Justicia avisa que llevar el Campus a El Salvador atrasa su estreno a 2023

El Ministerio de Justicia advierte al Ayuntamiento de que el cambio de ubicación del Campus Judicial desde su emplazamiento previsto en una la parcela del barrio de Girón al colegio de El Salvador y al aparcamiento del antiguo hospital Río Hortega retrasará la operación tres años sobre los planes iniciales e impedirá su inauguración antes de 2023.

Tras las duras alegaciones de Sacyl, luego matizadas, al avance de modificación del PGOU aprobado para trasladar el Campus al colegio El Salvador y las más suaves la Tesorería de la Seguridad Social, propietaria del aparcamiento del antiguo hospital, resultaba de especial interés conocer las del Ministerio de Justicia, la Administración que correrá con el gasto.

Y el Ministerio argumenta lo que era previsible y lo que ya le transmitieron al concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, en sus visitas a Madrid para explicar el cambio de emplazamiento. En su escrito, la subdirectora general de Obras y Patrimonio del Ministerio, Amalia Castro, recuerda que ya existía un acuerdo con el Ayuntamiento para construir el Campus en la parcela de Girón y había un proyecto ya redactado para su ejecución, si bien, habría que añadir, sin dotación presupuestaria salvo los 300.000 euros aprobados este año gracias a una enmienda presentada por los parlamentarios vallisoletanos del PP.

Dado que el cambio supone poco menos que empezar de cero y elaborar un nuevo proyecto, el Ministerio calcula que habrá un retraso considerable -rebajado eso sí ahora de los siete años que se calculaban a tres- aunque estima que los costes serán similares a los del plan inicial.

En todo caso, concluye que para que el Ministerio pueda plantearse la viabilidad de la operación el Ayuntamiento deberá compensar a Justicia por los trabajos ya realizados hasta el momento. Alude en concreto a la redacción del plan y del proyecto de obras, por los que reclama una cantidad próxima al medio millón de euros.

De la lectura de las alegaciones, Saravia interpreta que el Ministerio de Justicia, pese a sus advertencias y la reclamación de una compensación, «admite» el cambio. Al concejal le parece significativo que ‘limite’ el retraso a tres años «cuando antes se hablaba de siete u ocho». Para aclarar estos extremos ya tiene solicitada una reunión con la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, «persona muy amable», afirma el concejal, a la que ya tuvo ocasión de explicar el cambio de criterio del nuevo equipo de gobierno respecto a la ubicación del Campus. Más difícil parece el entendimiento con los propietarios del colegio El Salvador y con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, con la que los primeros mantienen una deuda hipotecaria de 14 millones de euros. Para la Sareb la modificación del PGOU promovida por el Ayuntamiento para llevar el Campus al centro, que contempla el trasvase de la edificabilidad de El Salvador y del aparcamiento del antiguo Río Hortega a la parcela adquirida por el Ayuntamiento junto al centro Zambrana, no es legal. Entienden desde la Sareb que la clasificación del suelo no se ajusta a la legalidad, que los aprovechamientos no son los que corresponden y, además, no está argumentado el interés general de la operación. Tampoco los propietarios consideran que esté claro el interés general y añaden que el Ayuntamiento se extralimita en su actuación.

Ni una ni otra reacción le sorprenden al concejal de Urbanismo, para quien los escritos de la Sareb y de los propietarios, están en la línea de «lo esperado». Cerrado el plazo de presentación de sugerencias, son ocho las que se han recibido, incluidas las del Ministerio, la Sareb y los propietarios, que ahora se someterán a estudio para incorporar las que se consideren oportunas y proceder a la aprobación inicial de la modificación del PGOU.