«Adif estudia llevar un ramal al parque agroalimentario»

«Buena, pero con matices». Así define el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Gato, la herencia que dejó Javier León de la Riva en las cuentas de las arcas públicas. «El equipo de Gobierno anterior redujo la deuda estos años, lo que es bueno, porque en el futuro se podrá acometer más inversión», explicó.

Otras cuestiones, sin embargo, «complican la gestión», aseguró ayer durante su entrevista en el programa televisivo La Quinta Esquina, que emite la 8 de Valladolid y en el que participan DIARIO DE VALLADOLID / EL MUNDO y Castilla yLeón EsRadio. Se refería a asuntos «como la carta de conformidad, o comfort letter del alcalde en el préstamo a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para financiar el soterramiento», que «puede suponer acumular cien millones más de deuda, lo que acarrearía unas limitaciones de gasto muy importantes». Los servicios jurídicos, explicó, estudian el caso por si hay que abrir o no una vía judicial.

Otras ‘adversidades’ de la herencia recibida son, por una parte, el pago de 20 millones por la sentencia del Zambrana, pues «se realizó al contado, con cargo a la tesorería». Por otra, la «baja ejecución» de la inversiones, «sólo 7,5 millones cuando el equipo de Gobierno tomó posesión».

El edil de Hacienda no se comprometió a poner en marcha políticas que distingan a este equipo de Gobierno como uno ‘de izquierdas’. En cuanto a la progresividad fiscal demandada por Valladolid Toma la Palabra (VTPL), su socio de Gobierno, Gato sólo precisó que están dispuestos a aplicarla «hasta donde permita la ley», pero adelantó que «cabe poca». Y es que la progresividad «está pensada más para impuestos que no tienen base real. El IBI se adapta muy mal» a ella.

Se trata de un impuesto que el equipo de Gobierno no demandará a la Iglesia, puesto que eso «depende de una norma estatal», aunque esa norma «debería revisarse», aseveró, como ocurre con «fundaciones de otro tipo».

Aun con tantas limitaciones, el Ejecutivo local pondrá en marcha la comisión de progresividad, acordada con VTLP dentro de los 103 puntos del pacto de gobierno. «Como todos los acuerdos, se va a abordar», comprometió Gato. «Como otros que se irán abordando según nos vaya permitiendo el calendario».

Por otra parte, el edil defendió la subida del IBI en Valladolid. «En el conjunto de la tributación la presión fiscal va a bajar, puesto que no se va a pagar la tasa de basuras», una tasa por la que el Ayuntamiento ingresaba «10 millones». Y es que «la política social y de empleo, no se pueden hacer sin dinero». El incremento del 10% en el valor catastral de los inmuebles que aplicará el Consistorio «es lo que pedía el Catastro», porque ese valor «en Valladolid está muy bajo», aseguró.

El edil defendió la ‘coherencia’ en la bajada de inversiones, contradictoria con el programa electoral del PSOE. «Son las mismas que las previstas para 2015, hasta los 37 millones, pero quitamos 20 por la sentencia del Zambrana».

En cuanto al mantenimiento de los sueldos de los cargos políticos de la Corporación, el edil no ve «ninguna incongruencia con el programa socialista». «Otra cosa es el de nuestros socios», apuntó, remarcando también que el asunto «no figura en el acuerdo de gobierno». Y es que «las personas tienen que tener un sueldo acorde al nivel de exigencia y responsabilidad», por lo que Gato se mostró en desacuerdo con la rebaja del sueldo del alcalde. Y es que Valladolid es «un gran ayuntamiento, de los más importantes de España, con 300 millones de presupuesto y 3.000 trabajadores. Su alcalde debe estar adecuadamente retribuido».

El concejal valoró la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos, y abogó por la elaboración de un reglamento específico. «Ya hay participación, de alguna manera, con el Consejo Social, con participación de todos los ámbitos de la ciudadanía», dijo.

En cuanto a las reformas «necesarias» en la Institución Ferial, el edil descartó y la posibilidad de construir un gran palacio de congresos. Un «estudio en profundidad» determinará «el dimensionamiento», pero avanzó que «el 95% de los congresos que se celebran en España son de menos de 600 asistentes», por lo que «quizá sea ése el segmento al que debamos dirigirnos». Para los de 1.500 ó 2.000 «ya están posicionados Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia».

Así, las actuaciones a acometer en el recinto ferial serán menores, y requerirán escasa inversión: aprovechar las instalaciones existentes, un «lavado de cara», «reforzar el hall y la restauración», así como «habilitar dos espacios no muy grandes, para 100 ó 150 personas».

Gato explicó los avances en el proyecto del parque agroalimentario. «Llevamos cuatro meses de contactos discretos con todos los actores», dijo. El equipo de Gobierno se ha reunido con Centrolid y hablará con el cluster Vitartis. Además, ha mantenido la última reunión «con una entidad que es la clave: Mercasa». La voluntad favorable de esta última entidad «está clara» y será «la locomotora que va a tirar del proyecto».

Uno de los principales pasos es «hablar con Adif en profundidad». El Ayuntamiento se ha reunido con la empresa pública, que se ha comprometido a «estudiar» la construcción de un ramal ferroviario «para que las mercancías puedan entrar y salir del parque, como nos han demandado las empresas». Eso sí, otros asuntos «como el soterramiento» marcan ahora la prioridad en los contactos entre ambos interlocutores.

Lo que sí tuvo claro Gato es que el Ayuntamiento no cometerá «el error de hacer polígonos sin contar con empresas». Por ahora «hay contactos, pero no hay compromisos».

Para evitar «el éxodo masivo de jóvenes», Gato enarboló un Plan de Empleo «que va a multiplicar por diez la dotación presupuestaria inicial que tuvo en 2015, pasando de 500.000 euros a 4,5 millones». La estrategia establece líneas especiales para 2016 de retorno del talento, pensado para los «45.000 jóvenes menores de 26 años que han tenido que salir de Castilla y León». También la apuesta por sectores innovadores y las pymes, creadoras «del 90% de los puestos de trabajo».