VOX exige suspender las multas y reducir aún más la ZBE en Valladolid, y el PP no cierra la puerta

La primera reunión de la mesa de seguimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se desarrolló este jueves en un clima de entendimiento político pero con velocidades distintas a la hora de aplicar cambios. VOX, a través de su portavoz y primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, puso sobre la mesa su exigencia de "suspender el régimen sancionador" de forma cautelar y acometer una nueva reducción del perímetro restringido. Su socio de gobierno, el Partido Popular, representado por el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, optó por pedir "prudencia" ante la situación judicial de la ordenanza, aunque dejó la puerta abierta a futuras modificaciones tras estudiar los datos de los informes que se van a elaborar. 

La reunión sirvió para analizar los primeros seis meses de funcionamiento efectivo de las multas y el balance de la formación de Santiago Abascal resulta claro. "Todo corrobora lo que desde VOX siempre hemos manifestado", aseguró Carvajal, quien defendió que "la calidad del aire de la ciudad es buena" y "cumple de sobra" no solo con los parámetros actuales, sino con los que Bruselas impone para el año 2030. Según la teniente de alcalde, esta realidad ambiental avala que la reducción inicial del ámbito de la ZBE fue "conforme, adecuada y proporcional", lo que implica, a su juicio, que "todavía se puede seguir reduciendo más".

En este sentido, argumentó que la mejora en la calidad del aire no debe fiarse exclusivamente al tráfico rodado, ya que la reducción de accesos a la zona restringida "solamente ha caído un 9%". Para la edil, "no hay un decremento tan sustancial" que justifique por sí solo la mejora ambiental, y  recordó que el 66% de los factores contaminantes proviene de la actividad industrial y las calefacciones, sectores que ya están "solventando" la situación con medidas de eficiencia energética y la nueva red de calor de Valladolid. 

Frente al ímpetu de sus socios de Gobierno, Gutiérrez Alberca recordó la compleja realidad administrativa que envuelve a la ordenanza. "Modificar la ordenanza tiene un procedimiento importante", advirtió el concejal del PP, quien subrayó que la norma actual "está sujeta a dos recursos" judiciales presentados por asociaciones. Desde el Grupo Municipal Popular consideran "prudente esperar a la resolución de esos recursos" antes de tomar decisiones drásticas que puedan comprometer la seguridad jurídica o las ayudas recibidas. "No podemos hacerlo porque tenemos unas normas relacionadas con las subvenciones al transporte público y con las subvenciones a fondos europeos", detalló sobre la imposibilidad de eliminar las multas de un día para otro sin un respaldo técnico y legal.

Sin embargo, el edil de Movilidad no cerró la puerta a estudiar los cambios que propone VOX. "Todo es posible", reconoció Gutiérrez Alberca respecto a la posibilidad de levantar las restricciones durante los fines de semana, una medida que ya aplican ciudades como Bilbao o Barcelona. El equipo de gobierno se comprometió a analizar la incidencia económica de la ZBE en el comercio y la hostelería. Para ello, citarán a las asociaciones del sector, como Avadeco y Fecosva, a la próxima reunión de la mesa. En esta línea, Carvajal insistió en que buscan "ese criterio de la proporcionalidad" y que si los datos avalan que el aire está limpio, la normativa debe ser "la menos restrictiva" para los ciudadanos.

Además, la teniente de alcalde reiteró su oposición a la Ley de Cambio Climático, una norma con la que no están de acuerdo y que calificó de "imposición" del Gobierno de Sánchez. En este punto, instó a trabajar a nivel nacional para "seguir la estela de la Asamblea Nacional Francesa" y derogar una normativa que considera "perjudicial" para los vecinos. "Lo que tenemos claro desde VOX es que no vamos a limitar a nuestros ciudadanos", sentenció Carvajal, quien abogó por la "libertad" de elegir la forma de movilidad y rechazó copiar modelos como el de Ámsterdam porque "no valen para Valladolid".

Gutiérrez Alberca coincidió en las críticas a la legislación estatal, tildándola de "auténtico fracaso" y de estar hecha "desde la ideología, no desde la racionalidad". El concejal 'popular' lamentó la incertidumbre que genera en la industria del automóvil y en las familias, pero matizó que, a diferencia de otros municipios, Valladolid cumple la ley. "La ley no nos gusta pero nos obliga", resumió. 

A pesar de las diferencias en los tiempos, ambos grupos acordaron avanzar en cuestiones concretas. Se tramitará "de forma inmediata" la exención para los vehículos históricos, un punto que la ordenanza recogía pero que presentaba lagunas informativas. "Le daremos la tramitación para que no sean objeto de sanción", confirmó Gutiérrez Alberca.

Mientras se resuelven los recursos judiciales y se completan los estudios de impacto económico, la ZBE seguirá funcionando tal y como está redactada. "Vamos a seguir sancionando", aclaró el concejal de Tráfico y Movilidad para evitar confusiones, aunque admitió que si los indicadores lo permiten, tienen "tiempo suficiente de mandato" para plantear mejoras en la ordenanza. Carvajal, por su parte, se mostró "optimista" sobre la posibilidad de una suspensión cautelar del régimen sancionador en el futuro si se logra armar jurídicamente: "Las cosas hay que hacerlas bien, el parcheo y las improvisaciones solamente son chapuzas jurídicas".

La ZBE reduce el tráfico un 9% y sanciona a 7.911 vehículos

El primer semestre de funcionamiento efectivo de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid deja dos titulares claros: el tráfico en el interior del perímetro ha descendido y las multas se han desplomado a medida que los conductores locales asimilaban la ordenanza. Según el informe de seguimiento elaborado por el Área de Tráfico y Movilidad, que abarca del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025, la circulación en el área restringida experimentó una reducción estimada del 9%.

El documento califica el análisis de impacto como una "tarea compleja" que requiere desestacionalizar los datos, pero cifra en ese porcentaje la caída preliminar de la presión circulatoria. Durante este periodo, las cámaras de control registraron 3,63 millones de tránsitos de entrada a la almendra central, correspondientes a 342.700 vehículos distintos.

El comportamiento de los conductores ha provocado una curva descendente en el régimen sancionador. El informe contabiliza 13.800 propuestas de sanción emitidas en estos seis meses, que recayeron sobre 7.911 vehículos. La evolución mensual muestra una clara tendencia a la baja: de las 2.639 denuncias tramitadas en julio se pasó a las 1.673 de diciembre.

Esta caída se refleja en la media diaria. Si en el arranque del sistema se tramitaban 89 denuncias al día, al cierre del año la cifra se situó en 59. El perfil del infractor también ha cambiado. En julio, casi la mitad de los vehículos propuestos para sanción estaban domiciliados en la capital; en diciembre, los coches de Valladolid apenas representaban un tercio del total. El grueso de las multas actuales recae sobre conductores del alfoz o de otras provincias.

El parque móvil que accede al centro presenta una radiografía definida. Los vehículos con distintivo C son mayoría, con una cuota que oscila entre el 44% y el 45% de los accesos. Le siguen los de etiqueta B (26%) y los ECO (18%). Los vehículos sin etiqueta tienen una presencia residual que ronda el 3%.

El Ayuntamiento ha tramitado autorizaciones para 18.412 vehículos distintos que, pese a las restricciones, pueden acceder. De ellos, la inmensa mayoría obedece a razones logísticas: 13.446 matrículas autorizadas (el 73%) corresponden a labores de carga y descarga con disco de control horario. El resto de permisos se reparten entre accesos a talleres, vehículos de empresas, citas médicas o mudanzas, gestionados a través de unos 80 colectivos diferentes.

El interés ciudadano por la nueva regulación saturó los canales de información. El servicio 010 atendió 9.296 consultas telefónicas relacionadas exclusivamente con la ZBE a lo largo del año, con picos notables en los meses previos a la activación de las cámaras.