Carnero pasa a la ofensiva contra Puente y trata de frenar la nueva estación de trenes en los juzgados

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, pasó este martes a la ofensiva contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y tratará de frenar la nueva estación de trenes en los juzgados. 

La Junta de Gobierno Local aprobó la interposición de un recurso contencioso-administrativo en relación con la aprobación del proyecto de la remodelación de Campo Grande, "sin que en este momento se plantee la solicitud de ninguna medida cautelar que pueda dificultar la ejecución de la obra", según recoge el comunicado del Ayuntamiento de Valladolid. 

Desde el Consistorio, señalan que se han dirigido en "varias ocasiones" a Adif a fin de que se le notifique fehacientemente la aprobación del proyecto de construcción de la estación.

A pesar de todo, según explican en la citada comunicación, el gestor de infraestructuras ferroviarias "no ha notificado al Ayuntamiento de Valladolid el acuerdo de aprobación del proyecto de construcción de la estación, ni el régimen jurídico de los recursos que pudieran interponerse". 

Además de las cuestiones técnico-jurídicas que se han venido poniendo de manifiesto a Adif en los distintos informes negativos realizados por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Valladolid, "los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran que la iniciativa del ADIF-AV constituye una omisión de las exigencias que la propia Ley del Sector Ferroviario requiere para una actuación similar, y supone un desconocimiento consciente de las competencias y facultades municipales urbanísticas que afectan a un elemento tan significativo como es el entorno de Campo Grande, sin tener en cuenta las secuelas para la movilidad urbana".

Por ello, añaden en el comunicado, la Ley del Sector Ferroviario exige un Plan especial de ordenación de la zona de servicio ferroviario cuando como en este caso no solo se van a ejecutar infraestructuras ferroviarias.

"El proyecto de construcción contiene actuaciones que van más allá de lo que se considera infraestructura ferroviaria como son definidas en el art. 3 de la LSF y en el Anexo IV de la Ley del Sector Ferroviario. Basta con la mera lectura de la Memoria del proyecto de construcción donde se enuncian y describen las actuaciones previstas en el proyecto: oficinas con acceso independiente desde la pasarela de acceso y con salida directa a la calle, pasarela de acceso a la estación con su propia volumetría; locales comerciales dentro de la estación y en el resto de las edificaciones previstas, aparcamiento subterráneo en cuatro niveles con 605 plazas y tres estaciones de lavado de vehículos, para llegar a esta conclusión. Todas estas actuaciones no se pueden reconducir al concepto de ‘infraestructuras ferroviarias' sino que son verdaderas actuaciones edificatorias y de implantación de usos comerciales o de equipamientos, que requieren de la previa aprobación del Plan Especial de ordenación de la zona de servicio ferroviaria al que se refiere el art. 10.2 de la Ley del Sector Ferroviario", subrayan.

Y es que, tal y como confirman, la construcción de la estación con las actuaciones previstas en el proyecto implica "una intervención física y edificatoria en la ciudad, al margen de cualquier planeamiento y basado sólo en la inmediata aplicación del art. 7 de la LSF, lo que no se ajusta a Derecho".

Anuncio en el pleno municipal

Cambio de guion en el Ayuntamiento de Valladolid. Lo que hace unos meses parecía una inversión bienvenida, ahora se ha convertido en motivo de disputa judicial. El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha confirmado este martes que el Consistorio plantará batalla en los tribunales contra el proyecto de la nueva estación de trenes, la propuesta estrella del ministro de Transportes y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente.

La confirmación llegó durante la reanudación del Pleno municipal de abril, interrumpido el lunes por un apagón masivo. En respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Pedro Herrero, sobre la contratación de un bufete de abogados de Madrid para frenar la remodelación de Campo Grande si chocaba con el soterramiento, el regidor tomó la palabra para dejar clara su nueva postura.

Aseguró que tanto él como su equipo de Gobierno "van a defender siempre los intereses de la ciudad". Y aunque no reniega de la necesidad de una nueva terminal –"Sí a la estación de trenes", afirmó–, anunció que defenderá "en los tribunales" la posición "de la ciudad". El objetivo: que el Ayuntamiento tenga voz y voto en decisiones que, subraya, "afectan" a los vallisoletanos, más allá de los "aspectos meramente ferroviarios".

Detrás de esta ofensiva judicial late la sombra del soterramiento. Aunque Carnero no lo mencionó explícitamente en esta intervención como requisito indispensable, la maniobra busca, en la práctica, evitar que la estación diseñada por el departamento de Puente cierre la puerta definitivamente a enterrar las vías en el futuro. Un giro notable, considerando que el propio alcalde había calificado anteriormente la inversión (de más de 250 millones de euros) en la estación como positiva para Valladolid y había asegurado que no intentaría frenarla.

Mientras Carnero anunciaba la vía judicial, su concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, confirmaba que el Ayuntamiento sigue adelante con sus planes para el soterramiento. Se está preparando la licitación del "estudio multicriterio" para analizar la viabilidad de soterrar usando la técnica de muros pantalla.

En este punto, lamentó la falta de colaboración del Ministerio, reprochando a Puente ser "un ministro absolutista que bloquea cualquier capacidad de diálogo". Según el edil, se propuso investigar conjuntamente soluciones para soterrar, pero ante la negativa del Gobierno central –que "no asume la responsabilidad"–, el Ayuntamiento financiará el estudio en solitario. Zarandona incluso ironizó sobre las palabras de la ministra Ana Redondo, quien dijo que Puente era "el alcalde de Valladolid desde Madrid", interpretándolo como la actitud de un "alcalde-ministro absolutista".

Desde la bancada socialista, Pedro Herrero devolvió las críticas. Acusó al equipo de Gobierno de sumar "dos años de retraso" con el estudio del soterramiento, recordando que Carnero prometió en campaña "paralizar la integración" en seis meses. "¿Dentro de dos años van a decir que ya casi tienen el estudio?", se preguntó Herrero, acusando directamente a Carnero de "intentar boicotear la construcción de la nueva estación de tren" y de arriesgarse a "hacer perder cuatro años" a la ciudad.