Puente rechaza el recurso de Carnero y obliga a comprar 17 parkibicis pese a la poca demanda

El choque que mantienen el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Valladolid por los 17 parkibicis suma un nuevo capítulo. El departamento dirigido por Óscar Puente ha desestimado el recurso presentado por Jesús Julio Carnero en el que pedía modificar una subvención concedida al Consistorio para, en vez de comprar esos 17 garajes seguros para bicicletas, adquirir 14 sistemas autónomos fotovoltaicos para aparcamientos de bicicletas y tres parkibicis. Transportes ha dicho ‘no’ a esta solicitud y al Ayuntamiento solo le queda la opción de acudir al contencioso-administrativo.

La resolución de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible a la que ha tenido acceso este periódico deniega una vez más este cambio que pretende el Consistorio vallisoletano y apunta que se agota la vía administrativa: «Cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional». Ahora la pelota pasa al tejado de la Alcaldía y de la Concejalía de Tráfico y Movilidad para decidir si acudir ante la Justicia para no comprar estos garajes seguros para bicicletas al entender que la «demanda está bajando», tal y como reconoce el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas. De hecho, ya adelanta que si les obligan no realizarán la compra lo que conllevaría la pérdida de la subvención.

El Consistorio tiene de plazo para recurrir hasta principios de noviembre. Por el momento, la asesoría jurídica estudia el caso y habrá tomado una decisión hasta mediados de octubre, según indican fuentes municipales.

Este conflicto entre administraciones viene ya desde hace tiempo. El Ayuntamiento recibió la subvención ministerial el 17 de julio de 2023, un mes después de que Carnero tomara posesión como alcalde. Un dinero que se enmarcó dentro de la segunda convocatoria del Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe de 8,5 millones de euros.

Un año después, el 28 de agosto de 2024, el Ayuntamiento solicitó una serie de modificaciones en la subvención entre las que se encontraba un desarrollo informático para una aplicación de BIKI; la adquisición de cinco vehículos para personas con movilidad reducida (tras comprar 13 bicicletas);añadir un local en Recoletos para la implantación del servicio de bicicletas adaptadas;una ubicación en López Gómez para incluir espacios para la ciclologística; cambiar un carril bici de Arca Real por dos tramos en Mieses y calle Oro y los parkibicis de la discordia.

Las dos últimas modificaciones son las que no han contado con el visto bueno del Ministerio. En el primero de los casos, el de las vías ciclistas, el Ayuntamiento decidió afrontarlas con fondos municipales, pero no ocurre lo mismo con los garajes para bicicletas. Transportes entiende que «los cambios propuestos alteran la naturaleza y los objetivos de la subvención» y sostiene que «los planes de expansión de la red Parkibici ya estaban previstos y detallados en la documentación inicial, por lo que no es un hecho acaecido a posteriori de la solicitud de ayudas».

El Ministerio defiende que cambiar los 17 garajes para bicicletas por solo tres infraestructuras y los 14 sistemas fotovoltaicos sería «contradecir el objetivo inicial de crear una oferta suficiente para fomentar el uso de la bicicleta, desviándose del objetivo de la subvención y alterando partidas presupuestarias originales».

El Ayuntamiento argumenta que no quiere comprar esa cantidad de parkibicis porque la demanda del servicio está estancada y podría provocar que se utilizase menos esta red de garajes que cuenta tras las recientes incorporaciones con 40 unidades para 692 plazas pese a la poca demanda que tienen.

Un razonamiento que no compra el equipo de Óscar Puente: «La variabilidad de la demanda era un factor anticipado desde el inicio, y no se justifica causa-efecto entre el estancamiento de la demanda y la sustitución de aparcamiento seguro por desarrollo de software y sistemas fotovoltaicos propuestos».

La Concejalía entiende que si adquiere esos 17 garajes para bicicletas van a estar vacíos y no se van a usar. Por ello, pide esos 14 paneles fotovoltaicos con la intención de poder cambiar las ubicaciones de algunos parkibicis ya instalados sin tener que engancharse a la red eléctrica.

En su escrito de 18 folios, la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible desgrana su negativa a aceptar la petición del Ayuntamiento. Así, entienden que «esta reconfiguración implica un cambio en la naturaleza técnica del equipamiento». «El hecho de que el propio Ayuntamiento presentara una solicitud de modificación de alcance con estas propuestas (los 17 parkibicis y el carril bici de Arca Real) evidencia que el propio beneficiario consideraba que se trataban modificaciones de alcance», sostienen desde Madrid. De igual manera, argumentan que «la instalación de paneles solares en aparcabicis no incide de forma directa en ninguno de esos objetivos funcionales. No reduce emisiones por sí misma, no amplía ni mejora la infraestructura ciclista, no electrifica el transporte urbano ni digitaliza sistemas de movilidad».

En último lugar, se acoge a un análisis de los usos y usuarios de Parkibici del propio Consistorio: «Se ha constatado un estancamiento en el número de usuarios (en torno a 500) y una tendencia descendente en los usos». El Ayuntamiento, según el documento ministerial, aportó una tabla con datos de personas usuarias de la red y un gráfico sobre peticiones de la ciudadanía para implementar nuevas ubicaciones: «Estos datos reflejan una estabilización relativa en la demanda (...) no existe causa sobrevenida que justifique la sustitución de los módulos de aparcamiento por sistemas autónomos fotovoltaicos».