Sanidad publicará todas las listas de espera y se examinará de sus servicios

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, fijó ayer la despoblación como «el mayor desafío» al que se enfrenta Castilla y León. Y por ahí empezó a desgranar las medidas del programa de gobierno con el que se sometió a la investidura.

Sin embargo, y pese a ser el problema con mayúsculas, el líder popular apenas ofreció propuestas concretas para atajarlo, más allá de constituir un grupo de expertos que ofrezcan diagnósticos y planteen soluciones –como estaba pactado con Ciudadanos– y de asegurar que «todas las políticas» del Ejecutivo se mirarán desde el prisma rural.

Sí descendió al terreno al fijar los compromisos que asumirá su socio de Gobierno, Franciso Igea, al frente de una de las áreas de gestión más controvertidas: la sanidad. La Junta dará a conocer «todas las listas de espera», estructurales y no estructurales, «de intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas». Asimismo, en los primeros 100 días, se publicarán datos de rendimiento, actividad y gasto e indicadores de calidad de los servicios hospitalarios. Y los gerentes de Atención Primaria y de Hospital rendirán cuentas en las Cortes. En este capítulo, Mañueco prometió «estudiar» las vías de reversión de la concesión del Hospital de Burgos, siempre que no suponga un «coste adicional» para las arcas públicas.

También enumeró, aunque más someramente, los compromisos en materia de regeneración, departamento que asumirá Igea.

En materia de Hacienda pública, el candidato popular anunció una «política fiscal moderada», que tradujo esencialmente en la aplicación de bonificaciones sobre Sucesiones y Donaciones y el IRPF, y en una bajada selectiva del tipo de Transmisiones Patrimoniales. Otra de las propuestas destacadas fue la de reservar 400 millones de euros anuales para las políticas de mayores.

Mañueco tocó todas las áreas de gestión autonómica y no se olvidó de los distintos colectivos que conforman Castilla y León, como las familias, las mujeres, los mayores, los niños, los desempleados –comprometió «avanzar hacia el pleno empleo»–, los empresarios y los autónomos, las personas con dependencia, las víctimas de la violencia de género, los empleados públicos... incluso, los cazadores.

No hubo, sin embargo, en su discurso alusión concreta a ninguna provincia –más allá de comprometer trabajo para lograr el desarrollo de las nueve–, ni al eterno reto de fortalecer la identidad de Castilla y León como Comunidad.

Tampoco recetas para corregir los desequilibrios territoriales. Se echó de menos, en este sentido, una mención a la necesidad de garantizar una transición justa para las comarcas mineras.