Discreción y perfil técnico para abonar el campo

Su nombramiento fue sobrevenido en abril de 2014, cuando Miguel Arias Cañete, en los preparativos de su mudanza a Bruselas, dejó libre un hueco a mitad de legislatura. Mariano Rajoy optó entonces por la sucesión natural que suponía aupar a la secretaria general del Ministerio de Agricultura. Yayer constató que aquella decisión no fue un parche eventual sino una decisión en la que se reafirma al confiar de nuevo en el perfil técnico, cualificado, discreto y disciplinado de la vallisoletana Isabel García Tejerina.

Nacida en 1968, tercera de cinco hermanos, podría vivir de las rentas si quisiera, al poseer uno de los patrimonios más abultados del Consejo de Ministros. Según su declaración de bienes, en su haber figuran casi tres millones de euros, fruto de las herencias de una familia acomodada castellana y de una vida sin conocidas concesiones al boato.

Esas facilidades no cercenaron ni su afán académico ni su ambición laboral. Tiene un expediente sembrado de sobresalientes, es ingeniera agrónoma por la Politécnica de Madrid, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y cursó varios másteres. Su trayectoria profesional comenzó con una beca de la Junta que la llevó a Bruselas. Allí conoció a su primera valedora, Ana de Palacio. Su hermana, la ya fallecida Loyola, primera mujer ministra de Agricultura en España, la fichó como asesora. Arias Cañete la ascendió como secretaria del Ministerio, donde tuvo que lidiar la crisis de las vacas locas.

Con la llegada del Gobierno socialista, se pasó al sector privado y durante ocho años ocupó un puesto directivo en Fertiberia, propiedad del Grupo Villar Mir. En 2012, Cañete repescó a la vallisoletana, que dos años después asumió como ministra todo su legado.

Desde la sombra del segundo plano, como su mano derecha, Tejerina conocía al dedillo los intríngulis ministeriales. Curtida en Bruselas, fue la negociadora de la última PAC (2014-2020), que en la coyuntura de los recortes mantuvo los casi 1.000 millones de euros anuales para el campo castellano y leonés. Entre sus retos está la revisión intermedia de las ayudas directas al campo, en 2017.

Su reconocida capacidad de gestión se vio ensombrecida por el escándalo de Acuamed y por la crisis del sector lácteo, que levantó en armas a las organizaciones agrarias. Tras la Marcha Blanca, sacó pecho por la firma del Acuerdo Lácteo en septiembre de 2015, aunque ese pacto no ha dado sus frutos y mantiene la posición de dominio de la industria. Impulsora de la ley de la cadena de valor, uno de sus deberes será gestionar la crisis generalizada de precios agropecuarios.

También heredó de su antecesor la rivalidad con Castilla y León, aunque las relaciones mejoraron con el nombramiento de Milagros Marcos como consejera. En materia medioambiental, Juan Carlos Suárez-Quiñones ya ha lanzado su primera exigencia:un cambio de estatus del lobo al sur del Duero, para que sea especie gestionable.