El Ayuntamiento no tendrá que pagar el derribo de los áticos de Caja Duero

Al final no todo serán malas noticias para el Ayuntamiento en el caso de los áticos del edificio de Caja Duero, el mismo asunto por el que el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, tendrá que sentarse en el banquillo el próximo 17 de abril para responder por un presunto delito de desobediencia.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León notificada ayer exonera al Ayuntamiento del pago de parte de las obras para restaurar la legalidad urbanística del edificio y hace responsable de los trabajos y de su importe a Edificasa, la empresa que ejecutó la demolición de los áticos.

El origen de este largo proceso tiene su origen en el derribo de los trasteros que ocupaban el ático del edificio de Caja Duero, en el que reside el alcalde, para construir cinco apartamentos. La denuncia presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos terminó con la anulación de la licencia urbanística por parte del TSJ dado que se trataba de un edifico catalogado y la ley impedía el incremento del volumen y la altura del edifico. Vinieron después una serie de autos en los que el TSJ requería al Ayuntamiento y, en última instancia, al alcalde para que se reinstaurase la legalidad urbanística del edificio: es decir, el derribo de lo construido para devolverlo a su estado anterior.

Tras varios requerimientos, que el TSJinterpretó como un acto desobediencia por parte del regidor, el Ayuntamiento requirió a la empresa Edificasa, como promotora de las obras, para que derribara los apartamentos y dejara el edificio tal cual estaba antes de acometer las obras. Para ello daba un plazo de tres meses, con la advertencia de que, de no hacerlo, el Ayuntamiento lo haría de forma subsidiaria y pasaría el importe, 616.000 euros, a Edificasa.

Así lo hizo, pero Edificasa recurrió y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid, en un auto de 3 de abril de 2012, falló que el pago de la reforma debía correr a cargo del Ayuntamiento en un 75% y de la empresa promotora en un 25%. El auto fue recurrido por el Ayuntamiento ante la Sala de lo Contencioso del TSJ y ayer se conoció la decisión del tribunal, que revoca la decisión del juez y ahorra al Ayuntamiento el pago de unos 450.000 euros, el 75%.

La cuestión estaba en dilucidar quién debía correr con los gastos para devolver el edificio a la legalidad cuando, como es el caso, se había anulado la licencia urbanística que amparaba los trabajos realizados, declarados ilegales a la postre.

La sentencia recoge, según una nota remitida por el Ayuntamiento, que la restauración de la legalidad en el caso de anulación de una licencia no requiere que, con anterioridad, se haya declarado la responsabilidad del promotor, Edificasa, en el procedimiento abierto por infracción urbanística.

El tribunal entiende que la responsabilidad para acometer la restauración de la legalidad recae en Edificasa por el mero hecho de ser la empresa promotora. De entrada, el Ayuntamiento adelantó el dinero y, aunque la sentencia del TSJ atribuye la responsabilidad a Edificasa, falta por ver si ahora lo recupera.