lo único que nos preocupa es si las cenizas que nos entregaron para llevarlas al cementerio del Carmen son las de mis padres”, aseveró.
En su caso, quiso recordar cómo pudieron ver cómo entraba el féretro en el horno, aunque no pudo precisar si estaba encendido o con llama.
Fernando S, que también testificó esta mañana en la Audiencia Provincial de Valladolid por la cremación del cuerpo de su padre Fidel S., que falleció, con 61 años, el 8 de marzo de 2002, señaló que la sala corrieron las cortinas aunque, apuntó, que la familia tampoco quiso ver. “Nos han engañado, el comportamiento de la funerario fue carroñero. Los muertos no se merecían esto”, aseguró. No en vano, apuntó que había confiado “plenamente” en el Salvador en un momento tan duro para la familia. “Quería todo lo mejor para mi padre”, comentó, por lo que no escatimó en gastos en el funeral.
Engañados como “tontos”
Pese a reconocer que, cuando se enteró por la prensa de la posible actuación con los ataúdes, revisó las facturas de la funeraria y deseó que el nombre de su padre y la fecha en que fue incinerado no estuviera en los apuntes del trabajador. “Recuerdo que al llegar al cementerio de Santovenia, acompañado de mi mujer, vi un humo blanco que salí por la chimenea y pensé que era algo bonito. La verdad es que fuimos gilipollas y nos engañaron como a tontos”, reiteró contrariado. Es por ello, que no dudó en que, llegado el caso, reclamaría por los daños causados.
Inmaculada C., como testigo por la muerte de su padre Ciriaco C. el 3 de enero de 2003, mostró su “sorpresa” y “rabia” por lo que pudo ocurrir en unos momentos tan duros para la familia. En su caso, señaló que su madre solicitó cuando estaban en el cementerio de Santovenia, donde El Salvador tenía el crematorio, poder ver por última vez el cuerpo de su marido. A continuación, volvieron a la sala, donde corrieron las cortinas y ya no observaron que el féretro entrara en el horno.
En el mismo sentido, se pronunció Fermín L., como testigo por la incineración de su padre Fermín L., que falleció el 6 de enero de 2004. Pese a apuntar que él no pudo acudir al funeral de su progenitor por que un mes antes había sufrido un grave accidente de tráfico y estaba convaleciente, mostró su malestar por la posible actuación de la funeraria. “Nunca pensé que hubiera gente que pudiera robar así la dignidad de las personas y con tan baja catadura moral”, lamentó.
Penas de 200 años de cárcel
El juicio continuará mañana con la declaración de más testigos por una causa en la que la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.