La fiscal jefe pide el «fin de la dispersión» de sedes y un sistema de trabajo «eficaz»

Casi la mitad de la plantilla de fiscales y jueces de Valladolid respaldó ayer la jornada de huelga con reivindicaciones centradas en el reforzamiento de su independencia y autonomía, y en demandas laborales como salarios, permisos y medios materiales.

La fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín Nájera, informó que 11 de los 24 fiscales de Valladolid secundaron la huelga, de los cuales cuatro realizaron servicios mínimos. Una proporción similar se registró en la judicatura, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) cifró en 38 los jueces que secundaron la huelga, sobre 77 togados. A las 13 horas profesionales de ambos estamentos se concentraron a la puerta de la Audiencia Provincial.

Martín Nájera indicó que la reivindicación es «común» en toda España y similar a la situación que les llevó a la movilización el pasado 22 de mayo, aunque en el caso de Valladolid se suma el problema de la dispersión de los juzgados en la ciudad. «Queremos mejores condiciones de trabajo, en lo que afecta a la fiscalía digital y medios materiales, ya que no tenemos un sistema de trabajo suficiente eficaz», aseguró.

Del mismo modo, apoyó la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), un clamor de todas las asociaciones de fiscales. El artículo, introducido en 2015 a propuesta del anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, fijó un plazo máximo de instrucción de seis meses, ampliables a un año y medio en causas que se declaren complejas y prorrogable por igual o menor plazo, siempre a petición de la Fiscalía.

Se introdujo con el objetivo de agilizar la justicia pero se ha revelado como una herramienta inválida al no haberse dotado a los juzgados de más medios, lo que está afectando a muchos procesos, además de crear inseguridad jurídica.

«El artículo 324 no nos parece ni operativo, ni eficaz», sostuvo la fiscal jefe. «Queremos mejoras procesales y de las condiciones laborales del desarrollo específico de nuestra función, así como mejora retributiva para recuperar lo que nos quitaron antes y que se actualice conforme a los parámetros de los funcionarios», insistió.

La reivindicación de mayor plantilla está encima de la mesa, especialmente en el caso de Medina del Campo que desde julio cuenta con un nuevos juzgado de Instrucción. Sobre este refuerzo Martín Nájera, aseguró que las plantillas de la Fiscalía están reflejadas dentro de los Presupuestos Generales del Estado. «En el proyecto de PGE del Gobierno Rajoy había una previsión de 65 plazas, pero en el actual no constaban. No sabemos como va a quedar», concluyó.

JUICIOS SUSPENDIDOS

Emilio Vega González, el juez decano de Valladolid que accedió al cargo el pasado 23 de octubre en sustitución de Ignacio Segoviano, reconoció ayer la dificultad de cifrar con detalle el número de jueces que se secundaron la huelga en Valladolid por la situación atípica de la inexistencia de una ‘empresa’ reguladora de los servicios mínimos, aunque sí dejó constancia que unos compañeros se sumaron y otros no, además de los que tuvieron que atender servicios mínimos en casos de fuerza mayor como detenidos, causas con preso, asuntos que afectasen a menores, medidas cautelares y cuestiones de violencia de género, órdenes de protección y violencia de género.

En la práctica, gran parte de los juicios previstos para ayer se suspendieron –en el conjunto de la región se cancelaron 117–. «El problema es que nadie quiere regular los servicios mínimos. El Ministerio de Justicia sostiene que es nuestro pagador, pero no es el empleador, el que regule las condiciones laborales. Entonces hemos pedido al Consejo General del Poder Judicial que nos regule los servicios mínimos pero no quiere, porque duda de que tengamos derecho de huelga. Al final el comité de huelga ha sido el que ha fijado los servicios mínimos», afirmó Vega, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.