PSOE y PP apuestan por liberar de peajes a la AP-6, AP-51 y AP-61
Ambos partidos presentarán dos proposiciones no de Ley para acabar con un «perjuicio al desarrollo económico y social» de Ávila y Segovia
El debate en torno a los peajes de las autopistas cobrará protagonismo en el pleno que las Cortes de Castilla y León celebrarán la próxima semana. Socialistas y populares coinciden en la importancia de la liberalización de las carreteras AP-6, AP-51 y AP-61.
Con una proposición no de Ley, el PSOE plasmará ante los grupos parlamentarios su apuesta por terminar con un tributo que tanto «está afectando» al sur de las provincias de Segovia y de Ávila. «Un elemento que les está quitando competitividad económica con todo el área de influencia de Madrid», sentenció su viceportavoz Virginia Barcones.
La propuesta socialista apunta a que, una vez terminen las concesiones en noviembre de 2019, «las autopistas sean liberadas y, hasta ese momento, existan compensaciones para que los habitantes de estas zonas no sigan sufriendo discriminación», explicó Barcones, urgiendo la «necesidad de actuar» puesto que «datos de desempleo así como los de despoblación están encima de la mesa».
En este sentido, el PSOE de Ávila y de Segovia elevó al secretario de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, la petición conjunta de celebrar una reunión que aclare la situación de los tributos de las vías que conectan las dos provincias con Madrid. A su juicio, estos pagos siempre han constituido una «barrera» que afecta al «desarrollo económico y social» a la vez que «dificulta sinergías necesarias» para crear empleo y riqueza.
«Estos peajes son un ejemplo claro de desigualdad de oportunidades con respecto a otras localidades limítrofes con la capital, que se sitúan a la misma distancia», aseguraron.
La iniciativa que los populares presentarán en esta materia es «muy similar a la de los socialista», concretó su portavoz Raúl de la Hoz, con la esperanza de «no tener problemas» en alcanzar un acuerdo.
Una proposición no de Ley que recogerá tres peticiones del PP en relación con la liberalización de estas autopistas. En primer lugar, la «suspensión o reducción significativa» de los tributos existentes que «efectivamente perjudican el desarrollo económico y social de Segovia, Ávila y su entorno». Además, los populares manifestarán su «oposición a prórrogas en las concesiones». Y, por último, apostarán por buscar una solución a la variante de San Rafael para «evitar el grave problema de tráfico y de seguridad en torno a este municipio», aclaró De la Hoz.
Tras la modificación de la concesión de estas carreteras a Iberpistas, que concluirá a finales del próximo año, el Ministerio decidirá si la concesión se prolonga hasta 2032 o 2037. Una decisión que PSOE y PP simplifican al pugnar por su liberalización.
La ordenación del territorio y la brecha laboral, objeto del próximo pleno
La ordenación del territorio y la brecha laboral que sufren las mujeres, junto a la financiación autonómica o el futuro de las pensiones y de la Educación, centrarán la sesión de control del Gobierno regional en el próximo pleno de las Cortes, que se celebrará los días 20 y 21 de febrero.
El socialista Luis Tudanca preguntará al líder del Ejecutivo autonómico sobre la recomendación del presidente del Gobierno de ahorrar para hacer frente a las pensiones y la Educación. En nombre de Podemos, Pablo Fernández le planteará la brecha salarial que muestra la última Encuesta de Población Activa (EPA) y que, a su juicio, refleja la discriminación que sufren las mujeres en la Comunidad. Mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, cuestionará el futuro del proyecto de la ordenación del territorio.
La oposición rechaza un cambio en la tramitación del plan de fiscalización
El Grupo Popular en las Cortes defendió ayer un cambio en la interpretación de la Ley reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Una modificación que la oposición rechazó en bloque. Raúl de la Hoz, su portavoz, explicó que la propuesta «a iniciativa de los servicios jurídicos de la Cámara» persigue «sencillamente una interpretación respetuosa» con el artículo tres de dicha normativa y que las modificaciones al Plan Anual de Fiscalizaciones se realicen «a lo largo del año» y no antes de su aprobación, como hasta ahora.
PSOE remarcó que «no es de recibo» que «a mitad de partido» propongan un «cambio de las reglas». Podemos criticó cambios «por la puerta de atrás» y aseguró que con el «Reglamento en la mano no saldrá adelante». Ciudadanos, por su parte, aseguró que interpretar «de forma lineal» se traduce en «ningún tipo de aportación».