El PP no se opone a declarar nula la ‘comfort letter’ que firmó De la Riva
Los ‘populares’ se amparan en los fallos jurídicos para justificar su abstención y temen que la anulación suponga el fin del soterramiento / La propuesta sale adelante con los votos a favor del equipo de gobierno
Öscar Puente, Manuel Saravia y Antonio Gato, en una de las últimas reuniones con Adif sobre la financiación de la deuda del soterramiento.-J. M. LOSTAU
La nulidad oficial de la comfort letter, firmada en enero de 2011 por el ex alcalde Francisco Javier León de la Riva, está hoy un paso más cerca de hacerse realidad. El documento, que sirvió para que el Ayuntamiento avalara el 25% del préstamo de 404 millones de euros que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad adquirió con seis entidades bancarias, revestirá nulidad absoluta en el pleno extraordinario que tendrá lugar el jueves, según aprobó ayer la Comisión de Hacienda con los votos a favor del tripartito y del concejal no adscrito Jesús Presencio y las abstenciones del Grupo Popular y Ciudadanos.
«La comfort letter fue necesaria para la concesión del crédito, pero es verdad que puede haber razones de carácter jurídico para anular su validez», reconoció el presidente del Grupo Municipal Popular, José Antonio Martínez Bermejo, en declaraciones a este diario. «La razón por la que hemos optado por la abstención es que no hay una garantía alternativa a la carta de conformidad que respalde la operación de crédito y de soterramiento», explicó Martínez Bermejo, quien justificó la postura de su grupo sobre la base de que, «aunque la anulación, jurídica y formalmente, puede estar bien hecha, la realidad es que, así, Valladolid puede quedarse sin soterramiento ante la ausencia del crédito necesario para ello, algo que no tendría sentido al estar la mayor parte de las obras que engloba la operación realizadas».
El concejal de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica, Antonio Gato, afirmó a este periódico que «la conclusión es clara: todos los informes jurídicos confirman que se ha producido una nulidad de pleno derecho y que lo procedente es que el pleno la declare como tal». Ante la advertencia del grupo popular de buscar otro aval antes del 30 de septiembre –día en que finaliza la prórroga otorgada por los bancos– que garantice la financiación del soterramiento, Gato recordó que ese día «estarán en juego muchos factores», principalmente un plan de viabilidad, un convenio de gestión entre los socios que «reequilibre» las aportaciones de los socios y un plan de refinanciación de la deuda pactado con los bancos.
«Esos tres documentos, que llevan detrás muchas cuestiones, garantizan la viabilidad del soterramiento», señaló el edil, quien matizó que la nulidad de la carta de conformidad sólo afecta a uno de esos tres documentos, el préstamo. «Los bancos estimarán el día 30 si la Sociedad ha puesto sobre la mesa toda la documentación necesaria y los planes que se han pedido y en base a eso determinarán su decisión», añadió.
El edil sostuvo que el trámite desarrollado ayer es parte del procedimiento que sigue el equipo de Gobierno «dentro de la legislación» para declarar la nulidad. Gato insistió en que el Ayuntamiento recibió y estudió las alegaciones de «los distintos interesados interesados» y que tanto éstas como las respuestas pertinentes y el informe del Consejo Consultivo que apoyaba la nulidad del documento aparecían en el expediente de cuarenta folios facilitado a todos los miembros de la comisión reunida ayer.
El responsable del área de Hacienda manifestó que el proceso para declarar nula la comfort letter se basa en que, por un lado, «se prescindió, completamente, del procedimiento necesario para llevarla a cabo» y, por otro, que las seis entidades bancarias implicadas en el préstamo –Banco de Santander, BBVA, Bankia, La Caixa, EspañaDuero y el ICO– se beneficiarían de la situación al responder el Ayuntamiento ante la deuda, algo de lo que, de haber seguido la carta de conformidad los cauces reglamentarios y legales, carecerían.
A estos dos argumentos, Gato añadió el presentado por el Consejo Consultivo que el acuerdo «es fruto de un órgano manifiestamente incompetente» y que, si bien no es vinculante como los otros dos, supone un dictamen que respalda la anulación.
Estos argumentos, para el concejal, son de «legalidad estricta» y tienen como objetivo anular una garantía aportada para un préstamo cuyo deudor interpretan que «es la Sociedad, no el Ayuntamiento».