Rondilla sigue sin sede de la Seguridad Social diez años después de tirar el San Juan de la Cruz

El edificio que la Seguridad Social está levantando en el barrio de la Rondilla de Valladolid no logra recomponerse de los continuos incidentes que ha sufrido desde que comenzara su construcción y, a punto de cumplirse una década desde que se demoliera el colegio San Juan de la Cruz para liberar el terreno, esta oficina concebida para ayudar a los ciudadanos a resolver trámites telemáticos sigue sin estar operativa y, además, sin fecha para que abra sus puertas.

El proyecto ha estado salpicado de polémica desde el principio porque los residentes en el barrio querían que el Ayuntamiento, capitaneado entonces por León de la Riva, aprovechase el espacio para uso vecinal –un aparcamiento, un centro de salud o un centro de día, por ejemplo– pero finalmente pasó a manos del Ministerio y en agosto de 2016 se ejecutó el derribo el antiguo centro escolar.

Fue un año después cuando el entonces secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, presentó cómo sería esta nueva sede que comenzaría a funcionar en 2019 como punto de atención para que los funcionarios ayudaran a los ciudadanos con los trámites telemáticos relacionados con el organismo. Huelga decir que hay un abismo entre las expectativas y la realidad. Porque la realidad es que el edificio lleva años ‘en el chasis’.

Y es que, aunque comenzó a construirse en 2019, ha sufrido varios episodios de paralización, el último fechado hace casi un año. Desde entonces el Gobierno continúa trabajando en un nuevo proyecto que permita culminar por fin el inmueble.

Pero hay que esperar a que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ultime la redacción de los nuevos pliegos para contratar a una empresa que se encargue de terminar la ejecución, después de que en abril de 2025 optara oficialmente por renunciar al expediente que había puesto en marcha unos meses atrás con la intención de desbloquear este proyecto ‘en el esqueleto’.

En concreto, había calculado 5,7 millones de euros para rematar el inconcluso edificio y había previsto 16 meses de obras para lograr el objetivo, así que, si no se hubiera desistido en el procedimiento, ahora mismo tendrían que estar a punto de finalizar las obras. Nada más lejos de la realidad, porque no llegaron siquiera a contratarse por haber incluido en el expediente varios trabajos que ya estaban hechos.

En aquel momento, cuando el Ministerio que capitanea Elma Saiz optó por hacer ‘borrón y cuenta nueva’, desde el Gobierno explicaron que iniciarían un nuevo procedimiento de forma inmediata. Sin embargo, nueve meses después no hay visos de desbloqueo.

«Actualmente se está trabajando proactivamente en la revisión y actualización de la documentación técnica y administrativa necesaria para esta nueva licitación», destacó el Ministerio en respuesta a una solicitud de información a través del portal de la transparencia, antes de añadir que no cuenta todavía con una cifra de inversión ni con una estimación de plazos. «En esta fase de estudio y valoración aún no es posible concretar una fecha exacta para la publicación del procedimiento, ni establecer de forma definitiva el presupuesto base de licitación o su plazo de ejecución», añadieron.

Lo están revisando con lupa para «garantizar que la licitación del contrato cumpla con las máximas garantías jurídicas y técnicas». «Se busca desarrollar un procedimiento administrativo en condiciones óptimas, asegurando la plena seguridad y eficacia en el uso de los recursos públicos, conforme a los principios de transparencia, integridad y objetividad que rigen la contratación pública», alegaron para justificar que sigan trabajando y que no haya una propuesta definitiva del nuevo proceso, tras el batacazo del anterior.

Hay que recordar que en julio de 2024 la Seguridad Social reactivó los trámites de la construcción del edificio de la Rondilla, pero Trauxia, la empresa que resultó adjudicataria en 2019 y con la que el Ministerio estuvo tres años de litigios, puso un recurso al entender que en los nuevos pliegos se habían incluido partidas duplicadas.

Después de tres meses de estudio del caso, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales determinó que podía continuar el procedimiento de contratación pública, pero el Ministerio decidió finalmente volver a la casilla de salida tras constatar fallos. Efectivamente, había cinco partidas que ya estaban ejecutadas.

Reconocían que «la existencia fehaciente de partidas indebidamente incluidas [...] correspondientes a unidades de obra que ya estaban ejecutadas» afectaban a la «formulación del presupuesto», así que optó por comenzar de nuevo elaborar otros pliegos.

Cuando se publiquen se despejarán las incógnitas sobre los plazos de ejecución para que por fin esté operativa la sede de la calle Cardenal Torquemada, y se conocerá cuánto costará rematar el edificio. Aunque el proyecto inicial –ese envuelto en polémica por la presión vecinal para que se destinara a uso del barrio– elevaba la inversión a 6,7 millones de euros, las obras se sacaron a licitación en primavera de 2019 por 4,3 millones y se adjudicaron en otoño por 3,4 millones a Trauxia.

Prácticamente desde el principio hubo problemas entre el Ministerio y la empresa seleccionada porque el Ministerio impuso sanciones a la mercantil al constatar retrasos en la ejecución, pero Trauxia se negó a la resolución del contrato y el caso se elevó al Juzgado, que dio la razón al Ministerio.

Una vez resuelto este problema, la Secretaría General de la Tesorería General de la Seguridad Social sacó unos nuevos pliegos en el verano de 2024 con intención de rematar el edificio, pero Trauxia presentó un recurso al considerar que se incluían trabajos ya ejecutados y, aunque de nuevo la justicia desestimó su alegato y autorizó al Ministerio a continuar con los trámites, decidieron elaborarlos de nuevo y ahí siguen enfrascados.

A ver si en este caso se cumple el refrán y a la tercera va la vencida.