Peligros de involución
¿SE imaginan que formaciones políticas que respetan la Constitución hubieran puesto en tela de juicio las medidas contra el terrorismo y de protección a las víctimas durante los años de actividad de ETA? Nadie dentro del constitucionalismo español puso en duda que una situación tan trágicamente especial como la que se vivió en España necesitara medidas específicas para luchar contra ella y apoyar a quienes la sufrieron en primera persona. Sí hubo críticas, pero por considerar que algunas acciones se quedaban cortas, sobre todo en lo que se refiere a reconocimiento y ayuda a las víctimas.
Lo mismo que ese problema concreto, por su relevancia, requirió que fuera tratado de forma diferenciada, una realidad social como la de la violencia de género precisa también un tratamiento independiente y no debería ser objeto de discusión en lo esencial, para debatir solo sobre la efectividad de las medidas y las posibilidades de mejorarlas. Por eso sorprende que en El Espinar el PP y Ciudadanos se unieran a Vox en una moción presentada en el ayuntamiento segoviano contra la ley de violencia de género. Igual que las medidas especiales para los casos de terrorismo no suponía menospreciar a víctimas de otro tipo de violencia, tampoco lo es el apoyo a las víctimas de la violencia machista, ante la que la sociedad quiera dar un paso hacia adelante en mejora de la convivencia y en respeto a los derechos históricamente negados por razones de sexo.
En el caso de El Espinar, afortunadamente, la acción del PP y Ciudadanos en niveles superiores evitó la vergüenza. La violencia de género es una realidad y negarla es muy peligroso, porque puede suponer un grave retroceso. Y ayudar a las víctimas es fundamental. ¿Es un discriminación criticable, por ejemplo, que a una empresa se le bonifique la cuota empresarial de la Seguridad Social con 70 euros al mes durante cuatro años por contratar de forma indefinida a una víctima de violencia doméstica? En absoluto si estamos convencidos de que hay que ayudar a esas víctimas, igual que nadie discute que la bonificación sea de 125 euros al mes, durante cuatro años, si el contrato es para una víctima del terrorismo, o de la misma cantidad durante dos años para las víctimas de la trata de seres humanos. Tal vez se queden cortas, porque otra cosa es que siempre puede haber fallos y aspectos a mejorar, pero cuestionar lo básico de algo que merece el consenso es peligroso y puede provocar involuciones indeseables. Con ETA hubo casi 900 muertos, miles de heridos, miles de amenazados. Las mujeres asesinadas por sus parejas, más de mil desde que se lleva la cuenta, desde 2003.