La falta de gobierno mantiene el déficit de 500 millones para política social

Se mantiene el desfase entre los ingresos a cuenta y las necesidades que tiene Castilla yLeón. Desde la Consejería de Hacienda cifran en 500 millones de euros la diferencia entre los ingresos a cuenta y los costes que suponen únicamente la gestión de las Consejerías de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Y podría haber sido mayor la diferencia si la Junta llega a elaborar unos presupuestos autonómicos basados en los objetivos del Gobierno.

Castilla y León fue una de las autonomías que prorrogó sus cuentas. La entonces consejera de Hacienda –hoy portavoz del Grupo Municipal Popular en Valladolid–, Pilar del Olmo, justificaba esta decisión porque el Gobierno de Pedro Sánchez no había informado sobre algunos datos «determinantes»: los objetivos de déficit, el nivel de endeudamiento, las transferencias finalistas y el techo de gasto. Del Olmo calificó el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (que no se aprobó) de «anormal» y aseguró que los números no cuadraban.

La Ley de los PGE no salió adelante ante la falta de consenso en el Congreso, lo que provocó una convocatoria de elecciones. Hubo un gran número de autonomías que basaron sus cuentas públicas para 2019 en el proyecto estatal. Y ahora sí que no cuadra los números, puesto que el Ejecutivo en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta y solo puede remitir a las comunidades autónomas las entregas a cuenta de 2018.

Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda señalan que la Junta de Castilla y León «hizo bien» al ser «prudentes» y no haber presentado las cuenta autonómicas con unas expectativas de ingreso «que luego no se han visto cumplidas».

INGRESOS-GASTOS

Este no es un problema único de Castilla y León. Las Comunidades Autónomas se han alzado en varias ocasiones en contra del actual modelo de financiación autonómica. La última vez fue en septiembre, y, junto a Aragón, La Rioja, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha reclamaron una reforma «prioritaria y urgente». Una reforma pendiente desde 2014 y que Sánchez aplazó en enero hasta la siguiente legislatura. Es decir, este mandato que ha comenzado tras la constitución del Congreso de los Diputados el 21 de mayo. Pero todavía no hay Gobierno y el fantasma de unas nuevas elecciones acecha cada vez más de cerca, con la mayoría de las comunidades pendientes de esta reforma de la financiación autonómica que no tiene en cuenta aspectos como la dispersión de la población o el envejecimiento.

Y mientras tanto, las comunidades autónomas no han podido recibir los recursos derivados de las previsiones de recaudación de 2019, un 7,2% superiores a las del año 2018. Además, la financiación asignada a las regiones se ha visto mermada por la aplicación del criterio de liquidación del IVA del año 2017, según informa la Consejería de Hacienda. En esta liquidación, el Ministerio de Hacienda solamente computa 11 meses de recaudación del año 2017, como consecuencia de la contabilización del sistema de información inmediata en el IVA.

Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y La Rioja decidieron prorrogar sus cuentas públicas confiando en los datos del Gobierno de Rajoy que Sánchez se ha visto forzado a reproducir. Si la Junta hubiera elaborado un presupuesto con la información recibida en julio de 2018 –que luego no fue aprobada–, se encontraría actualmente con las tensiones de liquidez que presentan otras regiones que sí basaron sus presupuestos en las expectativas de ingresos a cuenta.