El Ayuntamiento devuelve 3,9 millones a 1.476 contribuyentes por plusvalías mal cobradas
Otros 226 esperan tras declararse ilegal el pago del tributo si no hay incremento del valor en la venta
Cartel de venta en un bloque de viviendas de Valladolid.-J. M. LOSTAU
La devolución del impuesto de plusvalías le ha costado hasta el momento al Ayuntamiento de Valladolid la cantidad de 3.9 millones de euros. Es un roto importante en las arcas municipales, aunque en realidad lo que hace el Ayuntamiento -tanto el del Valladolid como los de toda España al ser este un tributo municipal- no es otra cosa que devolver un cobro declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
El de plusvalías es un tributo que grava la transmisión de inmuebles o de terrenos, bien sea por herencia o por venta. Este impuesto le reportó al Ayuntamiento 8 millones de euros en 2017 y era el tributo con el que más dinero recaudaba el Servicio de Inspección municipal hasta que el Constitucional falló, en mayo de 2017, que su cobro es ilegal cuando se demuestre que no hubo incremento del valor en la transmisión; es decir que el vendedor no obtuvo una ganancia en la operación.
No es un caso extraño, como pudiera parecer, y se dio con frecuencia tras la crisis económica y el desplome del sector inmobiliario. Los datos demuestran ahora que fueron muchos los que vendieron su propiedad por debajo del precio de compra. La decisión del tribunal de anular el impuesto en estos casos abrió la puerta a un aluvión de reclamaciones de los contribuyentes y generó un problema a los ayuntamientos, que tuvieron que examinar expediente por expediente.
A raíz de la sentencia, fueron 1.702 los contribuyentes que reclamaron al Ayuntamiento bien la devolución del importe pagado o la rectificación de la autoliquidación para que la cuantía del impuesto quedara a cero. Las reclamaciones recibidas en estos dos años suman casi cinco millones de euros, 4.973.020 euros para ser exactos, y hasta el momento se ha devuelto el dinero a 1.476 contribuyentes por importe de 3,9 millones, mientras hay otras 226, que suman un millón de euros, pendientes, a la espera de comprobación.
Tras la sentencia del Constitucional, la cuestión estaba en cómo acreditar si hubo o no un aumento del valor del bien objeto de venta o transmisión y si era el Ayuntamiento o el contribuyente el que debía demostrarlo. Es éste el que realiza la autoliquidación del impuesto y rellena el documento con la cantidad a pagar -en otros lugares es el ayuntamiento el que el que notifica la cuantía- y la concejalía de Hacienda consideró más lógico que fuera el reclamante el que aportara la documentación necesaria para demostrar que no hubo incremento del valor.
El plazo de reclamación es de cuatro años desde el pago del tributo y el documento más fiable y el que exige el Ayuntamiento para comprobar si el contribuyente tiene derecho a la devolución es la escritura de compra-venta, no el que recoge el valor catastral de terreno.
Aunque el nuevo concejal de Hacienda, Pedro Herrero, considera que el grueso de las reclamaciones ya se han presentado, no descarta que todavía se reciba alguna, que se unirá a las 226 que están pendientes de resolución. Si al final son favorables al reclamante, la cantidad total que le tocará devolver al Ayuntamiento rondará los 5 millones de euros.