Diario de Valladolid

Un total de 38 acusados por la macroestafa aceptan ya condena de conformidad

Trebolle asegura que aún se mantiene la Feria como lugar del juicio / Uno de los principales acusados elude la vista, aunque no el cabecilla

El principal acusado creó 16 supuestas empresas ficticias para la trama en una oficina del Pasaje Gutiérrez .-E. M.

El principal acusado creó 16 supuestas empresas ficticias para la trama en una oficina del Pasaje Gutiérrez .-E. M.

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Íñigo Arrúe
Valladolid

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El macrojuicio por estafa múltiple va perdiendo volumen con el paso de los días. Señalado para el 23 de octubre y con una previsión de que se prolongará hasta el 23 de noviembre en la Feria de Valladolid, la situación ha cambiado radicalmente en número de acusados, ya que en la actualidad 38 de los 65 investigados han pactado pena de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones.

ELMUNDODE VALLADOLID ya adelantó el pasado 16 de septiembre que eran 18 los acusados que había pactado condena y en tres semanas se han sumado 20 más, por lo que es probable que la cifra de acuerdos se dispare más hasta la misma fecha del juicio.

De momento ya ‘solo’ quedan 27 encausados en disposición de sentarse en el banquillo, un volumen que, pese a todo, aún es suficientemente elevado para mantener la vista en un pabellón de la Feria de Valladolid, escenario inédito en la historia judicial de la ciudad. Así lo entiende, al menos, el presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle.

El también presidente de la sección segunda de lo Penal que verá el juicio, sostuvo ayer que casi 30 acusados es un número «elevado» para reconsiderar celebrar la vista en la sala de la Audiencia Provincial. «Por el número de acusados y de abogados, el espacio del Palacio de Justicia es insuficiente. Ahora bien, si el número de conformidades siguiera creciendo hasta dejar en número reducido los acusados que van a juicio, podría reconsiderarse celebrar la vista en la Audiencia Provincial, pero esta no es la idea ahora», insistió Trebolle.

A ello hay que sumar que, aunque solo sea en el momento del inicio del juicio, los 65 acusados con sus letrados deben de asistir obligatoriamente aunque solo sea para ratificar la conformidad. Y también cabe la posibilidad de que el fiscal, en este caso Manuel Javato, quiera realizar preguntas a alguno o algunos acusados para ratificar sus acuerdos de conformidad de pena.

La Fiscalía solicitaba inicialmente penas que sumaban más de 190 años de prisión por esta trama creada por el supuesto cabecilla, M.A.M.D., un asesor de empresas con título legal, acusado de crear 16 sociedades falsas con decenas de trabajadores ficticios –personas reclutadas en ambientes marginales– que después cobraban el desempleo o adquirían bienes de lujo con el aval de sus ‘nóminas’, con el consiguiente desfalco a concesionarios, grandes superficies, comercios y a la Seguridad Social. La cuantía de la estafa asciende a s 372.403 euros y solo el cabecilla se enfrenta a casi once años.

Fuentes del caso explicaron que entre los 38 acusados que han aceptado condena hay investigados que estaban amenazados con distintas penas. Un letrado que representa a nada menos que nueve encausados por delitos como fraude a la Seguridad Social o falsedad, señaló que lo más atractivo del acuerdo es que «puedes tener acceso a la suspensiones de condena de cárcel», algo que es palabra mayor en el mundo procesal.

Quien no ha aceptado aún este acuerdo el es citado supuesto cabecilla, M.A.M.D., que en principio será juzgado, lo mismo que su pareja, G.J.M. y la secretaria de la gestoría, C.M.F. Quien sí ha alcanzado un acuerdo, según las fuentes consultadas, es J.J.J., uno de los principales acusados, a quien la Fiscalía atribuye que trataba de las altas y las bajas en las empresas, la creación de empresas ficticias, el reclutamiento de testaferros y reclutaba personas para el grupo en mercadillos. Yno solo eso, dirigía las actividades de cuatro mercantiles que daban de alta de manera fraudulenta a trabajadores y expedían nóminas falsas. Incluso llegó a amenazar sus reclutados para que realizaran compras a crédito. El fiscal le acusa de pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento mercantil.

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