Inundados de desidia

MIENTRAS SIGUEN presentes los trágicos efectos de la dana en Valencia y los temporales con lluvias torrenciales amenazan con ser cada vez más frecuentes, nos enteramos que en Castilla y León hay más de de 65.000 personas que viven en zonas inundables. Y nos quedamos tan anchos. Claro, como eso de las danas es cosa de los levantinos pues lo asumimos con el mismo grado de resignación y conformismo. Pero ¿qué pasa si a una de esas mortíferas danas le da por desviarse un poco y venirse para la meseta? Igual a los Alcaldes y concejales de urbanismo y a las Administraciones competentes beneficiadas por las licencias urbanísticas habría que exigirles alguna responsabilidad por permitir construir en zonas inundables.

Los sufridos ciudadanos hacen, en su mayoría, un enorme esfuerzo económico para poder comprar una vivienda sin imaginarse que ninguna Administración va a velar por su seguridad permitiendo la construcción de viviendas en zonas de riesgo y cobrando por ello. Pues ahora la Confederación Hidrográfica del Duero se descuelga con que esas 65.000 personas, no es que sufran una situación de relativo riesgo, sino que están viviendo en zonas de “alta probabilidad de inundación”, como queriendo justificarse, llegado el caso, con aquello del “yo ya lo dije”. Pero, además, la cifra se eleva hasta casi el medio millón de personas que habitan en zonas de riesgo alto en nuestra Comunidad.

Aquí nadie parece haberse preocupado más que por facturar, cobrar licencias urbanísticas, impuestos, gastos registrales…sin que la seguridad de los ciudadanos haya despertado la más mínima atención de las Administraciones responsables de permitir esas construcciones. Es evidente que, a estas alturas, es inviable demoler todas esas viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo de inundación pero, al menos, las Administraciones competentes, ya que no han hecho nada por proteger a los ciudadanos y se han forrado con todo tipo de impuestos por la compraventa de viviendas, deberían realizar inversiones millonarias en infraestructuras de prevención. Lo hecho y la desfachatez de miles de concejales de urbanismo durante años ya no tiene remedio pero estamos a tiempo de, en lugar de confiarnos pensando que en Castilla y León no pasan esas cosas, dedicar las inversiones públicas necesarias para articular planes de prevención que incluyan nuevas infraestructuras de recogida de agua, sistemas modernos de canalización, mejoras de la red de alcantarillado, pavimentaciones más permeables, nuevos sistemas de drenaje, depósitos de contención…y cualquier inversión necesaria que sirva, aunque sea mínimamente, para compensar una desidia que nos inunda por los cuatro costados.