PP y Vox sacan adelante la ordenanza ciclista de Valladolid y la oposición critica que solo "busca sancionar"

La mecha en la política municipal vallisoletana prende con  facilidad. Sin embargo, este lunes, el salón de plenos del Ayuntamiento parecía dispuesto a albergar un debate más sosegado, donde las ideas se impusieran al tono bronco que con demasiada frecuencia protagoniza estas citas. La defensa de las primeras resoluciones transitó por esa senda de aparente calma. No obstante, la vehemencia de la portavoz del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez, no tardó en devolver la sintonía habitual. A partir de ese instante, la segunda parte del debate sobre el estado de la ciudad, continuación del celebrado la semana pasada, se vio salpicada por las habituales coletillas y reproches cruzados entre el equipo de Gobierno (PP y Vox) y los grupos de la oposición (PSOE y Valladolid Toma la Palabra).

Seis horas dan para mucho, incluso para hacer un receso y compartir sonrisas y fotografías con los campeones del VRAC, que ofrecían a la ciudad su séptima Copa del Rey de rugby. Pasada la una y media de la tarde, el presidente del pleno, el alcalde Jesús Julio Carnero, convocaba a los portavoces. En un visto y no visto, el acuerdo fue unánime: el debate se detenía para recibir a los héroes del oval. Ni un pero, ni una objeción. Un oasis de concordia antes de regresar al fragor de la batalla dialéctica y continuar con el orden del día.

Uno de los puntos candentes de la jornada fue la aprobación inicial de la nueva ordenanza municipal que regulará el uso de la bicicleta y la movilidad por carriles especiales. El texto, impulsado por el equipo de Gobierno de PP y Vox, salió adelante con los votos favorables de ambas formaciones, la abstención del PSOE y el rechazo frontal de Valladolid Toma la Palabra.

La norma incorpora leves modificaciones respecto a su borrador inicial, incluyendo dos enmiendas de adición del Partido Popular. Estas especifican que los usuarios que circulen con bolsas o mochilas de carga, como es el caso de los repartidores de comida a domicilio, deberán instalar en ellas elementos luminosos o retrorreflectantes para mejorar su visibilidad.

La oposición no tardó en cargar contra la nueva normativa. Luis Vélez, concejal del PSOE, la calificó como "una ordenanza sin consenso que nace de una tumbada por la justicia", en referencia a la anulación judicial de la anterior. Para el edil, esta regulación supone "un paso atrás para construir una ciudad sostenible", al tratarse de "una norma restrictiva que busca sancionar y prohibir". 

El soterramiento, eterno debate

Entre las veinte proposiciones debatidas, una del Partido Popular volvió a poner sobre la mesa el debate del soterramiento. La propuesta, aprobada con los votos de PP y Vox, insta a solicitar a Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) la elaboración de un nuevo informe multicriterio sobre la viabilidad del soterramiento mediante la técnica de muros pantalla, reasignar las aportaciones económicas de los miembros ante el "exceso de tesorería" de la sociedad y modificar el propio convenio para incorporar nuevas actuaciones.

"Saber cuánto puede costar, cuándo se puede hacer", resumió  Jiménez la intención de su grupo. La reacción de la oposición fue inmediata. Vélez acusó al equipo de Gobierno de "tapar su incompetencia para resolver problemas reales con el soterramiento" y de "pedir un estudio que existe y ya se hizo". La portavoz de Toma la Palabra, Rocío Anguita, añadió que "los vecinos piden que la integración ferroviaria continúe de forma inmediata, quieren un proyecto real y no paralizar la ciudad otros treinta años".

Esta insistencia del Ayuntamiento choca con la postura del Gobierno central. Ya en marzo, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, desechó la realización de dicho informe multicriterio, antes de argumentar que no correspondía a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y que ya existía un documento "completo" y "contundente" de los ingenieros de Adif al respecto. 

El debate sobre enterrar las vías del tren trascendió este punto e impregnó gran parte de la sesión. El portavoz socialista Pedro Herrero lanzó duras acusaciones contra Carnero: "Se está riendo de los vecinos". En este punto, recordó las promesas del alcalde sobre el soterramiento y su dimisión, contrastándolas con sus declaraciones más recientes. "Hace dos años dijo que si no soterraba dimitiría y hace una semana señaló que no, que dimitirá cuando comience el soterramiento. Dice que el proyecto de la integración es un fracaso y el mismo día aprueba un nuevo paso bajo las vías. Y dice que no se opone a la construcción de la nueva estación de tren, pero al mismo tiempo tiene contratado un bufete. Es el peor alcalde que ha conocido esta ciudad", sentenció Herrero.

Carnero, por su parte, evitó la confrontación directa, y puntualizó:  "En el enfrentamiento no me van a encontrar" y defendió las actuaciones de su equipo de Gobierno, como la intervención en el viaducto de Arco de Ladrillo.

La única propuesta de Valladolid Toma la Palabra que prosperó, y lo hizo por unanimidad, fue la relativa a la movilidad. El Ayuntamiento se comprometió a desarrollar de forma urgente un estudio sobre las líneas, paradas y frecuencias del servicio de transporte público de Auvasa, en el que se valore mejoras en cada barrio, y a mantener la renovación de la flota y el personal. Sin embargo, sus otras cuatro iniciativas sobre vivienda, presupuestos participativos, servicios sociales e integración ferroviaria fueron rechazadas por PP y Vox. Víctor Martín (Vox) calificó estas propuestas de "aportar muy poco", mientras Rodrigo Nieto (PP) acusó a Valladolid Toma la Palabra de persistir en "un modelo de ciudad que es un error".

El debate sobre la vivienda adquirió especial virulencia al tratar las propuestas de los de Abascal, que pedían potenciar el asesoramiento en casos de okupación e instar al Gobierno a proteger la propiedad privada. Jonathan Racionero, concejal de Valladolid Toma la Palabra, cuestionó que se vincule la okupación con el colapso del mercado inmobiliario. Jiménez replicó que "las personas que tienen una segunda vivienda tienen miedo a ponerla en alquiler" precisamente por la okupación. Juan Carlos Hernández (PSOE) se sumó a la crítica: "Solo a ustedes (Vox), a la señora Blanca Jiménez y a los de Desokupa se les ocurre relacionar el colapso del mercado con la okupación". Irene Carvajal (Vox) defendió que "el Gobierno ha aprobado una Ley que favorece el delito de la okupación".

Entre las resoluciones aprobadas por PP y Vox también figuran reclamar al Gobierno un plan de emergencia para el aeropuerto de Villanubla, reiterar el desarrollo de los terrenos del antiguo cuartel de La Rubia para viviendas públicas, avanzar en la bajada de impuestos municipales (con la cautela de no afectar la situación financiera), priorizar ayudas al alquiler para jóvenes en los presupuestos de 2026, y exigir al Ministerio de Transición Ecológica un plan de saneamiento para las aguas del Pisuerga. Muchas de estas, hasta ocho de las once aprobadas, dirigen sus exigencias al Gobierno de España.

El regidor lamentó el voto en contra de la oposición a propuestas que, a su juicio, benefician a Valladolid, como la reclamación de financiación estatal o el impulso al soterramiento. "El PSOE ha votado que no a que llegue el dinero que nos corresponde", afirmó antes de tildar la actitud de la oposición de "despropósito".

El pleno también regularizó de forma definitiva la figura del coordinador de Políticas Públicas, Indalecio Escudero, cargo que la oposición define como el "alcalde B". Se denegaron las alegaciones interpuestas contra la modificación del reglamento, un punto que también generó tensión. Anguita lo calificó de "despropósito legal" para dar "cobertura a una ilegalidad", mientras Hernández habló de "comisariado político" al servicio del "único interés personal" de Carnero. Carvajal y Francisco Blanco (PP) defendieron la legalidad y necesidad de la figura para modernizar y dar soporte a la Alcaldía.