La Zona de Bajas Emisiones reduce un 20% el paso de coches por el centro de Valladolid

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid cumple sus dos primeras semanas de funcionamiento con una caída del 20% en el número de vehículos que acceden a este perímetro de 1,1 kilómetros situado en la almendra central de la ciudad. Sin embargo, los conductores que han infringido la ordenanza todavía no han recibido ninguna multa. El Ayuntamiento se encuentra inmerso en la tarea de cruzar las matrículas captadas por las cámaras con la base de datos de exenciones y con los registros de los aparcamientos, un proceso necesario antes de emitir las primeras sanciones.

El cambio en los hábitos de movilidad se refleja en los datos. Si en la última semana de junio, justo antes de que el sistema sancionador se activase, la media de accesos diarios superaba los 25.000 vehículos, con picos como el del lunes 23 de junio, con 26.038 coches, la primera semana de julio muestra una realidad distinta. La cifra se ha estabilizado en torno a los 20.800 vehículos diarios en jornadas laborables, lo que supone la reducción de unos 5.000 trayectos del casco histórico cada día.

Sin embargo, dentro de este nuevo flujo, el sistema detecta un goteo constante de vehículos que, en teoría, no deberían circular por la zona. Cada día, cerca de un millar de coches sin etiqueta cruzan la línea invisible de la ZBE. El lunes 7 de julio se registraron 1.005 de estos accesos y el martes 8, la cifra ascendió a 1.074, según los datos de la Concejalía de Tráfico y Movilidad facilitados a este periódico. Este es el conjunto de matrículas que ahora se somete a un filtro administrativo para discernir los accesos justificados de las infracciones reales.

Para quienes finalmente resulten infractores, la consecuencia económica es clara. La ordenanza tipifica la entrada no autorizada como una infracción grave, castigada con 200 euros de multa, que se reducen a 100 por pronto pago.

La principal 'vía de escape' para los conductores de vehículos contaminantes sin exención es el uso de los aparcamientos. Si un vehículo no autorizado entra en la Zona de Bajas Emisiones y, en un tiempo razonable, accede a un parking público o privado, el registro de su matrícula en la barrera anula la posible sanción. Pero la verdadera complejidad de la norma reside en la extensa red de permisos y autorizaciones.

El grupo más numeroso de beneficiarios es el de los residentes empadronados dentro del perímetro, que si son titulares de su vehículo, disfrutan de acceso automático. Sin embargo, la casuística se ramifica para quienes, aun viviendo en la zona, utilizan coches de renting, de empresa, en usufructo, o disponen de una plaza de garaje, ya sea en propiedad o en alquiler. Todos ellos deben registrar sus vehículos en la plataforma digital del Ayuntamiento –zbe.www.valladolid.es–, pudiendo asociar hasta dos matrículas distintas por cada plaza de garaje.

En paralelo, la ordenanza ha creado un sistema donde la responsabilidad del trámite recae en terceros para facilitar la vida al ciudadano. Los residentes con tarjeta de la ORA no tienen que hacer nada; es la empresa gestora del servicio quien se encarga de comunicar las matrículas autorizadas. Los hoteles y alojamientos turísticos siguen un protocolo similar, remitiendo los datos de los vehículos de sus clientes. Lo mismo ocurre con los centros educativos, que recopilan las matrículas de los padres de alumnos menores de 16 años para gestionar un permiso colectivo que cubre los trayectos de ida y vuelta durante el periodo lectivo.

La norma también demuestra flexibilidad para las necesidades del día a día. Se contemplan autorizaciones temporales para acceder a talleres mecánicos o para acudir a citas en hospitales, centros de donación o clínicas veterinarias. En estos casos, el conductor puede realizar el trámite hasta cinco días después del acceso, aportando el justificante correspondiente. Este paraguas protector se extiende a servicios esenciales como mudanzas o servicios funerarios. Los servicios públicos, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta los vehículos de limpieza, bomberos, Protección Civil o ambulancias, tienen, por supuesto, acceso ilimitado. También lo tienen los vehículos acreditados que prestan servicios de urgencia en la vía pública para reparar averías de suministros de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones.

La vertiente social de la norma se manifiesta en exenciones para colectivos vulnerables. Pueden circular libremente los vehículos destinados al traslado de personas con tarjeta de movilidad reducida o al transporte colectivo de personas con discapacidad. También se ha habilitado un permiso para unidades familiares con ingresos anuales inferiores a 1,3 veces el IPREM (9.360 euros), con un solo vehículo autorizado por familia. Las familias numerosas de categoría especial también están exentas y pueden registrar todos los vehículos de la unidad familiar.

Este entramado normativo es, sin embargo, solo el punto de partida. El plan municipal contempla un endurecimiento progresivo: en 2028 se prohibirá el acceso a los vehículos con etiqueta B y en 2030, a los de etiqueta C. A pesar de este recorrido, el modelo ha nacido bajo la sombra de la batalla judicial. Ecologistas en Acción ha llevado la ordenanza a los tribunales al considerarla un «fraude de ley», un «coladero» con un perímetro demasiado reducido y tantas excepciones que, a su juicio, la invalidan como una herramienta eficaz para mejorar la calidad del aire.

Cabe recordar que la Zona de Bajas Emisiones afecta, sobre todo, al casco histórico. Las calles que delimitan este perímetro incluyen plaza de Zorrilla, María de Molina, Doctrinos, paseo de Isabel la Católica, San Quirce, Esteban García Chico, plaza de San Pablo, Cardenal Torquemada, Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, Chancillería, Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, plaza del Colegio de Santa Cruz, Merced, Pedro Barruecos, Alonso Pesquera, plaza de la Cruz Verde, Labradores, Acibelas, Cadena, Párroco Domicio Cuadrado, Vega, Panaderos, plaza de España y Miguel Íscar.

Además, aunque muchos conductores están adquiriendo la pegatina de la DGT para el parabrisas, no es necesaria. La obligatoriedad de llevar el distintivo ambiental visible es un falso mito en Valladolid. El sistema de control es digital, no visual. Las 28 cámaras instaladas en los accesos no leen pegatinas; leen matrículas. Es el número de la placa el que viaja de forma instantánea a la base de datos de la Dirección General de Tráfico. Y es allí, en ese registro oficial, donde se determina si un vehículo, por su fecha de matriculación, carece de etiqueta ambiental y, por tanto, tiene el paso prohibido.