Los acusados del caso PGOU piden anular el proceso por hurtarles datos para su defensa

Fue como si los abogados defensores de los imputados por la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid del año 2003 se hubieran puesto de acuerdo -¿o se habían puesto de acuerdo?- para denunciar, en el primer día de la vista, el «caos» en la fase de instrucción, prolongada durante diez años, pedir la nulidad del proceso por entender que se ha vulnerado el derecho a la defensa de sus patrocinados al hurtarles parte de la información del caso y declarar la prescripción de los delitos por los que están imputados. En esencia, lo que reclamaron los seis abogados que intervinieron ayer es que se anule el juicio y, dado que los delitos han prescrito, que se dé carpetazo al asunto.

Diez años después de que el PSOE denunciara los hechos y 15 desde que se produjera la presunta manipulación de artículos y planos del PGOU de 2003 en beneficio de terceros, los acusados se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial, en una sala de vistas que se quedó pequeña para alojar en el estrado a los 14 imputados y a sus letrados.

La primera mañana de la vista se consumió en las consideraciones previas, un turno que se convirtió en un catarata de descalificaciones y reproches de los abogados por la forma en la que se tramitó el proceso. Un «tétrix incompleto», así definió el letrado Santiago Díez el suministro de información, en especial la referida al PGOU, por parte del Juzgado de Instrucción número 1, el encargado del caso. El juzgado se llevó el grueso de las críticas de los seis letrados, los únicos a los que dio tiempo a intervenir en esta primera sesión.

Abrió el fuego Jesús Sebal, defensor del que fuera arquitecto del Ayuntamiento en 2003, Luis Álvarez Aller, para el que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y 27 de inhabilitación para puestos relacionados con su actividad profesional por un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio. Es la misma pena que también solicita el ministerio público para el que fuera jefe del área de Urbanismo, Modesto Mezquita, y para el concejal de Urbanismo entonces, José Antonio García de Coca, aunque para este último la inhabilitación para ser edil asciende a 43 años.

Sebal abrió el camino al resto con una intervención en la que denunció la «indefensión» causada a su patrocinado por la incompleta documentación remitida por el juzgado, documentación en la que, dijo, se basa la acusación contra su defendido. Incluso le puso cifra y calculó que de los 12.000 folios y los 1.800 planos contenidos en el sumario sólo recibió el 50%. Y eso a pesar de que hasta en cuatro ocasiones durante estos años el juzgado, a requerimiento de las partes, remitió información en un intento por completar las lagunas existentes. «Se nos ha privado de conocer aquello de lo que se nos acusa», dijo y añadió: «¿Cómo nos defendemos de lo que no sabemos?».

Pero no sólo arremetió contra el juzgado por la falta de diligencia al facilitarles la información, sino que fue más allá y dejó entrever un trato de favor hacia la Fiscalía y la Federación de Vecinos Antonio Machado, esta última personada como acusación popular, cuando criticó «la actitud obstinada del juzgado en dar traslado a las defensas de una forma distinta a lo que hizo con las acusaciones».

El guión del primer abogado fue seguido por los otros cinco letrados intervinientes, aunque con algunas variantes y matices aplicadas en cada caso en función de su defendidos, y todo hace pensar que también lo harán los que tomen la palabra en la sesión de hoy.

El abogado de García de Coca, además de adherirse a los argumentos de su compañero, añadió a los agravios la «vulneración de los derechos de garantía» de su defendido, en concreto «del derecho al recurso» y criticó la dilación del procedimiento durante diez años «que ha tenido graves consecuencias en su carrera docente y en su salud personal».

Con similares argumentos reprochó también el letrado de Modesto Mezquita, Javier Garicano, lo que consideró «una vulneración de los derechos fundamentales y de las garantías» de su defendido. Garicano enumeró hasta 5 vulneraciones, entre ellas que no recibió la información completa del PGOU, mientras a las acusaciones «se les facilitó íntegra la causa», lo que provocó una «situación de absoluta indefensión». Además de pedir la nulidad, también consideró prescrito el delito de falsedad.

De «absoluto caos»tachó el letrado de Gonzalo Jolín, otro de los 14 imputados, el proceso seguido en esta causa. El letrado reprochó la existencia de «una catarata de vulneraciones de derechos fundamentales» y en el caso concreto de su defendido aseguró que su imputación, a petición de la acusación popular, siguió «un procedimiento indebido», si bien añadió que los delitos de tráfico de influencias y falsedad documental ya están prescritos.

El último abogado en intervenir, Santiago Díez, recurrió a la ironía para tratar de dejar en evidencia «el absoluto caos» en la tramitación, la misma expresión que utilizó el compañero que le precedió en el uso de la palabra. Aseguró que la instrucción del caso se hizo «sin ningún criterio» y añadió que se requieren «dotes arqueológicas para buscar cosas».

La vista, que se prolongará dos meses, se reanudará esta mañana con las consideraciones previas del resto de letrados.

«Hubo alteraciones conscientes e intencionadas del PGOU»

La Audiencia Provincial , en un auto de octubre de 2014, concluyó que «hubo una serie de alteraciones conscientes e intencionadas en el articulado» del PGOU de 2003 . Sobre García de Coca, la Sala constató «la realidad incontestable» de que los cambios se hicieron «bajo su control». En cuanto a la participación de Mezquita, se señalaba que fue desde su departamento «desde el cual se dan indicaciones para efectuar los cambios». Para Mezquita la acusación particular solicita 4,6 años de prisión y 19 de inhabilitación por los delitos de falsedad en concurso con tráfico de influencias, prevaricación y prevaricación urbanística. Y por los mismos delitos una pena similar, cuatro años de cárcel y 19 años de inhabilitación, para Álvarez Aller. Además de estos tres acusados, que concentran las peticiones más elevadas, la acusación solicita 2,4 años de prisión y 18 meses de inhabilitación para Gonzalo Jolín Garijo, Ramón Herrero Merino, Lino Collazos, Pilar Asunción López del Castillo y Francisco Capellán Barbado. Son las cinco personas a las que la Audiencia extendió la imputación en 2014. Herrero Merino adquirió en 2002 unos terrenos en la Avenida Madrid que vendió a Vallenava Capitol en los que los cambios del PGOU permitieron incrementar la edificabilidad de 9 viviendas a 124. En el caso de Gonzalo Jolín Garijo, vendió parcelas a Vallenava Capitol y Área Especial con condiciones que anticipaban los cambios del PGOU. En cuanto a Pilar Asunción López Mazariegos, administradora de Japybe SA, y Francisco Capellán Barbado, administrador de Sacedón Patrimonial, ambos querían que la antigua harinera La Perla pudiera cambiar su uso a hotel y «su interés se vio cumplido -en esos momentos iniciales- por las vías subrepticias». Por lo que respecta a Lino Collazos, era secretario de la Fundación Emilio Álvarez, propietaria de los terrenos en la calle José María Lacort en los que estaba Cáritas, que pasaron de ser suelo urbano no urbanizable a urbanizable.