Piden 3 años de cárcel para el guardia civil investigado por la trama de favores
La AUGC solicita también su inhabilitación para el desempeño de un cargo público por un periodo de ocho años y cuatro meses
Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid donde trabajaba el principal agente investigado. EL MUNDO
Un pequeño avance en el caso del guardia civil investigado por su presunta implicación en una trama de favores hacia una decena de empresarios en el marco de la Operación Rosado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada en la causa como acusación popular, solicitó a principios del mes de julio una condena de tres años de prisión para J.C. C. a través de un escrito de calificación provisional.
En este documento aparecía una pena privativa de libertad para el agente de 18 meses por revelación de secretos, nueve meses por tráfico de influencias y nueve meses por revelación de secretos y su inhabilitación para el desempeño de un cargo público por espacio de ocho años y cuatro meses, según informaron fuentes jurídicas, antes de añadir que la Fiscalía de igual forma ha remitido su escrito de calificación provisional.
Ahora, la defensa tiene 10 días para responder. El siguiente paso será el juicio que, tal y como indican las mismas fuentes, «no tiene fecha y se demorará más por la situación de pandemia» . La investigación de los hechos ha corrido a cargo del Juzgado de Instrucción número 1. En la causa también está personada, en calidad de acusación popular, la Unión de Oficiales.
El juzgado concluyó a principios de 2019 la investigación de las supuestas ‘ayudas’ del agente de la Benemérita J.C.C. a constructores, bodegueros y hosteleros de la provincia. Estas colaboraciones consistían en modificar la identidad de los conductores en sanciones de tráfico a cambio de regalos y dinero que entregan los empresarios al principal encausado. De igual manera, a cambio de dádivas, habría facilitado información y favorecido con gestiones en diferentes organismos , aprovechándose para ello de su condición de servidor público, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de las conversaciones telefónicas que pinchó el Cuerpo Nacional de Policía al teléfono del guardia civil J.C.C. de manera inicial por la Operación Rosado por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y colaboración con banda criminal en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de 47 personas.
La investigación, centrada en el clan de Los Varela del barrio España, dio paso a ésta que gira alrededor del trato de favores. Según recoge el auto de transformación en Procedimiento Abreviado, el agente de la Benemérita influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones «incompatibles con su condición» de agente de la autoridad .
Las grabaciones, explican fuentes jurídicas, reflejan «la potestad que hacía gala J.C.C. frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad» y de que realmente realizara gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación.
En el auto también figura que el guardia civil J.C.C. accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y «vendía» esos datos a otros , llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal. Asimismo, la resolución anota que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico. Incluso el juez sospecha de que podría haber beneficiado a un constructor en la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León.