Sanz-Pastor señala a la cúpula de Economía en la ‘Perla Negra’

Todas las decisiones para la compra del edificio del ADE en Arroyo conocido como la Perla Negra y de los terrenos de Portillo partieron de la cúpula de la Consejería de Economía. Eso es lo que mantuvo ayer el actual secretario general de Cultura y Turismo, José Rodríguez Sanz-Pastor, que fue asesor del Consejo de Administración de Gesturcal cuando la sociedad pública compró el edificio y los terrenos para el fallido polígono industrial.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid prosiguió ayer con los interrogatorios de investigados en el caso de la Perla Negra y los terrenos de Portillo, donde se analizan presuntos delitos de malversación y en el que la Junta de Castilla y León quiere personarse y que se abra una pieza separada por la compra sin concurso de mamparas y elementos de señalización por valor de 3,9 millones de euros, una decisión cuyo origen desconocen quienes declararon ayer.

Ayer declararon José Rodríguez y Juan Carlos Sacristán. El primero, en la actualidad, es secretario general de Cultura y Turismo pero en los tiempos en que se produjo la compra del edificio de Arroyo y los terrenos Portillo era asesor jurídico de Gesturcal. Sacristán fue consejero delegado de Gesturcal.

Rodríguez explicó que su intervención en los consejos de administración se producía cuando se le hacía alguna consulta legal o cuando él consideraba que debía hacer alguna advertencia sobre una posible ilegalidad. A este respecto, reconoció que se dudó sobre si era posible arrendar el edificio de Arroyo y él consideró que el alquiler podía entrar dentro del amplio objeto social de la sociedad pública.

La decisión de comprar el edificio de Arroyo, según declaró, llegó a través de Rafael Delgado, presidente de ADE y Gesturcal y viceconsejero de Economía. Delgado, según la versión del testigo, aprobó la necesidad de unificar dependencias de la Administración en un edificio, pero no señaló que debiera ser en el edificio de Arroyo.

Que la operación se hiciera a través de Gesturcal y no de ADE se debió a que la primera no necesitaba convocar un concurso público, explicó Rodríguez Sanz-Pastor. Fue una decisión de la Consejería de Economía, respondió a preguntas de la Fiscalía, que utilizó una sociedad instrumental para llevar a cabo la operación.

A preguntas del abogado de Rafael Delgado, el testigo manifestó que las decisiones se tomaban en la cúpula de la Consejería, con el consejero a la cabeza, y se trasladaban a través del viceconsejero.

El juez se interesó por la reunión del 7 de julio de 2006, cuando se produjo la adjudicación de la construcción del edificio de Arroyo sin concurso. El magistrado quiso saber si falseó el acta de la reunión, algo que negó tajantemente. La pregunta venía al caso porque Benedicto González Vereda, ex gerente de ADE, negó haber estado en esa reunión. Rodríguez respondió al juez que no recuerda quién estaba, pero si Vereda aparece en el acta es que estuvo, más teniendo en cuenta que dicha acta se aprobó luego por unanimidad y «un detalle tan grosero» no habría pasado inadvertido.

A este respecto, Juan Carlos Sacristán confirmó que Vereda estuvo en esa reunión, aunque dijo que quizá no sabía que estaba en un consejo de administración y pensaba que era una reunión más de la Consejería de Economía. Sacristán coincidió con Rodríguez a la hora de afirmar que las decisiones en las operaciones de Arroyo y Portillo procedían de la cúpula de la Consejería de Economía. También explicó al juez que se utilizó Gesturcal porque había urgencia y era más rápido hacerlo con esa sociedad.

Fue Rafael Delgado el que le transmitió que era una decisión de la Consejería, pero no le dio la «sensación» de que hubiera que hacerlo «sí o sí» con Urban. También negó que se produjeran presiones al respecto en el Consejo de Administración. Aclaró que la decisión de ampliar el contrato en el edificio de Arroyo la tomó Begoña Hernández tras sustituir a Rafael Delgado como viceconsejero.

«La justicia sabrá resolver este caso»

El secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo, José Rodríguez Sanz-Pastor, investigado por presunto delito de malversación en la construcción del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), eludió ayer cualquier responsabilidad en el caso y en su declaración ante el juez de instrucción argumentó que todas las decisiones se tomaban en la Consejería de Economía. Tras presentar declaración por espacio de hora y media, Rodríguez- Sanz Pastor, exasesor del consejo de Administración de Gesturcal, se limitó a asegurar que confía plenamente en la acción de la justicia y en que «sabrá resolver este caso», y declinó hacer declaraciones a los medios.

Tras el interrogatorio a Rodríguez-Sanz Pastor, declaró Juan Carlos Sacristán Gómez, consejero delegado de Gesturcal, que adquirió el edificio de Arroyo. Sacristán, que también fue delegado territorial de la Junta en Valladolid, ocupó ese cargo hasta la fusión con ADE en 2008, informa Ical.

Las comparecencias en este caso arrancaron el pasado 6 de mayor con el testimonio del gerente del Estudio de Arquitecto Lamela, empresa a la que ADE adjudicó el proyecto del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, que ratificó que su empresa recibió el encargo mucho antes de que saliera a concurso público.

Próximas declaraciones

El lunes . El ex vicepresidente de ADE Pablo Trillo Figueroa tendrá que prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid el próximo lunes. Trillo es el actual delegado territorial de Junta en Valladolid.

Próximamente . También tendrán que pasar por el Juzgado a declarar el ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado, y los actuales directores generales de Calidad y Sostenibilidad, José Manuel Jiménez; de Industria e Innovación, Carlos Martín Tobalina; y de Presupuestos y Estadística, José Armando Baeta Canales.

A la espera de la nueva peritación . Una de las claves en el caso es el valor del edificio de Arroyo. Una peritación judicial marcó un valor superior al precio de compra, pero la tasación fue hecha por un economista y la Fiscalía ha pedido una nueva a un arquitecto.