Diario de Valladolid

ECONOMÍA

Los sindicatos piden ‘responsabilidad’ a la Junta y la banca con San Cayetano

La empresa interesada en su compra pide una quita de 20,9ME, la mitad de la deuda financiera y mantenter los 211 puestos / La decisión tiene que llegar el viernes, día de la junta de acreedores

Alfonso de Haro y César Aranda, de CCOO, y Evelio Angulo y José Ignacio Gutiérrez, de UGT en la rueda de prensa.-

Alfonso de Haro y César Aranda, de CCOO, y Evelio Angulo y José Ignacio Gutiérrez, de UGT en la rueda de prensa.-

Publicado por
Íñigo Arrúe
Valladolid

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Los sindicatos lanzaron una llamada a la «responsabilidad social» de los bancos y de la Junta de Castilla y León, para evitar la liquidación de la empresa de cartonajes San Cayetano y con ella el despido de sus 211 trabajadores.

Y recordaron que el plazo para admitir la quita de 20,9 millones que propone la empresa compradora, Hinojosa, vence el próximo viernes, fecha en la que deberá aprobarse o no en la junta de acreedores el convenio presentado por la firma valenciana y los actuales propietarios de la fábrica de Aldeamayor de San Martín.

La clave de esta «responsabilidad social» que reclaman UGT y CCOO, es que las entidades financieras y la Junta acepten una quita, de la que depende el todo o la nada del proyecto industrial y de la totalidad de los puestos de trabajo.

El convenio afectaría a un total de 41,5 millones de euros de deuda, de los cuales 19,2 proceden de crédito privilegiado y 22,3 a crédito ordinario. La propuesta de los propietarios y del Grupo Hinojosa implicaría quitas del 55%de la deuda en el caso del ordinario y del 45% en el privilegiado, lo que supone una ‘rebaja’ de 20,9 millones.

Dentro del total de 19,2 millones de crédito privilegiado pendiente figura una Línea BEI (Banco Europeo de Inversiones)concedido a través de ADEde la Junta que tiene pendiente de pago 5,3 millones. Fue concedido en 2009 por un importe de 8,3 millones de euros, pero San Cayetano ya ha amortizado en este tiempo 2,7 millones.

La llamada de CCOO y UGTtuvo como destinatario principal al Gobierno autonómico. «Exigimos la responsabilidad que le corresponde a la Junta y que tome decisiones adecuadas para que se puedan salvar los 211 puestos de trabajo», clamó el representante de la sección de Acción Sindical de UGT, Evelio Angulo, quien pidió a la Junta una respuesta «rápida y positiva», antes del día 12.

Angulo describió el convenio como «razonable», ya que garantiza el mantenimiento del empleo, todo ello sin olvidar que la fábrica posee «tecnología puntera», la plantilla es «muy cualificada» y su proceso productivo tiene «viabilidad», hasta el punto de que la previsión de facturación para 2015 es de 20 millones de euros.

Y recordó que el convenio, además, parte con «suficiente músculo financiero», ya que Hinojosa prevé invertir 8 millones para circulante y además pagar la deuda con los bancos –una vez aplicada la quita– en un plazo de seis meses.

«Es una empresa vallisoletana, asentada además en el medio rural, y no podemos permitir que vayan a la calle los 211 trabajadores directos y otros 150 indirectos solo pocas semanas después de la caída de Everest con sus 300 empleados», agregó Angulo.

El representante ugetista recordó que, en caso de ir a liquidación, «no se salvará ningún puesto, la empresa se venderá como chatarra y los acreedores minoritarios tendrán muy pocas posibilidades de resarcirse de las deudas que reclaman a San Cayetano», advirtió.

El representante del CCOO, César Aranda, recalcó que los trabajadores no son responsables de la situación actual de San Cayetano. «Se invirtió mucho en I+D, lo que no es normal en el sector, y de ahí vino parte del estrangulamiento. Pero no es obsoleta. Está llamada a ser líder del sector por su tecnología, instalaciones y la profesionalidad de la plantilla», insistió.

«Nos parece indecente que las entidades financieras que provocaron la crisis y que fueron rescatadas con dinero público, y una empresa (Smurfit) que quiere comprar en liquidación, no quieran poner los medios suficientes para aprobar el convenio», denunció Aranda quien califió el convenio de «posible» y «factible», concluyó Aranda.

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