Sacyl pagará 8.000 euros por incinerar sin autorización los restos de un paciente
La viuda requirió durante más de dos años los órganos de su esposo, los cuales nunca recuperó
Carmen Rojo, rodeada de fotos de su marido.-PABLO REQUEJO
El Juzgado de losContencioso Administrativo número 2 de Valladolid se convirtió ayer en la salida del laberinto administrativo en el que se había sumergido Carmen Rojo desde falleció su marido en diciembre de 2009 en elHospitalClínico Universitario de Valladolid.
El juzgado condenó ayer a la Consejería de Sanidad a pagar una indemnización de 8.000 euros por daño moral a la viuda del hombre fallecido. La sentencia llega después de una larga batalla administrativa y legal que comenzó cuando CarmenRojo solicitó en diciembre de 2009 una autopsia judicial que determinara las causas del fallecimiento de su marido, el cual se encontraba esperando una intervención quirúrgica, al sospechar que podía existir alguna negligencia médica, como explica la denunciante a este medio.
El médico forense delJuzgado no pudo investigar una posible mala praxis, ya que la patóloga había conservado los restos en formol sin haber tomado previamente las muestras para realizar un análisis toxicológico. Todo ello en un plazo de cuatro horas, las que pasaron desde que se realizó la autopsia clínica (la cual dictaminó que el fallecimiento del hombre se debió a una parada cardiorespiratoria) hasta la judicial.
En ese momento comenzó «un laberinto de cinco años en los que estoy pidiendo sin cesar a la gerente de salud los órganos de mi marido, pero todo es un vaivén», reconoce. El 24 de abril de 2012 se realizó el requerimiento para recuperar los restos de su esposo, para darles sepultura, ante la imposibilidad de determinar las causas de la muerte. Primero, según explica, el hospital la respondió que los restos estaban a su disposición, siempre y cuando acudiera a retirarlos con un patólogo acreditado. En octubre de 2014, la Gerencia Territorial de Salud la comunica que los órganos de su esposo habían sido incinerados y dos años después se le facilitó un informe fechado en diciembre de 2014 en el que se reflejaba que a esa fecha los órganos eviscerados seguían bajo custodia en el Clínico.
ElConsejo Consultivo de la Consejería dictaminó una indemnización de 1.000 euros para la denunciante, por un funcionamiento «anormal» de la administración, como explica el Defensor del paciente, entidad que ha acompañado a CarmenRojo en esta cruzada que tuvo la resolución con la mencionada sentencia por la que debe recibir 8.000 euros delSacyl. «A nivel personal el dinero no me importa. Me importa que la jueza me dé la razón de que no han sabido tener consideración con la familia de un fallecido.Se han olvidado por completo de que es una persona y lo han tratado como un número en un expediente», explica la denunciante.
CarmenRojo estima que la tormenta de informaciones contradictorias y silencios que ha recibido durante estos años ha sido una guerra de desgaste que ha logrado aguantar:«Han intentado que con el tiempo me olvidara del caso, pero reclamo lo que me parece que es justo. Yo tenía claro desde el primer día que no podía recuperar a mi marido. Lo que pretendo es que a nadie más le tomen el pelo como a mí», declara Carmen Rojo, que no se podrá quitar de la cabeza la idea de que una negligencia pudo acabar con la vida de su marido, como admite.
NUEVA BATALLA
Una vez cerrado el capítulo de su marido, CarmenRojo se ve «con fuerzas» para iniciar una nueva batalla de la mano del Defensor del Paciente. «Habría que cambiar el protocolo para las autopsias clínicas. Creo que falla en que se puedan quedar con los restos biológicos, y eso engloba los órganos. Si se conservan en formol no hay posibilidad de hacer una autopsia judicial», entiende.
El suyo no fue el único caso en el que se produjo una incineración sin permiso familiar. El pasado enero, elDefensor dePaciente tramitó una denuncia contra elHospitalClínico por incinerar el cadáver de un feto sin autorización de sus padres.