«Una paciente me arañó, me golpeó y rompió mis gafas»

Escondida entre su melena, una pequeña calva disimulada le recuerda su peor episodio como auxiliar de enfermería de Urgencias en un hospital público vallisoletano. Una paciente alterada, bajo los efectos de las drogas, la emprendió con Marisol y se abalanzó sobre ella.

Estaban solas en el box cuando la usuaria comenzó a golpearle. «Se lanzó hacia mí, me arañó, me arrancó un mechón de pelo, rompió mis gafas y me dio golpes hasta que vinieron los compañeros a separarla», relata con la distancia que aporta el tiempo. Marisol asegura que ya no siente miedo cuando acude a trabajar, aunque al principio durante las guardias se despertaba «sobresaltada con la sensación de que te agreden».

Cuando Marisol –que sólo se llama Marisol para aportar su testimonio– sufrió este incidente, todavía no se había creado la nueva figura mediadora que el Ministerio instauró en un intento de frenar el incremento de las agresiones al personal de distintos ámbitos de la Sanidad: la del interlocutor policial territorial sanitario.

Un policía por cada capital se encarga específicamente de esta problemática en los centros sanitarios de su ciudad y un guardia civil por provincia hace lo propio en los pueblos. Seis meses después de su puesta en marcha, la persona designada para encarnar esta misión en la ciudad de Valladolid, Pablo Holgado, también jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional, aborda esta realidad y sus primeros pasos como enlace entre Sanidad y la Policía, en los que las agresiones verbales –que son las más frecuentes– apenas llegan a sus expedientes.

Holgado explica que, por muchos gritos que se escuchen, a veces sólo hace falta la presencia uniformada de la Policía para que el altercado se disuelva y la sala de espera recupere la condición de ‘espacio de salud y de respeto’ que se le presupone. «El uniforme impone y a veces es disuasorio», apunta.

En otras ocasiones, la intervención policial para mediar en el conflicto se extiende más y, en algunos casos, no hay solución hablada posible y el incidente termina en denuncia por agresión a personal sanitario, considerado autoridad por ley desde la aprobación de la normativa autonómica en 2015.

Algo parecido le sucedió a Sonia, una enfermera de un pueblo «del norte de la Comunidad», que prefiere obviar cualquier referencia geográfica que identifique el lugar en el que trabaja «con tensión», sobre todo si es en jornada de guardia de 24 horas en la que apenas hay personal. En diez días se enfrenta a un juicio en el que acudirá en calidad de agredida. Y, en unos meses, se celebrará otro similar.

El asunto que se resolverá primero sucedió hace un año. Un paciente que acudía detenido, esposado y escoltado por la Guardia Civil «se revolvió» y la increpó. «Me insultó. Me llamó de todo y me amenazó. ‘Si me pinchas, te mato’, me gritó». La presencia de los agentes evitó que la agresión verbal terminara de otro modo. «Son verdaderos compañeros que nos protegen y nos tratan con delicadeza», expone sobre esos agentes y sobre el interlocutor sanitario de la Guardia Civil asignado a los pueblos de su provincia.

Por esa conexión con las fuerzas del orden y por ser su único apoyo, califica de acertada la figura del interloculor. «Cuentas con alguien que te entiende y no te cuestiona. Siempre da por supuesto que eres la víctima y te protege», explica quien reconoce sentirse «indefensa» en el desempeño de su trabajo.

Entre las funciones principales que describe Pablo Holgado sobre su cometido como enlace policial está precisamente ese que relata Sonia, el de velar por la seguridad del profesional sanitario, y también por la de los pacientes.

Sobre el terreno, Holgado trata de «poner calma» porque asevera que «hay quien va a un hospital y se cree que su problema es el único». Cuando este policía se encuentra con usuario como el que describe, intenta que «entienda que el personal hace su trabajo y que hay más pacientes con otra problemática».

También asesora a la víctima sobre las opciones con las que cuenta y se reúne con los equipos directivos para, en la medida de lo posible, adelantarse a las situaciones. Para conseguirlo, emprende dos vías.

Divulgación a la ciudadanía sobre la actividad asistencial y los códigos de conducta recomendables, y asesoramiento al personal de hospitales y centros para maximizar la seguridad, ofreciéndoles claves para manejar situaciones de conflicto. Sonia ha asistido a algún curso de este tipo, «para intentar aguantar, provocar y no incomodar al paciente», pero cree que no son suficientes: «Si te dan un bofetón, te quedas con él», afirma.

Marisol, como auxiliar que además de haber sido víctima de una agresión ha presenciado «varias a otros compañeros», también recibe en buenos términos la creación de esta figura que ve como una medida «necesaria» más. «Puede ser un valor importante para ahorrar burocracia y para orientar. Hay que esperar, pero creo que es algo bueno», opina esta profesional, que reclama cambios profundos en los protocolos de actuación.

Esta facultativa advierte de la reticencia de muchos colegas a contar que les han agredido porque «los resultados no se ajustan a lo esperado». Se refiere a que, pese a que la Gerencia arropa al profesional en su denuncia y en los inicios del proceso, opina que en una segunda fase no llega todo lo lejos que podría.

«Muchos compañeros de Atención Primaria después de denunciar tienen que ver al paciente en el mismo centro de salud. Sólo se limitan a cambiarlo de médico, en vez de trasladar, por ejemplo, al profesional agredido», expone como uno de los principales obstáculos con los que se encuentran quienes inician un proceso judicial por este motivo. «Temen incluso por su vida y no les compensa», agrega.

A Sonia le suenan estos argumentos. Trabaja en un centro rural y muchos compañeros declinan denunciar porque viven en el mismo municipio. «Se producen muchas agresiones y la mayoría se llevan en silencio». Ella, con dos juicios a la vista, no reside en el pueblo y por ello su integridad «no corre tanto peligro». Quizá por eso, se ve con más fuerza para mantenerse instalada en el ‘basta ya’: «Basta ya de que me traten como a una mierda por ser mujer y por ser profesional de enfermería». Está convencida de que su género provoca que los pacientes se atrevan a encararse más. «Nos ven más débiles aunque no lo seamos».

Los datos respaldan su argumento: el 87% de las agresiones de las que la Consejería tuvo conocimiento el año pasado afectó a mujeres. Pero no trascienden todos, ni mucho menos.

El propio Pablo Holgado reconoce que el principal caballo de batalla al que se enfrenta es que muchas situaciones violentas no llegan a denunciarse, pese a que cumplen los requisitos que las convierten en constitutivos de delito. Sus cifras aún se alejan mucho de las aportadas por Sanidad, precisamente por ese motivo. En sus manos recaen los procedimientos iniciados en los que se requiere su intervención y las llamadas directas, pero confía en que poco a poco su incursión alcance la gran parte de los incidentes.

Los datos que maneja la Sacyl recogen que cuatro de cada cinco agresiones son de carácter verbal o psicológico y, sin embargo, Holgado no ha abordado apenas de este tipo aún. Sí ha intervenido por hurtos y por media docena de ataques físicos. Varios los sufrió el personal de seguridad de los centros hospitalarios, que son «la primera barrera» en un momento de conflicto.

El Ministerio creó la figura del interlocutor policial alertado por el incremento de la estadística relativa a las agresiones. En la Comunidad, por ejemplo, crecieron un 22%, respecto al ejercicio anterior, y afectaron a 639 personas –acumulando Valladolid 150–, según los últimos datos publicados por el Observatorio Único de Castilla y León.

Sobre cómo sobreponerse ante un suceso así, Marisol indica que necesitó «comprensión» de sus compañeros y «tiempo para normalizar las cosas», aunque decidió trabajar desde el primer día.

Reconoce que su trabajo entraña riesgo porque «las Urgencias son una puerta de entrada para cualquier persona y algunas al encontrarse mal están nerviosas y alteradas». Lo mismo ocurre en determinados centros de salud que acumulan más incidentes. Para los puntos más desprotegidos, Marisol reclama «medidas de seguridad» más constantes.

También Sonia pide la contratación de personal de este tipo en su lugar de trabajo, situado en un pueblo próximo a la ciudad. «Sólo hay un vigilante de seguridad por las noches en festivos. Y aunque la Guardia Civil vuela, no siempre le da tiempo. Los pacientes no sólo se alteran en esos momentos», critica. Cuenta que se siente «vulnerable» y se revuelve contra esa frustración. «El trabajo que hago es para ayudar a la gente, no me parece justo que te traten así, como que no fueras nada, con ese desprecio». En su opinión, la raíz del problema radica en algo tan general, y a la vez tan concreto, como la educación. «Es un problema educacional. La mayor parte de los agresores son jóvenes que no nos respetan», sostiene esta enfermera, aunque matiza que son una minoría. Pero una minoría que incomoda.

Por coincidir en el diagnóstico, el interlocutor policial de Valladolid apuesta por la divulgación «para resolver estas situaciones» porque ve «fundamental que la ciudadanía esté concienciada». Pablo Holgado explica que las causas mayoritarias que provocan enfrentamientos son el descontento por el tiempo de espera elevado y la percepción de una mala calidad en la atención.

En este contexto, la auxiliar con varios años de experiencia defiende que algunas de las tensiones se reducirían con más recursos, «pudiendo dedicar más tiempo al ciudadano con los medios adecuados».

Desde otra arista del sistema sanitario, en una ambulancia de Emergencias de la Comunidad, Fernando se enfrenta cada día a «situaciones extremas». «Nuestro trabajo nos expone porque vemos a pacientes en casas y en la vía pública y puede ser una persona de riesgo sin que lo sepamos». Aclara que «no todos los días» se dan episodios violentos, pero «sí a menudo». Y él se ha visto envuelto en varios. «Nos han amenazado con cuchillos, navajas, barras y palas y hemos tenido que salir corriendo de una casa varias veces».

En su caso, asegura que la opción fundamental para mejorar la protección pasa «por activar a las fuerzas del orden público», pero reconoce que «en función de los recursos no siempre llegan». Aplaude el impulso a medidas como el interlocutor policial o el botón antipánico, aunque, pese a todos los esfuerzos, en la calle se ven solos. La prudencia se ha convertido en su aliada. «Me sigue gustando mi trabajo y lo voy a seguir haciendo, pero estamos a la defensiva cada vez más. Es triste, pero no tenemos otra opción».

CENSO POLICIAL POR EL RIESGO DE LOS 33 CENTROS DE VALLADOLID

Uno de los primeros cometidos del interlocutor policial sanitario, enlace entre el cuerpo de policía y el personal de los centros hospitalarios y de salud, consiste en la creación de un censo de centros en función del riesgo por sus sistemas de seguridad. Forman parte de este registro, dentro del ámbito de actuación de la Policía Nacional, los tres hospitales públicos (Clínico, Río Hortega y Medina del Campo), los privados, los centros de salud de la capital y los de las dos pedanías dependientes de Medina (Rodilana y Gomeznarro). El informe elaborado por el Interlocutor Policial sitúa a casi todos (28) en el rango de «riesgo bajo» porque disponen de «vigilancia permanente, pulsadores antiatraco y control de cámaras de videocontrol», explica Holgado. Los hospitales cuentan además con vigilantes de seguridad. Clasificados como de «riesgo medio» se encuentran tres hospitales y los tres son privados: «El Campo Grande, Felipe II y Benito Meni», según apunta Pablo Holgado, también jefe de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Valladolid. El protocolo aprobado por la Secretaría de Estado incluye la realización de un registro pormenorizado de cada centro que incluya los incidentes producidos en ellos.

9 BAJAS EN UN CENTRO CONFLICTIVO DE PALENCIA

Llamamiento a la población para que respete al personal sanitario. El sindicato de enfermería Satse denuncia que «hay nueve profesionales de baja en el centro Eras del Bosque, un porcentaje elevado de ellos por el estrés derivado del clima de tensión que se está produciendo» en ese centro. Hace tan sólo una semana, la Policía Nacional tuvo que intervenir para contener la situación en una consulta. El sindicato exigió la incorporación de un vigilante de seguridad, que finalmente se produjo a mediados de la semana pasada. Satse valora «positivamente» que la Gerencia de Asistencia Sanitaria esté dando cursos de autoprotección impartidos por la Guardia Civil, pero también hace «un llamamiento a la población» pidiendo «respeto para los sanitarios, que trabajan para contribuir a mejorar la salud de dicha población».