Diario de Valladolid

La Junta asume ya que no tendrá presupuestos para 2020 «en fecha»

El titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, elaborará un informe para evaluar el coste económico que tendrá la reforma fiscal

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Raquel Sastre

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El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, asumió ayer, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno de la legislatura, que el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2020 no estará listo antes del 15 de octubre, fecha límite que marca el Estatuto de Autonomía.

Esto implica que Castilla y León tendrá que prorrogar por segundo ejercicio consecutivo las cuentas de 2018, aunque «no significa» que el nuevo Ejecutivo renuncie a ejecutar unos nuevos presupuestos a lo largo de 2020.

La principal dificultad radica, según el portavoz, en que la Comunidad no dispone de una «previsión de ingresos fiable» por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

La «situación de bloqueo» que vive el país, empantanado sin Gobierno casi tres meses después de las elecciones generales, está afectando ya a las autonomías que sí elaboraron sus cuentas para 2019, tomando como referencia una comunicación de entregas a cuenta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha podido cumplir.

Como recordó Igea, esta circunstancia ha obligado a estas comunidades a «reajustar» sus presupuestos en 5.000 millones de euros a la baja. A esta situación es ajena Castilla y León, que no se creyó las cifras del Gobierno y rehusó presentar un proyecto presupuestario. No obstante, el portavoz alertó de que, si se perpetúa la situación de bloqueo en España, esto «perjudicará notablemente la Tesorería» de la Administración autonómica, por lo que urgió la formación de Gobierno.

En lo que respecta a la reforma fiscal pactada por PP y Cs en su acuerdo programático, Igea aseguró que no fue objeto de debate en el primer Consejo de Gobierno, si bien añadió que éste, como el resto de compromisos, «se cumplirán».

Sí matizó que el titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tiene la encomienda de realizar un informe que evalúe el coste económico de estas medidas fiscales. «Hasta no tener ese informe no sería prudente aprobar nada», justificó el también vicepresidente de la la Junta

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