La oficina del INSS de Rondilla se retrasa un año entre reproches del PP y del PSOE

La Oficina Integral de la Seguridad Social de Rondilla se retrasa al menos un año, al fijarse ahora la apertura en otoño de 2020 –la fecha más optimista–, y no en 2019 como estaba previsto. Un aplazamiento que llega envuelto en un cruce de agrios reproches entre el PP y el PSOE, que se endosan mutuamente la falta de interés en el proyecto, y por ende, en su puesta en servicio en el menor tiempo posible.

El rifi rafe entre los dos partidos que se alternan en los mandos del gobierno de la Nación, es ya un clásico en las grandes infraestructuras de la provincia de Valladolid, con una única certeza: la perdedora siempre es la ciudadanía. Entrando solo en ejemplos palmarios y de actualidad, ahí están la autovía Valladolid-León (A-60); la autovía del Duero (A-11), la Ciudad de la Justicia en la plaza de San Pablo o la conexión del AVE a Burgos.

Ninguno de los tres primeros será realidad antes de 2022, como pronto, y el AVEa Burgos, es una incógnita, ya que lleva un revés por año en los últimos tres ejercicios.

Centrándonos en la Oficina Integral de la Seguridad Social prevista en la calle Torquemada, 1, de Rondilla, la noticia de última hora es que la licitación de la obra se adjudicará a lo largo del primer trimestre de 2019, según han informado esta semana fuentes delMinnisterio de Trabajo, Migración y Seguridad Social que dirige Magdalena Valerio.

Como quiera que los trabajos tardarán15 meses, nos movemos ya en verano de 2020 solo para acabar el edificio, pero faltaría el mobiliario y los equipos informáticos, además de la licencia de ocupación.

Estos dos últimos trámites supusieron en el caso del edificio de la Seguridad Social de la Ciudad de la Comunicación –abierto al público en diciembre de 2015– una demora de 13 meses desde que concluyera la obra del inmueble, en noviembre de 2014.

Es cierto que la delegación del INSS y de la Tesorería de la calle Boston (26.000 metros cuadrados) ocupan un edificio mucho mayor que el de Rondilla (2.560), pero su precedente indica que al final de obras hay que sumar meses para su entrada en servicio. Y máxime teniendo en cuenta que la contratación de mobiliario solo puede activarse con el edificio terminado.

Este diario ha conocido la situación retrasada del proyecto de oficina después de que el ex secretario de Estado de la Seguridad Social, el vallisoletano Tomás Burgos, denunciara a este periódico, la «paralización» de las obras. Y puso una fecha que considera clave para el frenazo: la moción de censura de Pedro Sánchez a Rajoy, el pasado 1 de junio.

A juicio del ex secretario, en la víspera de esta moción, su departamento estaba ya en condiciones que tramitar la licitación de los trabajos, después de haber logrado la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Valladolid y todos los permisos medioambientales.

Según Burgos, a estas alturas de 2018 las obras –que cifró en una duración de 18 meses y no en 15 como sostiene el gobieno socialista– deberían de estar «ya licitadas» y si no se ha hecho, a su juicio, «es por falta de voluntad», aseguró, antes de puntualizar que las consignaciones en los PGE para la oficina podrían «correr peligro». Cuando el 23 de octubre de 2017 presentó el proyecto de la oficina diseñado por Estudio González Arquiectos, Burgos indicó que había partidas comprometidas en 2016, 2017, 2018 y 2019 «si hacía falta» para el coste de las obras. Y recalcó en la trascendencia de servicio público, ya que atenderá a 140.000 vecinos de la zona norte de la ciudad, con una plantilla de 30 personas, y cerrará el mapa del INSSen la capital tras las sedes de las calles Boston y Sajambre (Parque Alameda).