Carnero a Puente: "No hay motivo para disolver y romper el convenio de la integración ferroviaria"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aseguró este viernes que el Ayuntamiento defenderá la continuidad de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y del convenio que la sustenta en la reunión convocada para el próximo 24 de noviembre. Ese día se celebrarán la comisión de seguimiento y la junta general de accionistas donde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, tiene la intención de proponer formalmente la liquidación de la entidad. El regidor confirmó que la cita está fijada desde hace tiempo y anticipó la posición que mantendrá el consistorio en el encuentro: "Ya saben cuál es nuestra posición. Entendemos que no hay causa para disolver ni que nos tengamos que ir del convenio y así lo manifestaremos", declaró. 

La postura del Gobierno municipal, respaldada por el Ejecutivo autonómico, choca con la del titular de Transportes, Óscar Puente, quien, el mes pasado, anunció que Adif solicitaría la disolución de la SVAV ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento y la Junta para avanzar en la integración ferroviaria. El conflicto se centra en dos visiones opuestas. El Ministerio defiende el cumplimiento del convenio firmado en 2017, que proyecta una integración en superficie con túneles y pasos elevados. Por su parte, el Ayuntamiento y la Junta, que representan el 50% de la sociedad, apuestan por modificar ese acuerdo para retomar el proyecto de soterramiento de las vías.

El detonante de la crisis fue la negativa del consistorio a licitar las obras de integración en la zona de Ariza, una decisión que el equipo de Gobierno justificó por el posible "caos circulatorio" que su ejecución podría generar al coincidir con otras actuaciones en la ciudad, como es remodelación de la estación de tren. Para Puente, esa negativa supuso la ruptura definitiva del acuerdo. "El capítulo de la integración ferroviaria-soterramiento para el Ministerio de Transportes termina aquí", sentenció en la última reunión de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. 

Esta jornada decisiva tendrá dos partes. Primero, en la comisión de seguimiento del convenio, se espera que Adif denuncie formalmente el acuerdo por incumplimiento de uno de sus firmantes. El administrador de infraestructuras podría esgrimir la falta de pago por parte del Ayuntamiento de los 11 millones de euros correspondientes a la cuota de 2024.  Y el consistorio se defenderá con el argumento de que se acogió al silencio administrativo, lo que le permitió renegociar y fraccionar esa cantidad en diez anualidades.

A continuación, se celebrará la junta general de accionistas. En ella, la parte estatal, conformada por Adif y Renfe, pedirá la disolución de la SVAV al entender que, roto el convenio, el objeto social de la sociedad ya no existe. El Ayuntamiento y la Junta votarán en contra, con la baza de que esta entidad tiene otros fines, como la gestión de los suelos. El resultado previsible es un empate técnico en la votación, ya que cada bloque ostenta la mitad del capital.

Este bloqueo abocará el futuro de la integración ferroviaria a la vía judicial. Un juzgado de lo Mercantil deberá decidir si la disolución es pertinente. Si la resolución judicial fuese favorable a la disolución, se iniciaría otro proceso legal para liquidar la sociedad. Sobre la mesa está la gestión de una deuda de 400 millones de euros, que según el plan original debía ser amortizada con la venta de los suelos liberados por la operación, donde se preveía la construcción de alrededor de 5.000 viviendas.