El Supremo ratifica las penas de 72 años de cárcel por el crimen de la Circular de Valladolid
Confirma la sentencia dictada por el TSJCyL contra los seis encausados y a su vez rechaza el recurso presentado por el hijo de la víctima, que pedía una condena por delito de asesinato
Una imagen de archivo el crimen de la Circular. EP
Los seis implicados en el denominado ‘Crimen de la Circular’ han sido condenados a 11 años y 6 meses de prisión por la tentativa de robo y el homicidio de la septuageneria María A. como consecuencia del asalto que tres de ellos perpetraron en su domicilio. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en junio de 2022, por lo que desestima los recursos de casación que habían presentado los seis encausados, y también desestima el recurso de Jesús Ángel Aragón Aguña, hijo de la víctima, que solicitaba una condena por delito de asesinato.
Los condenados son el protésico vallisoletano Rubén A.R. y los ciudadanos de origen búlgaro Arso A.I, Emil A.M, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, quienes habían recurrido ante el TSJCyL y que vieron cómo la Sala de lo Civil y Penal de dicho tribunal, con sede en Burgos, les absolvía del delito de pertenencia a grupo criminal y les habían caído dos años y medio pero, por otro lado, les halló culpables de un delito de detención ilegal y les impuso otros cuatro años, tal y como había solicitado la acusación particular.
El fallo, por tanto, supuso elevar de diez a once y medio la pena privativa de libertad para cada uno de los seis encausados. Es decir que cumplirán entre los seis una pena de 72 años de cárcel. La sentencia de la Audiencia de Valladolid acordó imponer a los acusados un total de diez años, a razón de cuatro por delito de lesiones en concurso con homicidio imprudente, otros tres años y medio por robo en casa habitada en grado de tentativa y dos años y medio más por un delito de pertenencia a grupo criminal, aunque les absolvió de la detención ilegal. El fallo incluye la obligación de que los seis, de forma conjunta y solidaria, de indemnizar con 40.000 euros a cada uno de los tres hijos de la fallecida. La Fiscalía había solicitado para cada uno de ellos catorce años y medio de cárcel, las acusaciones particulares entre dieciséis y medio y doce y las defensas tres años y nueve meses.
El juicio, que duró nueve largas jornadas, se celebró el 2 de noviembre de 2021, analizando los hechos que tuvieron lugar el 17 de octubre del 2018, cuando el domicilio de la septuagenaria María A, sito en la Plaza Circular de Valladolid, fue asaltado por tres varones de origen búlgaro, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, siguiendo las instrucciones que les había dado el empresario protésico vallisoletano Rubén A.R.
Este último, con información privilegiada "del entorno familiar" de la fallecida, que, en principio, situó como principal sospechosa a la entonces pareja del hijo de la víctima, pues conocía la existencia de grandes cantidades de dinero y joyas guardadas en una caja fuerte en el inmueble, así como los hábitos de la propietaria. De ahí que se concertara con el búlgaro Arso A.I, su "lugarteniente", para que éste, a través de Emil A.M, de la misma nacionalidad y en el papel de "intermediario", reclutara a otros tres compatriotas para la comisión material del robo.
Como ya se publicó, el robo, sin embargo, se complicó y los tres autores del asalto acabaron con la vida de la anciana que falleció a causa de una insuficiencia cardiaca, tras golpearla y dejarla maniatada y amordazada al abandonar de forma precipitada el inmueble, sin que hubieran obtenido el botín perseguido.
Con carácter previo al asalto, Emil A.M. se había encargado de recoger a primera hora de la mañana a los 'sicarios' en sus respectivos domicilios, Antón A.M. en la zona de Peñafiel y a los Gabriel, cuñados entre sí, en la zona de Medina de Rioseco, para trasladarles en su vehículo hasta un local de Rubén A.R. en la capital vallisoletana.
Allí, el empresario y "autor intelectual" del robo se encargaría de dar las instrucciones al resto y de aleccionarles sobre dónde tenían que buscar y cómo tenían que proceder con la moradora, a la que debían dejar inmovilizada mientras registraran el inmueble, tal y como han reconocido dos de los participantes, Antón y Gabriel E.K, únicos encausados confesos.
La resolución del Tribunal Supremo condena al pago de las costas de los recursos a los seis acusados y notifica a las partes la sentencia, sin posibilidad de que haya nuevos recursos. La Audiciencia Provincial prorrogó en diciembre la prisión para los condenados, al existir riesgo de fuga.