La revisión del salario y la antigüedad bloquean el convenio provincial del vino

No hay acuerdo en el sector vitivinícola de Valladolid. La única conclusión que devuelven las siete reuniones mantenidas entre la patronal y los sindicatos, con el convenio provincial sobre la mesa a la espera de su renovación, es que las posturas están «muy alejadas». Los trabajadores perfilan dos «líneas rojas» infranqueables: la revisión del salario y la antigüedad. El recorte a la mitad de la vigencia es otro de los puntos en desacuerdo que lo mantiene bloqueado. Son más de 4.000 trabajadores los afectados por este conflicto.

Con este escenario de fondo, UGT y CCOO ya están buscando «otra vía». En concreto, la mediación en el conflicto del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), donde ayer registraron una notificación cuya resolución confían en que haga cambiar de parecer a la Asociación de Industriales y Comerciantes del Vino de Valladolid.

Si la situación persiste, advirtieron en un comunicado conjunto, convocarán movilizaciones durante todos los fines de semana desde el 24 de agosto hasta finales de octubre. «El objetivo de estas medidas de presión no es otro que intentar que los empresarios bodegueros se den cuenta de que su postura no favorece para nada al sector», tradujeron tras recordar que el anterior acuerdo finalizó el pasado 31 de diciembre.

«Siete reuniones son más que suficiente. Hemos visto todas las posibilidades y la patronal se mueve muy poquito», sintetizó el representante de Acción Social de CCOO, Valentín Cañibano, en declaraciones a este rotativo. Valoración a la que el responsable del sector de la alimentación de FICA-UGT, Carlos Calleja, añadió un matiz: «el convenio está bloqueado porque los empresarios parece que solo quieren levantar derechos».

DESENCUENTRO 

Antigüedad y salario van de la mano, siendo los puntos en los que «el desencuentro es más que notorio». El primero lleva la condición de «asunto intocable» para los trabajadores, mientras los bodegueros «quieren quitarla», denunció Calleja. Ninguna de las propuestas de los empresarios convencen a las organizaciones sindicales. «En principio abogaron por congelarla y después por rebajarla al nivel de 2018», reprochó Cañibano tras recordar que en la subida del Salario Mínimo Interprofesional de este año «se paga un plus por antigüedad».

El responsable de FICA-UGT marcó el límite de la subida del sueldo en un 2,5%. La «cláusula de garantía salarial» es la exigencia que plantean de no alcanzarse este porcentaje, dado que la Asociación «no pasa por este aro». Calleja lamentó que no estén «por la labor» y su «única pretensión sea vincular el convenio al PIB».

A juicio del representante de CCOO, solo piden que se «respeten» los acuerdos alcanzados en materia salarial. «Parece que la patronal solo firma para quedar bien delante de la opinión pública porque luego los hechos no son así», aseveró antes de desgranar que su oferta es de «un 1,5% más otro medio supeditado a las variaciones del PIB». Cañibano rechazó que esta sea «una buena opción» e insistió en «garantías de que los trabajadores no van a perder poder adquisitivo y que, además, ganarán algo de lo que han estado perdiendo durante muchos años».

Asimismo, la vigencia del nuevo convenio pasaría de cuatro años a un máximo de dos. Desencuentro al que podría restarse importancia «si lo acordado fuese digno».