El TSJ pide refuerzos al CGPJ para el juez que investiga la ‘trama eólica’
Propone declarar la causa «de especial complejidad» para que cuente con expertos en Hacienda
Rafael Delgado, a la derecha, acompañado por su abogado, el día que acudió a declarar en el Juzgado.-ICAL
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León propondrá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que declare de especial complejidad la investigación sobre la ‘trama eólica’, de modo que el juez que lleva el caso cuente con refuerzos para proseguir su trabajo.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, Javier de Blas García, investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en torno a la instalación y concesión de parques eólicos en la Comunidad, que ascendería a 80 millones de euros. En el caso aparecen 21 imputados entre ex altos cargos de la Junta, en particular el ex secretario y ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado, y distintos empresarios y directivos empresariales. También fue llamado a declarar como investigado el ex consejero de Economía Tomás Villanueva, que falleció un mes antes de la fecha marcada por el Juzgado.
La Sala de Gobierno del TSJ atendió en su última reunión del 27 de mayo la petición formulada un mes antes por el juez para solicitar al CGPJ la calificación de la ‘trama eólica’ como «causa compleja por corrupción», atendiendo a la clase de delitos que se investigan: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, así como a la pluralidad de personas investigadas y la complejidad de la instrucción.
Esta declaración, sobre la que debe pronunciarse el Consejo del Poder Judicial, conllevará el auxilio de la Unidad de Apoyo a las Causas Complejas por Corrupción del CGPJ para el refuerzo del personal de la Oficina judicial y del letrado de la Administración de Justicia. Asimismo, el juez podrá contar con un equipo integrado por un inspector y un subinspector del Ministerio de Hacienda, u órgano equivalente de la Comunidad autónoma, «al objeto de facilitar el análisis contable, fiscal y mercantil de la documentación intervenida», indica el acta de la reunión de la Sala de Gobierno del TSJ.
El refuerzo se completaría con el nombramiento de otro magistrado en comisión de servicio que se haga cargo de enjuiciar los delitos leves para que el titular del Juzgado número 4 pueda dedicarse a la ‘trama eólica’.
El caso que investiga ahora el juez De Blas, que sustituyó el pasado año a la magistrada Verónica Marcos, se remonta a 2015, cuando el Servicio Territorial de Valladolid de la Agencia Tributaria presentó una denuncia al haber detectado «hechos que presentan indicios de posibles delitos de prevaricación y cohecho en la concesión de autorizaciones administrativas para la instalación de parques de energía eólica» en Castilla y León.
El caso llegó a la Fiscalía Anticorrupción, que el 28 de abril de 2017 presentó una querella ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Valladolid. El texto de la querella relata un sistema por el que altos cargos de la Consejería de Economía exigían a promotores de parques eólicos que permitieran la participación en el proyecto de empresas locales, por la menos un 40%, a cambio de recibir la autorización pertinente. La Fiscalía Anticorrupción cifró el beneficio ilícito obtenido en 80 millones de euros en el periodo comprendido entre 2000 y 2013 y apreció los posibles delitos de prevaricación, blanqueo y delito fiscal.
Según la querella, los favorecidos con ese 40% eran empresas con las que tenía especial relación Rafael Delgado, que formó parte del equipo del consejero Tomás Villanueva entre 2003 y 2011. Entre estos empresarios se encontraban Alberto Esgueva, ex consejero delegado de Excal reconvertido en empresario, Germán Martín Giraldo, socio del anterior, y los hermanos Llorente Muñoz, propietarios de la constructora Collosa, además de Iberdrola Renovables. Esgueva, según la Fiscalía Anticorrupción fue uno de los principales beneficiarios de la trama, con la que habría ganado 47 millones de euros.
CONTROL DE DELGADO
La querella de Anticorrupción expone que, para conseguir controlar la aprobación de todos los parques eólicos, Delgado dictó en 2004 una instrucción para asumir las autorizaciones administrativas de los parques eólicos, antes en manos de las delegaciones territoriales de la Junta. «Esta instrucción», añade, «permitió al viceconsejero manipular la tramitación de los expedientes de parques eólicos», al controlar el momento en que debían tramitarse para otorgar las autorizaciones «con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa».
De este modo, siempre según la Fiscalía Anticorrupción, parques eólicos que llevaban años paralizados recibían el visto bueno en cuestión de días en cuanto los empresarios cedían parte del negocio a los elegidos por Delgado.
El 9 de mayo de 2017, la jueza Verónica Marcos admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y estableció un calendario de comparecencias de los 21 imputados y 10 testigos, que arrancó con la declaración el 2 de junio de Rafael Delgado, en presencia del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. Además, la magistrada declaró la causa como compleja para poder extender la investigación durante 18 meses e incluso prorrogarla, como ha sido el caso.
En una larga declaración judicial, Delgado acusó a Tomás Villanueva de dar la orden expresa para que las eléctricas que fueran a ser beneficiarias de los parques eólicos dieran cabida en su accionariado a empresarios locales. Esta declaración fue uno de los motivos de que la jueza citara como imputado para el 18 de octubre a Tomás Villanueva, pero el ex vicepresidente y ex consejero de la Junta fallecía el 7 de septiembre.