El Ayuntamiento saca a exposición la reforma de la estación de autobuses

Incide en que las obras son de «uso excepcional» y no generarán derecho a indemnizaciones por lo invertido cuando se ejecute el Plan Rogers

Zona de dársenas de la estación de autobuses de Valladolid.-Pablo Requejo

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Íñigo Arrúe
Valladolid

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El Ayuntamiento de Valladolid ha sometido a un período de exposición pública la obra de reforma de la estación de autobuses para sortear los recursos que plantearon la Federación de Vecinos y la Asociación Ciudad Sostenible, unas alegaciones que ya llevaron al Consistorio a finales de agosto a suspender la licencia de obras concedida para la demolición parcial de hangares y sustitución de la cubierta del aparcamiento para la mejora de la funcionalidad de la estación.

La petición de reforma fue solicitada por la sociedad Estación de Autobuses Valladolid que gestiona la terminal, aunque el propietario del recinto es la Junta de Castilla y León.

Los citados colectivos se opusieron y pidieron la suspensión de la licencia «para evitar perjuicios de imposible o difícil reparación». Y su principal argumento fue que la estación de autobuses está incluida en el área denominada Red Ferroviaria Central de Valladolid (Plan Rogers), y que por tanto, según el planeamiento urbanístico, está condenada a la demolición y a su traslado al entorno de la estación de Renfe. En este solar solo se podrá levantar una torre de casi 30 plantas prevista en el proyecto.

Los dos colectivos expusieron, en definitiva, que las obras en hangares y en cubierta «suponen un despilfarro de dinero público» cuando «el destino de esta edificación es la demolición, venta del solar para hacer viviendas y destinar el beneficio a la operación de soterramiento de las vías férreas».

Ala vista de los recursos, Saravia no tuvo inconveniente en reconocer en agosto que la licencia debería de haberse sometido a información pública, que es lo que ha sucedido desde ayer, con el anuncio de la exposición en el Bocyl de «uso excepcional» de la parcela.

El concejal de Urbanismo Manuel Saravia indicó ayer que con el período de información pública, se vuelve a empezar el proceso previo a la remodelación parcial. «Los dos colectivos tenían razón. No habíamos tenido la cautela y lo que se hecho es comunicarle a la propiedad que tenía que solicitar un uso excepcional, previsto en la legislación, para hacer las obras, ya que están dentro del sector discontinuo de reordenación ferroviaria», dijo.

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El edil agregó que ahora queda claro «que no da lugar a ningún derecho indemnizatorio, si luego se tiene que demoler la terminal cuando se lleve a cabo el Plan Rogers».