Justicia paga los 185.000 euros que debía a 460 letrados del Turno de Oficio

El Ministerio de Justicia ha abonado en las últimas horas a los más de 2.400 abogados del Turno de Oficio de Castilla y León los 780.000 euros que les adeudaba por los asuntos tratados durante el mes de octubre y reconocidos como Justicia Gratuita.

Representa prácticamente el 20% de los cuatro millones de euros que el Gobierno debía a los colegios de abogados de la denominada ‘Zona Ministerio’, es decir de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, por ser las únicas autonomías donde las competencias de Justicia no están transferidas.

Solo en Valladolid, el pago ha supuesto 185.000 euros para un colegio conformado por aproximadamente 460 letrados que voluntariamente actúan como abogados de oficio, según los datos facilitados por el responsable del Turno de Oficio de Valladolid, Javier Martín, quien remarca: «Con ello se ve que no tocamos a mucho».

Los retrasos no son una novedad para los letrados del Turno de Oficio. «Desde que el Ministerio paga por meses, hemos tenido muchos problemas, sobre todo a final de año por aquello de tener los presupuestos prorrogados», explica Martín. Ya en marzo del pasado año más de 7.000 abogados de Castilla y León denunciaron atrasos de cuatro meses. «Ahora falta ver si pagan noviembre», apostilla Martín.

Lo que sí es novedad es la amenaza del Gobierno de sólo pagar aquellos expedientes que han sido reconocidos con el servicio de Justicia Gratuita por carecer el defendido de recursos económicos. Dejaría sin abonar, de esta forma, aquellos expedientes que el abogado de guardia está obligado a defender por «mandato legal» si al final no entra dentro de los parámetros de la Justicia Gratuita.

Si la Administración de Justicia me obliga a prestar un servicio, al menos que me lo paguen», reclama Martín, quien calcula que se quedaría sin pagar, por tanto, «alrededor de un 10% de los casos» atendidos por los abogados de oficio de su propio colegio.

«Y es que, tal y como explica, en los casos penales son los juzgados o los centros de detección quienes llaman directamente al letrado que esté de guardia para que asista al detenido que no tiene abogado propio».

En esos casos, «el funcionario del juzgado o de la policía no sabe de antemano si esa persona tiene ingresos suficientes o no para acogerse al servicio de Justicia Gratuita».

El letrado de guardia tiene la obligación de acudir y asistir, pero si la persona luego no acredita su falta de ingresos o no presenta una ristra de documentos que lo acredite, el abogado quedará sin cobrar si al final el Ministerio impone su criterio.

La dificultad no está en quienes tienen ingresos económicos importantes. En esos casos, «se buscan su propio abogado». Ni siquiera en aquellos que sí tienen recursos porque los abogados de guardia pueden reclamarle al final el dinero.

El problema, según expone Martín, surge en «ese grupo intermedio» de población a los que a veces se les deniega el servicio de justicia gratuita por lo que se llama ‘signos externos’, es decir que aunque sus ingresos sean inferiores a lo que dice la Ley de Justicia Gratuita, tiene dos viviendas o unos terrenos en el pueblo.

«A esas personas es imposible cobrarlas porque no tienen liquidez y los jueces no son partidarios de embargarles sus bienes», añade, apuntando otro ejemplo: el de los delincuentes callejeros que son insolventes, pero el Ministerio les deniega la asistencia por «no colaborar, al no querer aportar la documentación requerida o no firmar la solicitud de la Justicia Gratuita».

¿El resultado? «El que se queda sin cobrar es el abogado», denuncia Martín, de ahí que exija al Ministerio de Justicia que asuma el pago al completo del turno de oficio por designación judicial, independientemente de si los expedientes han sido reconocidos o no dentro del servicio de Justicia Gratuita. «Si al final se ve que tenía ingresos, devolveríamos el dinero», sugiere.

Los abogados de guardia no solo asisten al detenido. También deben rellenar la solicitud de la asistencia gratuita y reclamarles sus datos personales, sus ingresos... Preguntas que llegan «en el peor momento posible» para la persona, apostilla Martín.

«Imagínate una persona que lleva toda la noche detenido en el calabozo, sin cordones, sin cinturón, desaliñado, y le dices que te tiene que dar sus datos para tramitar el beneficio de la Justicia Gratuita».

«Yo hago mi trabajo como abogado de oficio y, aparte, un trabajo burocrático para la Administración», subraya Martín, quien, pese a todo, se muestra muy satisfecho de ser uno de los 460 abogados de oficio que hay en Valladolid. «Es una parte de la conciencia social de la abogacía; ayudar a la gente que no tiene recursos o está en una situación de vulnerabilidad. Cada uno ayuda lo que puede desde su parcela», alega, convencido de que ninguno de sus compañeros está en el Turno de Oficio por dinero, «Económicamente o da para vivir de ello, al menos en Valladolid. No sé si en Madrid en temas de Extranjería».

Como responsable del Turno de Oficio en Valladolid, descarta movilizaciones, al menos mientras esté abierta la mesa de negociación que la anterior ministra, Dolores Delgado, anunció que abriría este mismo mes con el Consejo General de la Abogacía Española para tratar de llegar a una solución. «Hay que arreglar las cosas hablando, no presionando, otra cosa es que llegue un punto en el que te obliguen a presionar».