Sociedad
El PSOE exige a la Junta que el acceso a las prestaciones de los 21.000 dependientes de grado I sea con efecto retroactivo desde julio
Marta López considera que los usuarios “no se merecen el portazo ni la tomadura de pelo” después de las expectativas creadas en los últimos tres años y medio de espera
El Grupo Parlamentario Socialista presentó hoy una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León para exigir a la Junta que el acceso a las prestaciones o servicios reconocidos para las 21.000 personas con dependencia Grado I -moderado- sea con efecto retroactivo desde el 1 de julio de este año.
La portavoz de Familia del Grupo Parlamentario Socialista, Marta Olmedo, aseguró hoy que la Consejería ha remitido cartas a las personas afectadas por la demora que indican que el derecho a esas prestaciones se hará efectivo “desde el momento en que se dicte resolución, sin efecto retroactivo al 1 de julio, teniendo la administración seis meses para dictarla”. Un plazo que aumenta hasta los dos años en los casos que opten por la prestación económica de cuidados en el entorno familiar ya que la “efectividad del derecho se producirá en el momento del pago”.
López denunció el nuevo retraso para acceder al Sistema de Dependencia pese a recordar que la anterior consejera de Familia, Milagros Marcos, había anunciado que los 21.000 dependientes con Grado I iban a disfrutar de esas ayudas a partir del 1 de julio. En su opinión, fue un “eslogan electoralista y propagandístico” ante la cercanía de los comicios del 24 del mayo porque los nuevos dependientes “no se merecen este portazo ni esta tomadura de pelo” después de las expectativas creadas durante tres años y medio o dos años y media de espera. De ahí que hablara de una “falta tremenda de sensibilidad y compromiso del PP”
Un retraso que, precisó, se suma al aplicado por el real decreto de finales de 2011 con las medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público que modificó la Ley de la Dependencia para prorrogar la incorporación de las personas valoradas con Grado I nivel 2 a partir del 1 de enero de 2013 y con Grado I nivel 1 un año después. Pero otro real decreto ley de 2012 amplió la moratoria hasta el 1 de julio de 2015 para las personas con dependencia moderada, todas agrupadas ya en Grado I.
La procuradora socialista consideró que la Junta ha diseñado un “mecanismo para entretener y alargar la respuesta necesaria”. Fue entonces cuando mencionó que, tal vez, esté relacionado con la estrategia para cuadrar el presupuesto y salvar el ejercicio. No en vano, denunció que el Ejecutivo regional no habilitó crédito suficiente para atender a las personas dependientes de Grado I que se iban a incorporar la segunda mitad de 2015.
Marta López abogó porque la recuperación económica que promulga el PP tenga su reflejo en los derechos recortados en los últimos años. “La excusa de la crisis ya no existe”, sentenció. En esa línea, demandó que los presupuestos de la Comunidad para 2016, cuyas normas fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), sean una “oportunidad” para recuperar los derechos.
Precisamente, la proposición no de ley del PSOE solicita que la Junta exija a la Administración del Estado, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales, la financiación que corresponde a Castilla y León para garantizar una “respuesta digna y rápida” a las personas con dependencia Grado I.