La Fiscalía se opone a apartar a Delgado de la causa de la ADE

La Fiscalía de Valladolid se opone a la petición de sobreseimiento realizada por Rafael Delgado, ex viceconsejero de Economía y Empleo, de su participación en la causa de posible malversación de fondos públicos en la compra del edificio de la Agencia de Desarrollo de Castilla y León (ADE) en Arroyo y en la adquisición de suelo para desarrollar un polígono industrial en Portillo.

La fiscal jefe, Esther Pérez, que lleva personalmente el caso, argumenta en un escrito dirigido al Juzgado Instrucción número 2 que «existen en el momento actual (está fechado el pasado 3 de agosto) diligencias acordadas judicialmente y pendientes de practicar, por lo que a juicio del Ministerio Fiscal» no puede contemplarse que Rafael Delgado salga de la causa.

Aunque el escrito de la fiscal no excede un folio, Pérez deja entrever cierta impaciencia por la espera de las informaciones solicitadas y que han detenido, por ahora, una apretada agenda de testimonios de 26 imputados, entre cargos de las sociedades ADE y Gesturcal, participadas por la Consejería, y de empresarios de la construcción.

Recuerda que el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamento Criminal contempla que el juez pueda tomar la resolución de sobreseimiento, una vez «practicadas sin demora las diligencias pertinentes» y reitera «la necesidad de requerir» a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) «que finalice y aporte el informe solicitado». Pérez pide también que se clarifique «la condición de la personación de ADE en las diligencias para evitar el posible conflicto con la asistencia de los imputados» .

La Fiscalía responde así a un escrito de alegaciones presentado por la defensa de Rafael Delgado para que se le excluyera de la instrucción del caso. Delgado ha sido llamado a declarar por el juez César Gil Margareto a petición del Ministerio Fiscal, ya que, tal y como figura en un auto del pasado 6 de abril, considera que Delgado en sus diferentes responsabilidades como viceconsejero de Economía y Empleo, luego secretario general de dicha Consejería y también como consejero delegado de Gesturcal y de ADE Parques, fue partícipe «de todas las fases del alquiler primero y compra del edificio de Arroyo» y de la «firma el convenio y contratos de Portillo».

En su escrito, Delgado alega que la responsabilidad de esas dos operaciones, que por otra parte considera perfectamente legítimas, recaen el Begoña Hernández –que le sucedió como viceconsejera– y en el exconsejero Tomás Villanueva.