El Común actúa de oficio y para conocer la regulación de los patinetes eléctricos
Tomás Quintana quiere saber cómo los ayuntamientos de la región ordenan el tráfico de estos vehículos
Tomás Quintana.-EL MUNDO
Los patinetes eléctricos son la última preoupación de los peatones, que ahora tienen que estar pendientes de los semáforos, los coches, las bicicletas, las sillitas del bebé y últimamente, los patinetes. Ante la ausencia de una regulación estatal de la DGT, los Ayuntamientos toman las riendas hasta que la Dirección General de Tráfico decida cómo ponerles coto, establezca una velocidad máxima y asigne un carril por el que circulen.
Por este motivo, el Procurador del Común, Tomás Quintana, actúa de oficio y pregunta a los Ayuntamientos de más de cinco mil habitantes para saber si cuentan con una normativa reguladora y si tienen un registro de número de accidentes o sanciones. Sin ir más lejos, el Consistorio de Segovia prohibió en noviembre el uso de estos patinetes hasta que exista una normativa estatal.
En Valladolid se multó a un hombre también en noviembre con una sanción de 400 euros por circular con patinete eléctrico por la calle Regalado, que es peatonal. Y en Burgos, la última ordenanza municipal establece que podrán ir por el carril bici y por las zonas peatonales compartidas los patinetes que no superen los 30 kilómetros por hora.
«La velocidad que alcanzan y el hecho de que compartan espacio con peatones y vehículos para circular genera un evidente riesgo para la seguridad vial», sentencia el organismo dependiente de las Cortes, que muestra su inquietud precisamente por este aspecto.
Los patinetes eléctricos son especialmente problemáticos, además, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, puesto que pueden no reaccionar a tiempo y colisionar, sobre todo en los puntos más frecuentados de las ciudades.
Esta misma semana se manifestó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) frente al Ayuntamiento de Madrid, precisamente para reclamar una regulación estatal que no «expulse» a los peatones de las aceras.
El Procurador del Común entiende que los Ayuntamientos, en general, y los que cuentan con una población superior a los 5.000 habitantes que cuentan contar con núcleos urbanos «más consolidados», «no son ajenos a esta problemática», puesto que muchos Consistorios han debido actuar «sin necesidad de esperar a la regulación general prevista». De hecho, algunos han tomado decisiones «heterogéneas» e incluso de forma «jurídicamente controvertida, en el caso en el que peatón y patinete comparten acera.
El objetivo de esta actuación de oficio, sin que ninguna Administración acudiera al Común directamente, es valorar la posibilidad de formular «sugerencias o recomendaciones» que sirvan para «homogeneizar» las instrucciones de los Ayuntamientos de Castilla y León, para garantizar el derecho de los ciudadanos a circular «en condiciones de seguridad» por las vías públicas.