Una vallisoletana víctima de pederastia a Argüello: "¿Para qué han tardado tanto?"

La Iglesia Católica y el Gobierno de España alcanzaron este jueves un acuerdo histórico sobre la reparación a las víctimas de pederastia. Un convenio para crear un sistema mixto Iglesia-Estado con la participación de las víctimas para los casos en los que ya no se pueda acudir a la vía judicial porque los hechos han prescrito o sus autores han fallecido. Será la propia institución religiosa quien se haga cargo de la reparación. Un acuerdo que para Paula Alonso, vallisoletana víctima de abusos hace 52 años, «es una buena noticia». Esta víctima señala al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, que «este era el único paso digno» que podían dar los obispos.

«Estoy todavía un poco en shock, no me ha dado tiempo a digerirlo», apunta esta afectada en un primer análisis tras conocerse la noticia. «Tengo un poco la sensación de, ¿esto es verdad? Por todos estos años y por todo lo que hemos pasado somos desconfiados. Nos cuesta confiar. Nos han mentido muchas veces, nos han engañado muchas veces. Y no es fácil decir que vamos a echar las campanas al vuelo», remarca sobre esta noticia positiva para las víctimas.

Con esta firma entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y de Argüello, se acuerda que el sistema de reparación se hiciera «con la colaboración del Gobierno, del Defensor del Pueblo en este caso, y de las víctimas». «Y no la Iglesia por su cuenta», remarca Paula Alonso sobre esta petición cumplida que solicitaban las personas afectadas por abusos.

«En general es bastante satisfactorio. Está sobre el papel, la letra suena muy bien, suena bastante bien, es lo que habíamos pedido y parece que está bien planteado. Otra cosa es como luego ya se vaya implementando, qué pasos se van dando y que sean unos pasos ágiles», indica sobre este histórico acuerdo para las víctimas. Al estar conforme con lo pactado, reclama «que no se demore y no se empiece a regular ni nada por el estilo»: «En principio parece un acuerdo bastante positivo», recalca y sostiene que no «nada en falta» en el texto.

Un acuerdo que, pese a marcar un punto de inflexión entre las víctimas y la Iglesia, «llega tarde». «Lo tenían que haber aceptado, creo yo en el 2022 que es cuando el Defensor del Pueblo presentó su informe». «Se han estado negando, han estado dando largas y han estado engañándonos porque en las reuniones que teníamos con la Conferencia Episcopal decían que sí y luego ya que no. En fin, ha sido una cosa larga y complicada sin sentido», lamenta sobre la tardanza para llegar a este acuerdo.

Ante todo este tiempo que víctimas y asociaciones han dedicado para reclamar justicia a la Iglesia, Paula Alonso manda un mensaje a Luis Argüello: «¿Por qué demorarse tanto? ¿Qué es lo que pretendían? Han estado todo el rato como jugando, esto era lo único digno». Así, también le cuestiona al líder de los obispos en España si todo esto ha «merecido la pena: «Si ha merecido la pena todos estos años de pelear por algo que realmente no era sostenible. No era defendible».

«Para mí lo más importante es que la Iglesia escuche nuestras peticiones y nos reconozca sin poner trabas», apunta sobre lo más importante de este acuerdo y denuncia que, hasta ahora, los obispos «no han hecho más que un proceso de poner trabas y que ha sido largo, duro y que nos ha revictimizado». «Vamos a valorar positivamente que parece que por fin van a tener que contar con nosotros. No sé si lo habrán hecho a regañadientes, pero no pueden excluirnos como pretendían. Se va a acabar esa exclusión», remarca.

Tal y como aparece en el documento firmado, las compensaciones se deben basar en lo que pidan las víctimas. Más allá de lo económico, Paula reclamará que la pidan «perdón». 

«No ya en un acto público a todos, sino también desde cada congregación y con testigos. Un acto de reparación, de no reparación solo económico que en el fondo eso no es posible. Hay que decir que por mucho que paguen, nunca se da dinero bastante». Así, esta víctima en el colegio Maristas Inmaculada de Valladolid asegura que reclamará ese perdón «personalmente con testigos» que ella misma elija para que se disculpen «públicamente».

Este mecanismo acordado entre las tres partes llevará a la firma de un convenio en el plazo de un mes para formalizar los términos suscritos. A mayores, establece que «la Iglesia Católica asume la reparación de aquellas víctimas que no quieran acudir al PRIVA (Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos)».

Así, este mecanismo de reparación establece que la víctima sea quien inicie el proceso ante una unidad de tramitación del propio Ministerio. Este órgano asumirá «funciones de gestión del sistema de reparación». Esta unidad trasladará el caso en cuestión a la Unidad de Víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo (UVDP) que «llevará a cabo la valoración individualizada de las mismas y elaborará la propuesta de reconocimiento de la condición de víctima y su reparación», según recoge el propio acuerdo, y también se incluirá una propuesta de restauración espiritual y/o económica según lo que solicite cada víctima.

La propuesta se trasladará a la comisión de la Iglesia dentro de su Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (CRPIVA) que realizará la respectiva evaluación y se emitirá un informe. Si ambas partes, el CPRIVA y la víctima, están de acuerdo, la propuesta será definitiva. En el caso de que no haya un acuerdo, se convocará una Comisión Mixta para la Resolución de Controversias (CMRC), estará «compuesta por el número de personas que se acuerde» designadas por cada parte del convenio: Ministerio, Defensor del Pueblo e Iglesia. «Su función será alcanzar por unanimidad una solución en aquellos casos en los que la propuesta de la UVPD no obtenga tanto el informe favorable de la Comisión del PRIVA como la conformidad de la persona solicitante».

Una vez se haya llegado a una conclusión, será el turno de la Iglesia que deberá dar «cumplimiento a las medidas reparadoras que finalmente se contemplen en la decisión que resulte definitiva».