VOX supedita ahora apoyar el presupuesto a crear una mesa que estudie la supresión de las multas de la ZBE de Valladolid

Días decisivos para la continuidad del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid. El grupo municipal VOX ha decidido condicionar su voto favorable a los presupuestos del año 2026 a una exigencia innegociable: la creación de una mesa de trabajo técnica y jurídica que estudie la eliminación de las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Irene Carvajal, teniente de alcalde y portavoz del partido, ha trasladado esta "única condición" al regidor, el 'popular' Jesús Julio Carnero, para sacar adelante las cuentas municipales. 

La formación de los de Abascal justifica este movimiento tras analizar los primeros cinco meses de aplicación de la ordenanza. Según Carvajal, la realidad social ha superado las previsiones iniciales y está generando un impacto negativo en la economía local que no se corresponde con el beneficio ambiental real. "Desde el grupo municipal VOX hemos condicionado la aprobación de los presupuestos a la creación de una mesa de estudio y de investigación para la supresión o suspensión del régimen sancionador", confirmó, antes de insistir en que las políticas climáticas impuestas desde Europa resultan "inocuas" para el medio ambiente pero lesivas para el tejido empresarial. 

El argumento central de VOX para exigir este cambio de rumbo radica en la "desproporción" de la medida. Aunque los estudios previos manejados por el equipo de gobierno indicaban que las restricciones "afectarían apenas a un 1% de los vehículos que transitan habitualmente por Valladolid", la percepción ciudadana es distinta. Carvajal alertó sobre un fenómeno de "autorrestricción" provocado por el miedo y el desconocimiento, especialmente entre la población de mayor edad. Existe "una confusión generalizada entre vehículos sin etiqueta y vehículos sin la pegatina" física de la DGT, lo que lleva a muchos ciudadanos a evitar el centro. "Eso está perjudicando mucho al comercio local, a la hostelería y a todo el tejido económico que sostiene y da vida a esta ciudad", argumentó la teniente de alcalde.

La formación admite que, pese a estar en contra de la ZBE, su implementación era obligada por la Ley estatal 7/2021 y por la necesidad de no comprometer las arcas municipales. El Ayuntamiento, cuya situación financiera Carvajal describió como "muy complicada", no podía permitirse "devolver los más de 60 millones en ayudas europeas y fondos del Gobierno recibidos". A esto se sumó, según reconoció, la presión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La portavoz de VOX recordó la "amenaza" explícita del titular del departamento y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien advirtió de que retiraría las subvenciones al transporte público -"fundamentales para los autobuses urbanos y bonos de tren"- si Valladolid no establecía esta zona restringida.

Sin embargo, para los socios de gobierno del PP, el cumplimiento de la ley no debe ser sinónimo de castigo económico al conductor. La propuesta de la mesa de trabajo busca armar una defensa jurídica y técnica que permita mantener la ZBE sobre el papel, cumpliendo los requisitos formales para no perder fondos, pero eliminando las multas. "Creemos que puede haber una Zona de Bajas Emisiones, incluso reducirla más, pero no tiene que penalizar al ciudadano. La pedagogía es mucho mejor que un régimen sancionador", defendió. 

La estrategia jurídica que plantea VOX se apoya en principios como la proporcionalidad y la seguridad jurídica. Carvajal aludió a la Ley 40/2015 y a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que permitirían suspender regímenes sancionadores por razones de interés público. Además, citó la creciente jurisprudencia que está anulando multas en otras ciudades por vulnerar el principio 'non bis in idem' (no ser sancionado dos veces por el mismo hecho) y por defectos de forma. También señaló la contradicción que supone multar a ciudadanos que, tal y como anunció recientemente Pedro Sánchez, podrían estar esperando ayudas estatales para renovar su vehículo.

La propuesta está ya sobre la mesa de Carnero. Según explicó Carvajal, el alcalde "tomó nota" de la exigencia y el Partido Popular se encuentra valorando la viabilidad de la medida. Los tiempos son ajustados, ya que la intención del PP es aprobar el proyecto de presupuestos en la junta de gobierno local de la próxima semana. "Espero que la respuesta sea en sentido positivo", señaló la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Valladolid, quien confía en la buena salud del pacto de gobierno y en la capacidad de entendimiento entre ambas formaciones. "Valladolid es un ejemplo de cogobierno. Cuando hay que llegar a acuerdos, ambas partes tienen que transigir", añadió.

Si los informes técnicos avalan la supresión de las multas, Carvajal cree que el Ministerio de Transportes tendría difícil materializar sus amenazas de retirada de fondos ante los tribunales. En caso de que la mesa de trabajo concluya que no es viable eliminar las sanciones, Carvajal aseguró que VOX seguirá trabajando para derogar la ley estatal, aunque su apoyo a los presupuestos presentes depende de que, al menos, se inicie este estudio de manera formal.

Para los de Abascal, la calidad del aire en Valladolid es "buena" y las verdaderas mejoras ambientales no pasan por restringir el tráfico, sino por otras medidas ya en marcha como la red de calor de Parquesol o la eficiencia energética industrial. "El impacto contaminante de un vehículo es mínimo en comparación con el de las calefacciones y el de la industria", sentenció Carvajal, quien apeló al civismo de los vallisoletanos y rechazó la necesidad de coaccionar mediante multas. La pelota está ahora en el tejado del Partido Popular, que debe decidir si acepta o no las exigencias de su socio de gobierno.